Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, difundió este lunes el informe de septiembre sobre los presos políticos en Cuba, el cual contiene personas detenidas en las protestas registradas tras el paso del huracán Ian y los prolongados apagones.
"La lista de los 1.026 presos contiene más de 20 manifestantes de este 30 de septiembre, apresados en diversas partes del país, fundamentalmente en La Habana", dijo Larrondo, quien advirtió que "muchos de los que están siendo procesados lo serán mediante atestado directo".
El proceso de "atestado directo" es "un procedimiento falto de derechos que se asemeja a un proceso policial sumario en tres días, donde la condena está predefinida y no hay posibilidad alguna de defensa", lamentó Larrondo.
"Tras la nueva ola de protestas en las últimos meses, la dictadura cubana ha activado un amplio despliegue de policías y militares, algunos en ropa de civil, pero con botas de campaña que desvelaban su pertenencia militar, para reprimir a los manifestantes con una violencia brutal", señala el informe.
El texto denuncia que 34 menores de edad aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. La organización recuerda que la cifra no incluye a otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas.
"En la actualidad, 180 manifestantes del 11J han sido acusados de sedición, de los cuales ya 171 habrían sido sentenciados con más de 10 años de prisión como promedio", explicó Larrondo.
Además, de los 1.026 al menos 117 mujeres (incluyendo las de género trans) siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia.
El informe añade que 739 manifestantes han sido sentenciados con penas de hasta 30 años. También hay 17 que cargan con la pena de 30 años de prisión o cadena perpetua.
(Con reporte de Michel Suárez para Radio Televisión Martí)
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