El Tribunal Provincial de Artemisa negó este martes por segunda vez la licencia extrapenal al preso político Javier González Fernández, quien presenta severos daños neurológicos que le provocaron un grave trastorno del sueño debido a un síndrome postraumático.
“El, de muchacho, fue agredido con un arma blanca, un machete y tuvo una herida, una fractura de cráneo que le produjo un trastorno en el oído medio, y luego eso fue, con el tiempo, convirtiéndose en un insomnio permanente y apenas duerme. A veces, en casa, entraba a bañarse y se quedaba dormido en el baño, porque era el momento en que relajaba”, relató a Martí Noticias el padre, Jorge González Soto.
El Centro de Rehabilitación Neurológica Clínica NYR señala que el sueño es fundamental para mantener las vías del cerebro que permiten aprender y crear nuevos recuerdos. Las deficiencias del sueño provocan dificultad para concentrarse, tomar decisiones, resolver problemas y manejar las emociones y conductas.
“Inclusive, la Comisión Forense del MININT [Ministerio del Interior] certifica que él no califica ‘apto’ para estar dentro del Sistema penitenciario. El tribunal ahora está diciendo que sí, que la prisión tiene que crear las condiciones para lo que determinan los médicos, cuando la misma prisión se ha quejado porque ellos no tienen ni los medicamentos, ni las condiciones que necesita”, indicó González Soto.
También la Comisión de compatibilidad con el régimen penitenciario de Medicina Legal de Artemisa reconoce en un informe pericial que González Fernández, de 37 años, no es compatible con el régimen penitenciario y que requiere de un “estricto tratamiento higiénico y medicamentoso, condiciones que no pueden garantizar los servicios médicos de las prisiones”.
Sin embargo, la Comisión considera que, de permanecer en prisión, debe mantenerse ingresado en el puesto médico y con el cumplimiento de las indicaciones para la higiene del sueño.
La familia llevaba más de seis meses esperando por la resolución del órgano de justicia.
“Yo estaba callado, esperando porque tenía alguna esperanza. A él lo que le quedan son ocho meses de condena, si no se complica, que estos meses son los peligrosos para ellos”, agregó.
Javier González Fernández fue sentenciado a cuatro años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato tras participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Artemisa, en la provincia de igual nombre.
De acuerdo con su sentencia, el joven, “con el objetivo de resquebrajar el orden, instó a terceras personas a que salieran a la vía pública y transitaran en grupos por las arterias del municipio, exacerbando aún más los ánimos de los que lo seguían”.
Hace menos de un mes, las autoridades judiciales otorgaron a González Fernández el tránsito a un régimen menos severo. el preso político fue trasladado desde la prisión de Guanajay hasta un correccional con internamiento aledaño a la cárcel Taco Taco.
“Yo he presentado la licencia extrapenal en dos ocasiones y las han denegado, y le he presentado la condicional dos veces y también han denegado”, aseguró el padre.
El Código penal cubano establece que el tribunal competente puede disponer la libertad condicional a un sancionado primario, como lo es el manifestante del 11 de julio, “si existen razones fundadas para considerar que se ha enmendado” y siempre que haya extinguido, por lo menos, la mitad de su pena.
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