Unas 90 organizaciones no gubernamentales (oenegés), han sido clausuradas en Nicaragua en los últimos tiempos. Muchas de ellas estaban enfocadas en los derechos humanos, investigaciones económicas, reforzamiento a estudiantes y promoción del pensamiento crítico, informó la Voz de América, VOA.
Diana Valdivia aparece en unas imágenes grabadas ordeñando vacas en una finca que produce quesos y otros derivados lácteos. Su aparición forma parte del un video que promueve la labor del Movimiento María Elena Cuadra (MEC), una de varias oenegés cuyas personería jurídicas fueron canceladas esta semana en Nicaragua.
En los primeros dos meses del año, otras 30 oenegés fueron canceladas en la nación centroamericana, que ha sido colocada entre las naciones con gobiernos "autoritarios" junto a Cuba y Venezuela, según el reporte de 2021 de la revista 'The Economist'.
"Para mí ha sido de gran importancia estar en el María Elena Cuadra estos tres años. Todo esto me ha llevado a un mejoramiento de mi autoestima. Con toda esa autoestima elevada me he sentido empoderada y he impulsado a otras mujeres", explica Valdivia en el video institucional.
El cierre de esta oenegé dejó, en principio, a unas 30 desempleadas. ¿Qué tarea tienen? Empoderar a las mujeres en Nicaragua, explican. Pero el asedio policial había comenzado antes. En 2020 la sede fue rodeada por la policía, según mostró la prensa entonces.
¿A qué se dedican?
En su página digital, este movimiento promete: promover la participación de las mujeres trabajadoras y desempleadas en todas las esferas sociales, económicas, políticas, gremiales, y propias de mujeres; potenciar la participación plena e integral como sector productivo, organizado y económico de la sociedad e impulsar la formación de dirigentes femeninas de cara a los intereses particulares de las mujeres.
Además trabajan en la creación y sostenimiento de programas sociales de apoyo que contribuyan al mejoramiento de las condiciones económicos y sociales de las mujeres y sus núcleos familiares y en promover la educación de las mujeres organizadas en el MEC en Salud, Seguridad Ocupacional, así como en salud y el medio ambiente.
El cierre de esta organización ha sido un golpe fuerte para la sociedad civil, que pierde otro espacio independiente donde refugiarse, aseguran beneficiadas con los programas.
Otras, creen que nada las "callará".
Sandra Ramos, fundadora del Movimiento María Elena Cuadra, comenta con nostalgia a Voz de América que la organización cumpliría el 7 de mayo sus 28 años de existencia y calcula que anualmente se atendían a unas 1.500 mujeres en todos los programas que tenían, como atención y acompañamiento jurídico en caso de presentar una denuncia, o bien para recibir apoyo psicológico
Mujeres que interponían demandas de pensión alimenticia eran asistidas, así como víctimas y sobrevivientes de violencia.
Su cierre "es un golpe a las mujeres", dijo Ramos. "Quedan indefensas aquellas que acudían a nuestra oficinas a solicitar apoyo". Sin embargo, se resiste a dejar de trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres e indica que aún sin oficina lo seguirá haciendo de forma gratuita.
El Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, que es el ente encargado de atender a estos grupos, ha dicho que gran parte de las oenegés se encontraban acéfalas y sin una documentación requerida para seguir operando.
A otras se les señala de no haberse inscrito como Agente Extranjero, como lo establece una Ley aprobada en 2020 que buscaba criminalizar la cooperación internacional, según los expertos.
Los cierres no solo ha dejado en el limbo a mujeres, sino también a estudiantes tras desaparecer varias universidades, y también a personas que sufren violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, desde 2018 se cerró una de las más importantes organizaciones de derechos humanos, el Cenidh, que ahora opera en clandestinidad. También esta semana se canceló la ANPDH, que organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.
"Llevamos varios años de la ilegal cancelación de la personería jurídica y del despojo y robo vulgar de nuestras instalaciones, ejecutado por la Policía, con orden del Ministerio de Gobernación. Esta situación nos ha llevado a condiciones precarias (…) aun así no hemos dejado de trabajar en ningún momento impulsando y defendiendo los derechos humanos", declaró a la VOA la activista de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia.
Solo queda una organización de este tipo en pie, pero también ha denunciado obstáculos para que se le permita un función legal.
¿Qué pretende este cierre masivo de oenegés?
La socióloga y feminista María Teresa Blandón tiene una idea clara sobre lo que considera como objetivos detrás de estos cierres.
"¿Qué es lo que realmente le incomoda al régimen Ortega-Murillo? Bueno, que sean organizaciones que trabajen de manera autónoma, que no dependan del Gobierno, que no se deban tampoco a los lineamientos y a los intereses políticos del Gobierno", dijo.
Señala que el movimiento de mujeres María Elena Cuadras viene trabajando desde 1994 con obreras de la maquila. "Son realmente una organización pionera" insiste Blandón.
"Es la única organización en Nicaragua que se ha dedicado por casi tres décadas a promover, a defender los derechos de las mujeres trabajadoras de zonas francas. Incluso ya en los últimos tiempos también ha trabajado con mujeres desempleadas y con mujeres rurales. Su trabajo habla de sobra por sí mismo".
"El régimen demuestra que no tiene ningún compromiso con los derechos de las trabajadoras, de las mujeres de los sectores más pobres, y que su discurso de equidad de género es falso", dijo Blandón acerca de la cancelación de la organización.
¿Qué dice el Gobierno de Ortega?
Recientemente, el Gobierno de Daniel Ortega justificó el cierre masivo de oenegés en un informe al Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilac) en que dijo que más de 1.700 de eran vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
Además, insistió en la validez de la Ley de Agentes Extranjeros, conocida como "Ley Putin" en Nicaragua por la similitud con una legislación rusa.
Blandón dijo que los argumentos reflejan claramente que "no es un asunto transparente, no tiene que ver con prevenir el lavado de activos o este tipo de cosas", sino una intención de acabar con todo tipo de organización ciudadana que no esté bajo el control del Gobierno de Ortega-Murillo.
"Muchas de estas organizaciones que han sido canceladas tienen un trabajo muy importante, ya sea un trabajo de educación, de asistencia, de apoyo hacia los sectores más pobres de la sociedad, como es el caso de la Fundación Fabretto, que tiene décadas de estar trabajando con los sectores más pobres, y hay otras que tienen un trabajo muy importante en la defensa de derechos humanos", concluyó.
