El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió este lunes a funcionarios cubanos “que no contribuyan con la grave represión que vive Cuba” y les advirtió que dichas acciones “les marcan para toda la vida”.
Yaxis Cires, director de Estrategia de la organización, dijo a Martí Noticias que la organización ha observado "una estampida de funcionarios del régimen a diferentes niveles y diferentes estructuras".
Esta estampida “demuestra la poca credibilidad que hay en aquel sistema, en aquel proyecto, que ya ni siquiera los que participan día a día de él confían y, por tanto, están buscando una salida”, opinó Cires.
El activista, exiliado en Madrid, España, explicó el objetivo de la declaración.
“En primer lugar, estamos llamando a los funcionarios a que no participen de la represión, que no apoyen la violación de los derechos humanos, no participen de ella, porque está mal, porque viola la dignidad de la persona humana y además“, subraya Cires, “porque les marca para toda la vida”, dijo.
Agregó que el llamado incluye a las autoridades de España, "porque es la puerta de entrada a Europa, para que realicen una investigación, un ‘due diligence’, del historial de estos funcionarios, para saber si realmente han estado comprometidos con violaciones de los derechos humanos en Cuba”, explicó.
“Esas personas, desde luego, no deberían tener esa posibilidad de salir de la isla y vivir en otro país democrático después de tanto daño que han hecho a muchos cubanos”, concluyó el director de Estrategia de la OCDH.
Recientemente, Rosabel Roca Sampedro, una fiscal camagüeyana que pidió años de prisión para jóvenes manifestantes del 11 de julio y otros disidentes, solicitó una cita en la aplicación CBPOne para emigrar a Estados Unidos, según pudo comprobar Martí Noticias.
De acuerdo con múltiples denuncias en redes sociales, Roca Sampedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y actualmente reside en México. Borró un perfil en sus redes sociales donde mostraba su cercanía con el régimen cubano y está esperando que EEUU le conceda una cita a través de la aplicación móvil CBPOne para presentarse en la frontera y pedir asilo político.
A mediados de mayo, Melody Gonzáles Pedraza, jueza de la provincia de Villa Clara, arribó a los Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, tras obtener un permiso de viaje gracias al Parole Humanitario.
En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país debido a su historial en Cuba, pero según conoció Martí Noticias, la jurista pidió asilo político y actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial.
González Pedraza firmó una sentencia judicial de tres y cuatro años de prisión contra cuatro jóvenes, a los que acusaron de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la Seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, el 18 de noviembre del año 2022.
“No es justo que aquellos que causan sufrimiento a otros cubanos, que participan en la corrupción en niveles altos de la estructura del Estado o que prolongan la agónica situación que vive el país, tengan abiertas las puertas de las democracias”, concluye la declaración del OCDH.
(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)
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