El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria exigió al régimen cubano "dejar inmediatamente sin efecto la orden de arresto domiciliario" contra el líder opositor José Daniel Ferrer y "restaurar su libertad plena".
Además, la entidad de la ONU dictaminó que su privación de libertad fue arbitraria y violó "los artículos 3, 9, 10, y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".
"Tras un año de arbitraje, la ONU dictamina que Cuba ha cometido crímenes de lesa humanidad perpetrados contra José Daniel Ferrer. Además lo hace porque indica que es una práctica sistemática en Cuba contra la población civil", afirmó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, el grupo que presentó la denuncia.
Según el activista, los criterios cuestionados por la ONU se corresponden con la definición de "crímenes de lesa humanidad" del Estatuto de Roma.
"Por tanto, aunque Naciones Unidas no lo explicita, los ha definido exactamente como el Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad: encarcelamientos arbitrarios, tortura, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos", precisa Larrondo.
En su informe, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria pide al régimen cubano que "adopte las medidas necesarias para remediar la situación" de Ferrer, "sin dilación". Además exige conceder al líder opositor "el derecho efectivo a una indemnización".
Finalmente, el organismo dijo haber remitido el caso a otras entidades de Naciones Unidas, relacionadas con las desapariciones forzadas, la tortura y la libertad de expresión; además de cuestionar que el gobierno de Cuba respondiera "luego del plazo establecido" al reclamo de la ONU.
Prisoners Defenders presentó el caso de Ferrer García ante la ONU en octubre de 2019, e inicialmente había sido refrendado por el Comité contra la Desaparición Forzosa.
