La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó esta semana medidas cautelares a favor de tres activistas cubanos por la igualdad racial que han sido acosados, detenidos y amenazados en múltiples ocasiones.
La protección a favor de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo y Oswaldo Navarro Veloz, emitida el 19 de enero de 2021 en la Resolución 7/21, considera que estos personas defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
La CIDH alerta que los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), organización que aboga por los derechos de afrodescendientes y en contra de la discriminación racial, se encuentran en una situación de riesgo debido a amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia por parte de agentes estatales y terceros, presuntamente como resultado de su labor como defensoras y defensores de derechos humanos en Cuba.
"La CIDH considera que la situación de las personas beneficiarias se encuadra en un contexto de intimidación, persecución y hostigamiento hacia defensoras y defensores de derechos humanos que piensen o se expresen de manera contraria al régimen actual de Cuba. Lo anterior derivado de las actividades de promoción de los derechos humanos realizadas por los beneficiarios, quienes además participan en eventos públicos denunciando actos de represión estatales, en clara oposición a las exigencias de agentes estatales que los han intimidado para que abandonen dichas actividades so pena de exponerse a investigaciones penales", indica un comunicado.
El activista Juan Antonio Madrazo dijo a Radio Televisión Martí que “esas medidas representan un mecanismo de defensa hacia ellos debido al incremento de la represión de la Seguridad del Estado”.
“Sabemos que los organismos encargados de monitorear esa problemática (derechos humanos) estarán al tanto de nuestra seguridad”, dijo.
La Comisión solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los tres y señala que el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los tres activistas y proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros.
También indica que deben adoptarse las medidas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos en el ejercicio de sus labores.
La CIDH pide en la resolución medidas para que puedan ejercer su libertad de expresión.
