Las principales compañías de cruceros con base en el sur de la Florida violaron las regulaciones gubernamentales al emplear instalaciones confiscadas hace 62 años por el régimen de Fidel Castro, como el puerto de La Habana, según un dictamen judicial emitido este lunes.
De acuerdo con el veredicto de la jueza Beth Bloom, las empresas Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian cometieron el delito de tráfico en violación del artículo 6023 [del Título III de la Ley Helms Burton], al emplear las instalaciones portuarias de La Habana, en pleno conocimiento de que habían sido confiscadas hace más de 60 años.
La Sección 401 del Título IV de la ley define traficar como el acto consciente y deliberado de distribuir, transferir, negociar o disponer de otra manera de una propiedad confiscada; comprarla, recibirla, tomar control de ella o adquirirla de otra forma; remodelarla o invertir en ella mediante una contribución de fondos que exceda labores rutinarias de mantenimiento, y también los actos de --una vez promulgada la ley-- empezar a administrar, ALQUILAR, poseer, usar o tener intereses en una propiedad confiscada; entrar en arreglos comerciales usando o beneficiándose de alguna forma de propiedades confiscadas, así como también causar, dirigir, participar en o sacar ganancias del tráfico de esas propiedades, según lo antes establecido, sin el consentimiento del ciudadano de Estados Unidos que tiene esa propiedad sujeta a demanda.
Consulte el texto de la Ley Helms-Burton
La ley fundamental de Estados Unidos para Cuba es la de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996, o Helms-Burton, que codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo y las condiciones para su levantamiento.
En el transcurso del proceso judicial, se reveló que entre 2016 y 2019, en franca violación del embargo económico al régimen de Cuba, las cuatro compañías obtuvieron ganancias superiores a $1,115 millones de dólares por sus viajes a la isla.
En 2019, Carnival se convirtió en la primera compañía demandada en Estados Unidos por el uso de propiedades confiscadas en Cuba.
La querella fue interpuesta en un tribunal federal de Miami, apenas quedó habilitada esa posibilidad luego de que el presidente Donald Trump decidiera en abril 2019 activar el Título III de la Ley Helms-Burton, una legislación que fue aprobada por Bill Clinton en 1996 para sancionar al gobierno de La Habana por derribar dos avionetas civiles estadounidenses.
Los demandantes fueron los cubanoamericanos Javier García Bengochea y Mickael Behn, herederos de los puertos de Santiago de Cuba y de La Habana, respectivamente. Ambos acusaron a Carnival de haber utilizado sin su consentimiento estos puertos nacionalizados por el gobierno comunista y que, según ellos, fueron "robados" a sus familias.
En agosto de ese mismo año, el magistrado James Lawrence King desestimó una moción de Carnival que pedía la nulidad de la reclamación de García-Bengochea, pero en julio 2020, falló a favor de le empresa.
Citado por Cruiseindustrynews, el abogado Luis Llamas, del bufete Jones Walker, que representa a Carnival, dijo entonces: “Creemos que el Tribunal interpretó y aplicó correctamente el requisito de la sección 6082 de la Ley Helms-Burton de que un demandante sobre una propiedad confiscada antes del 12 de marzo de 1996 debe haber presentado su reclamo antes de esa fecha”.
Ahora, el caso se dirimirá en una vista oral con jurado que ha sido programada para el mes de mayo, y que determinará la cantidad de dinero que Carnival deberá pagar por daños ocasionados a los representes de Havana Docks.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
