El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que para frenar la alta cifra de inflación en Cuba la solución está en que los productores renuncien a una parte de sus ganancias.
La propuesta surge en una reunión el jueves del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en la que se acordó además crear un Grupo de Trabajo "que estudia y define alternativas" para enfrentar la inflación, pues reconocen se trata de una de las principales preocupaciones e insatisfacciones de la población.
Cifras oficiales registran una inflación en el mercado informal de 6900%, luego de la decisión del gobierno de devaluar el peso, combinado con la creciente dolarización de la economía.
El sucesor de Raúl Castró ordenó "acometer de inmediato una discusión política con todos los productores y comercializadores y convencerlos de la necesidad de renunciar a un determinado nivel de ganancia, particular o colectiva, en función de bajar precios".
Para pedir esto, Díaz-Canel dijo que tiene que ser "una discusión honesta, abierta, argumentando la situación que tiene el país (...) Y si lo hacemos así, estoy convencido de que la mayoría de los productores y de los comercializadores, sin llevarlos a no ser rentables, lo van a entender, porque son parte de este pueblo y reciben también los beneficios de la Revolución".
También propuso "organizar" al pueblo "para que realice control popular sobre los precios y enfrente, junto a los funcionarios públicos y a las instituciones a las que corresponde esa acción, lo que sea excesivo en materia de precio y especulación".
El gobernante confía en que "ese será el mejor mecanismo de control".
Las propias autoridades cubanas han reconocido el fracaso de la Tarea de Ordenamiento y reconocen la inflación como el problema que más golpea a los cubanos, en materia económica.
También admiten que la capacidad de compra que dio la reforma salarial, impuesta con el Ordenamiento, se ha visto “muy afectada”, fundamentalmente en los sectores de menos ingresos.
La nueva política económica, implementada en Cuba a comienzos de 2021, abarca, entre otros aspectos, transformaciones en la estructura monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y la reforma de salarios y pensiones.
Varios expertos han señalado que la Tarea Ordenamiento ha traído consigo un notable empobrecimiento de la población.
