Seis años después de lo previsto, finalmente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) pudo analizar, a finales de mayo, en su más reciente sesión, el informe del Estado cubano sobre las medidas adoptadas para cumplir con las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el periodo de 2013 a 2021.
El artículo 18 de la mencionada Convención establece que los Estados parte, al menos cada cuatro años o cada vez que el CEDAW lo solicite, se comprometen a someter al secretario general de las Naciones Unidas un informe sobre las acciones realizadas para avanzar en los derechos de mujeres y niñas. Pero desde 2013 Cuba no cumplía con ese compromiso.
Según el régimen, para la elaboración de este documento “se desarrolló un amplio proceso de consultas que involucró a entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil”, y se enriqueció con la “reforma constitucional” efectuada entre 2018 y 2019.
Además, consideró que el embargo del gobierno de Estados Unidos a Cuba “continúa siendo el principal obstáculo para la aplicación más eficaz de la Convención”, debido a que “impacta negativamente en la vida de las mujeres y las familias y constituye una forma de violencia indirecta que se ejerce con crueldad contra las mujeres cubanas”.
No obstante, en las 38 páginas del material no se mencionó una sola vez la palabra feminicidio, a pesar de que se documentaron 36 casos en 2022, ni se hizo referencia a la discriminación y violencia estatal por motivos políticos que mantiene tras las rejas a unas 100 mujeres, y bajo asedio constante a todas las que se manifiestan públicamente en contra del régimen; algo que ha sido resaltado por diversas organizaciones independientes cubanas e internacionales que defienden los derechos humanos.
Junto con el informe oficial, el CEDAW analizó otros seis informes de la sociedad civil, entre los cuales se encuentran dos colectivos en el que participaron 15 organizaciones de distintos países en total, y otros de Red Femenina de Cuba, Plataforma Femenina, el Centro Global de Análisis de Políticas de la Universidad de California y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales.
Uno de los dos colectivos, presentado por plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba, Cubalex, Justicia 11J, Civil Rights Defenders, People in Need, Observatorio de Género de Alas Tensas, entre otras, realizó más de 50 recomendaciones al CEDAW que cuestionan la versión sobre el tema del régimen presidido por Miguel Díaz-Canel, exigen transparencia informativa e insisten en la represión política, así como en la necesidad de una ley de protección integral contra la violencia de género hacia las mujeres.
La curadora y activista cubana Yanelys Núñez, miembro de Alas Tensas, explicó a Martí Noticias que una de las razones por las cuales se sumaron a este informe civil fue el interés de visibilizar problemáticas sociales que suelen omitirse en este tipo de espacios internacionales en los que el régimen cubano participa, y “desmontar el mito de que se preocupa por la protección de las mujeres, que no discrimina”.
“También para mostrar el trabajo de los observatorios independientes, que es un trabajo responsable, pero agotador, que se hace con muy pocos recursos, y es importante que los resultados de ese trabajo lleguen a la mayor cantidad de personas posible y se vean las recomendaciones que hacemos sistemáticamente y desde hace varios años al régimen cubano”, declaró.
Núñez comentó que este tipo de informes deben trascender el ámbito nacional para intentar contribuir a que los organismos internacionales presionen al Estado cubano para actuar a favor de los derechos humanos. “Más que todo, buscan emplazar al CEDAW y al resto de los estados miembros para que se posicionen de una manera crítica frente a Cuba”, precisó.
Una línea similar siguió Red Femenina de Cuba, que, desde la introducción de su informe habló sobre la crisis política y económica en el país, que “afecta de forma diferenciada a las mujeres”, en la medida en que “se complican las tareas de cuidado, se expanden las brechas socioeconómicas y se limita la participación en la vida pública”. Además, ofreció un listado con 31 preguntas que recomendó al CEDAW formular al Estado cubano.
La exiliada y activista cubana Elena Larrinaga, directora de Red Femenina de Cuba, declaró a Martí Noticias que, aunque queda mucho por hacer en materia de derechos de las mujeres cubanas, el hecho de que cada vez más personas se atrevan a denunciar los distintos tipos de violencia de género, ejercidas desde el Estado o desde el entorno familiar, supone un avance.
“Pero nos queda algo pendiente y no menos importante: hacer entender al ‘oficialismo femenino’ que este es un reto para todas las mujeres en Cuba, independientemente de su condición. El día que eso se consiga habremos ganado de verdad una batalla importante”, afirmó Larrinaga.
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