El Tribunal Provincial de La Habana rechazó, una vez más, la petición de libertad condicional para la presa política Idolidia Carrasco Lobo por estimar que no ha purgado suficientemente la pena ni hay razones que fundamenten que puede reincorporase a la sociedad.
“En el ordenamiento jurídico cubano, este tipo de beneficio no se configura como un derecho de la persona que está sentenciada, sino como una facultad discrecional de las autoridades penitenciarias o los tribunales que están a cargo de la ejecución de la sentencia”, precisó el abogado del centro de asesoramiento legal Cubalex, Alaín Espinosa, respondiendo a la denuncia de un familiar cercano de la presa política, que pidió el anonimato por temor a represalias.
“Y esto siempre se maneja o está regulado bajo criterios muy ambiguos, que son los que dan la posibilidad de utilizar este tipo de figuras jurídicas como un castigo en estos casos puntuales”, agregó el experto legal en declaraciones a Martí Noticias.
La respuesta del tribunal de ejecución tardó más de tres meses en llegar a Carrasco Lobo.
Espinosa enfatizó que el sistema de ejecución penal en la isla utiliza la denegación de beneficios, como la libertad condicional, como una herramienta de castigo discrecional y político, contrario a los estándares internacionales.
Señala que tribunales sin independencia ignoran el cumplimiento de requisitos legales, ratificando la voluntad del poder político sobre la conducta de la persona sancionada.
Carrasco Lobo cumple su sentencia de cuatro años de privación de libertad por participar en una protesta, en 2023, en el poblado de Güines, provincia Mayabeque, en la que un grupo de vecinos salieron de sus casas tocando calderos a pedir el regreso de la corriente eléctrica.
De acuerdo al jurista, la legislación cubana solo contempla el "recurso de súplica" para oponerse a la denegación de un beneficio. Este mecanismo es resuelto por el mismo tribunal que dictó la sanción en primera instancia, lo que anula cualquier posibilidad de un análisis independiente sobre el fondo de la cuestión.
Esta estructura hace que los recursos sean "totalmente inoperantes", funcionando más como un trámite administrativo que como una garantía real frente a posibles arbitrariedades.
“Esta arquitectura legal que tiene la legislación de ejecución penal cubana, vulnera sobre todo las Reglas de Tokio en cuanto a que se incumple con la exigencia de que cualquier restricción o denegación de un beneficio sea revisada por una autoridad independiente y mediante mecanismos eficaces”, apuntó el letrado.
“Además de esto, por ejemplo, la legislación cubana tampoco establece una obligación de realizar audiencias contradictorias cuando se nieguen estos beneficios, ni exige una motivación reforzada que explique técnicamente por qué una persona con buena conducta no está apta para la libertad”, precisó.
El caso de la prisionera Idolidia Carrasco, recluida en un correccional con internamiento adjunto a la prisión de Mujeres del Guatao, en La Habana, ilustra esta desconexión, indicó Espinosa.
“A pesar de que el propio tribunal reconoce en su resolución que la interna ha mantenido una conducta adecuada y ha cumplido los tiempos requeridos, se le ha denegado la libertad condicional por tercera ocasión”.
“Esto hace que estos recursos tengan un uso punitivo del beneficio que lo que hace es dar la posibilidad de constituirlo como una extensión del castigo y bajo un enfoque de reinserción social que no existe, contradiciendo el espíritu de este estándar internacional de derechos humanos”, subrayó.
Foro