El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según el informe Cuando las palabras no bastan, recientemente presentado por Amnistía Internacional, no ha hecho lo suficiente para remediar la preocupante situación de los derechos humanos en México.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, evalúa la gestión presidencial de AMLO a un año de asumir el mando del país: “El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad para avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Sin embargo, después de un año de su gobierno, no se observan cambios sustanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década. Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad de México”.
Respecto al compromiso adquirido por la administración mexicana el pasado mes de agosto, cuando anunció estar dispuesta a reconocer la participación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en la revisión de comunicaciones acerca de casos individuales, como una forma de satisfacer las constantes peticiones de personas con familiares desaparecidos y también las solicitudes presentadas por diferentes organizaciones de derechos humanos, Guevara Rosas expresó que:
“Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero los desacredita públicamente”.
Durante su primer año al frente del gobierno mexicano, el presidente López Obrador se ha mantenido fiel a la fórmula de militarizar en extremo la seguridad, al igual que quienes le antecedieron en el cargo y a su vez, ha incrementado las dificultades del proceso migratorio. De igual modo, ha impuesto serias limitaciones a la libertad de reunión pacífica de los mexicanos, denigrando de manera reiterada a periodistas, organizaciones de la sociedad civil que no aprueban su gestión.
La violencia contra las mujeres y niñas o “violencia de género”, lejos de disminuir, presenta un ostensible aumento. La creación de leyes y nuevas disposiciones estatales resultan insuficientes para dar atención y frenar el elevado número de asesinatos, desapariciones y otros actos violentos y discriminatorios contra mujeres y niñas en todo el territorio nacional.
“Aún quedan muchos pendientes”, enfatiza Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México “en materia de violencia de género. El más urgente de ellos es erradicar los feminicidios. De enero hasta el 30 de septiembre de este año. Se reportaron 748 víctimas de feminicidio en México, con un promedio mensual de casos al alza. No se distinguen, ni en el corto ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”.
Para Amnistía Internacional el cambio debería comenzar por la aceptación de responsabilidades por parte del actual gobierno, que debe abandonar el hábito de poner toda la culpabilidad en las anteriores administraciones. A partir de esta asunción, formular estrategias que salden las “graves deudas pendientes en la materia” y también, priorizar las políticas que tengan los derechos humanos y “obligaciones internacionales” como tarea fundamental.
La situación de indefensión en que se encuentran las minorías, como los indígenas y sus emplazamientos, los grupos LGTBI, y las facilidades de acceso a derechos de índole sexual y de reproducción, así como la posibilidad de ejercitar sus derechos tanto sociales como económicos debe ser una de las tareas a emprender por el gobierno.
Reneaum Panszi concluye: “El gobierno del presidente López Obrador tiene un mandato robusto y una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país. Le urgimos a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”.
