Ocho meses después de que cuatro médicos cubanos presentaran en Miami una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), acusándola de complicidad con el régimen de La Habana, un juez federal pidió el jueves más tiempo para decidir si el juicio debe hacerse en Miami o en Washington, D.C.
Los abogados de los demandantes exigen que se haga en Miami, porque aquí es donde viven muchos de los médicos afectados por lo que califican de “esclavitud” en la “red de contrabando humano” del programa Mais Medicos, que los hacía trabajar en Brasil para beneficio del régimen.
Los representantes legales de la OPS quieren que el caso se ventile en la capital federal porque allí es donde radican las oficinas centrales de la organización.
“La Ley RICO tiene una disposición especial según la cual dondequiera que se encuentren las partes afectadas, ahí debe ser” el juicio, le dijo el jueves el abogado Sam Dubbin al reportero de Radio Televisión Martí, Ricardo Quintana.
RICO son las iniciales de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, o Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, que los médicos invocan al acusar a la Organización Panamericana de la Salud.
"Estos doctores forman parte de varios miles de médicos cubanos que fueron traficados por la Organización Panamericana de la Salud entre Cuba y Brasil entre 2013 y 2017", declaró Dubbin en un comunicado. "El plan violó las leyes de lucha contra el tráfico y la extorsión en Estados Unidos y generó más de $75 millones para la OPS".
En lugar de asumir su responsabilidad, la OPS está tratando de trasladar el juicio de Miami a Washington, D.C., negándose a discutir los méritos del caso, añade el abogado.
"Además, argumentar que [la OPS] debería ser inmune a responsabilidad legal por acciones que violan el derecho penal es absurdo", escribe Dubbin.
Documentos legales indican que el gobierno cubano tuvo ingresos en el orden de los mil 300 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, y que la OPS recibió más de 75 millones por su mediación, mientras que los médicos cubanos cobraban menos del 10 por ciento de lo que Brasil pagaba por sus servicios.
“El juez [Darrin P. Gayles] ha tomado esto como un recurso de apelación”, declaró el abogado en la entrevista con Radio Televisión Martí, “porque ya un magistrado anterior falló a favor de [hacer el juicio en] Miami, argumentando que mil 500 médicos que fueron víctimas de tráfico humano residen en Miami y deben comparecer aquí para denunciar lo ocurrido”.
Tatiana Carballo, que forma parte del grupo de los cuatro demandantes originales –junto con Russela Rivero, Ramona Matos y Fidel Cruz—contaba en noviembre que, cuando llegaron al aeropuerto en Brasil, mucha gente les gritaba “¡esclavos!” y ella no entendía por qué, “hasta que me di cuenta de la realidad”.
“Es frustrante para los doctores que la OPS lleve a discusión la sede del juicio, cuando de lo que se trata realmente es de la inmunidad de esa organización ante una demanda por conspirar para traficar con los médicos entre Cuba y Brasil, violando la ley de delincuencia organizada”, dijo ahora el abogado de los demandantes.
De acuerdo con una investigación de la Universidad de Pensilvania citada por Efe, el gobierno cubano recibió 11 mil millones de dólares en 2015 por “exportar” el trabajo de 37,000 médicos cubanos a 77 países, la mayor parte en Centroamérica, Brasil y Venezuela.
El vocero de la Organización Panamericana de Salud, Luis Felipe Sardenberg, no había respondido de inmediato un mensaje de email enviado por Radio Televisión Martí.
