El Centro de Asesoría Legal Cubalex reveló en un informe casos de negligencia y falta de transparencia en el trabajo de abogados defensores de presos políticos cubanos.
La entidad indicó que la negativa de algunos abogados a comunicarse de manera adecuada y transparente con sus clientes, especialmente aquellos que son perseguidos por motivos políticos, constituye "una preocupante tendencia que compromete el derecho a la defensa".
El grupo legal cita el ejemplo del opositor Adrián Curuneaux Stevens, quien no ha recibido la actualización de una solicitud de cambio de medida preventiva. El vicepresidente del Movimiento de Opositores por una Nueva República está encarcelado desde el 3 de agosto de 2023 en la prisión de Valle Grande, en las afueras de La Habana, tras ser acusado por una supuesta agresión a un oficial de la Policía.
También el de Yanet Pérez Quevedo, quien espera conocer el resultado de su petición de licencia extrapenal. La integrante del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba fue sentenciada a 12 años de cárcel y se encuentra recluida en Camagüey.
En otros casos, la comunicación se interrumpe sin explicación, como sucede con Mayelín Rodríguez Prado, conocida en redes sociales como La Chamaca, quien está encarcelada desde hace 16 meses en la cárcel Granja Cinco, y fue condenada a 15 años de prisión por múltiples delitos, tras participar en las manifestaciones del verano de 2022 en Nuevitas.
Cubalex refiere que también ocurre que los abogados no contestan las llamadas de quienes representan o sus familiares, como ocurrió con Aniette González, sentenciada a cumplir 3 años de prisión por publicar una foto en redes sociales con la bandera nacional en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Por otra parte, asegura la ONG, es común que los clientes no reciban copias de los documentos presentados por la Fiscalía o por su propio abogado en los procesos en los que están involucrados.
"Esta falta de información y comunicación afecta la protección efectiva de las personas detenidas por motivos políticos que buscan ejercer su derecho a una defensa adecuada", indicó la entidad que considera que el patrón de negligencia profesional reflejado en estos casos puede estar relacionado con la falta de una real autonomía en la abogacía cubana y la ausencia de un verdadero Estado de Derecho que garantice la división de poderes o la independencia de funciones.
La Organización Nacional de Bufetes Colectivos de donde provienen estos abogados está regulada por el Ministerio de Justicia y opera bajo los intereses del Estado y el Partido Comunista de Cuba. Además la Constitución exige a los abogados fortalecer la legalidad socialista y tener condiciones morales acordes con la sociedad.
"Este marco normativo coloca a los abogados bajo la influencia de las autoridades políticas, lo que puede generar un conflicto de intereses cuando representan a personas incómodas para el poder. Los abogados, expuestos a las presiones de los órganos de la Seguridad del Estado, pueden encontrarse en un dilema entre el deber de defender a su cliente de la mejor manera posible y la necesidad de salvaguardar su trabajo o seguridad", alerta Cubalex.
La comunicación entre abogado y cliente, así como el acceso a la información en los procesos legales, son indispensables para garantizar un efectivo derecho a la defensa.
Las restricciones en el derecho a la información y la comunicación impiden que las personas comprendan completamente su situación o las consecuencias legales que enfrentan. Además, afectan la transparencia en la relación entre abogados y clientes, lo que dificulta que estos últimos puedan exigir a sus defensores un desempeño que proteja sus intereses.
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