Los cubanos vivieron el jueves su primer día de compras con precios limitados por orden del gobierno, y las opiniones que Radio Televisión Martí consultó dentro de la isla muestran un consenso de malestar y preocupación por lo que esa política representa para los cuentapropistas, para los consumidores y para la economía nacional.
“La disposición es acabar con los negocios privados, sencillamente”, le dijo al periodista Tomás Cardoso la cuentapropista habanera Rebeca Monzó. “Les molestan los negocios privados, porque los negocios privados tienen más éxito que los negocios estatales”.
Los refrescos cubanos tipo gaseosa deben venderse desde 17 pesos los pomos de 300 mililitros y 18 pesos las latas de 355 mililitros hasta 67 pesos los pomos de dos litros, de acuerdo con una lista que publicó el sábado 27 de julio el diario Tribuna de La Habana.
Las cervezas nacionales van en dos categorías: si son Cacique y Mayabe, el precio “topado” es de 30 CUC; si son Cristal y Bucanero, 35 CUC. Las importadas no podrán venderse a más de 40 CUC, según las nuevas regulaciones en la capital.
“La cerveza cuesta 25 [en el comercio minorista donde la compra el dueño de la cafetería o paladar], pero cuando le sumas impuesto y lo demás, llega a treinta y pico o cuarenta pesos”, manifiesta Pedro Acosta, del paladar Doña Ceci, en el Casino Deportivo. “Pienso que haya restaurantes que no [podrán] aguantar el golpe”.
En su edición del jueves, el diario digital 14ymedio publicó un reportaje con testimonios tomados en Nuevo Vedado y Centro Habana, y aunque en algunas tablillas halló precios tachados y sustituidos por cifras menores, en la mayoría de los casos había que preguntar.
“El temor a que la norma lleve aparejado un refuerzo de la presencia de inspectores encubiertos y que los clientes denuncien a quienes mantengan los precios anteriores ha llevado a muchos a modificar los importes días antes de que llegara la fecha oficial para su entrada en vigor, mientras que otros los mantuvieron hasta el último minuto del 31 de julio”, indica el reportaje.
En conversación con Radio Televisión Martí, el Jefe de Redacción de 14ymedio, Reinaldo Escobar, declaró que el problema no está en los precios.
“Son precios correctos que se adecúan al salario, pero no tiene sentido ponerlos mientras no exista un mercado mayorista para los cuentapropistas”, opina Escobar. “Y el precio de una cerveza en Cuba no es alto; la cuestión es cuántas horas tengo que trabajar yo aquí para poder tomarme una cerveza”.
La ausencia de un mercado donde el sector privado pudiera comprar las mercancías a precios mayoristas para que sus ganancias al venderlas no afecten el bolsillo de los consumidores ha sido cuestionada incluso por figuras del gobierno como Alfredo Guevara, fallecido en 2013.
“Cuando Raúl Castro está invirtiendo en el puerto del Mariel y no en el mercado mayorista que hace falta para desarrollar el sector privado y para que los cuentapropistas no tengan que robar, porque todos roban, está censurando y tomando una decisión política”, les dijo a Nora Gámez y Abel Sierra Madero, que publicaron la entrevista en la revista Letras Libres el 20 de mayo de 2014.
Fuera de La Habana las reacciones no eran diferentes.
“El estado está haciendo lo que siempre ha hecho: imponer por la fuerza su criterio sin tener en cuenta el sector del trabajador particular”, declaró Joel Espinosa Medrano, operador de cafetería en Santa Clara, entrevistado por Tomás Cardoso. “Estas son medidas que van a afectar directamente el trabajo por cuenta propia; incluso, van a afectar a los clientes”.
En su blog El Estado Como Tal, el economista cubano Pedro Monreal cree reconocer la corriente teórica con la que el gobierno intenta fundamentar el congelamiento generalizado de precios: la economía moral, según apreció en La Mesa Redonda del miércoles.
“La decisión de pasar a un sistema de congelamiento general de precios en Cuba indica dos cosas: la supremacía de mecanismos administrativos, y el anclaje de la planificación en un esquema centralizado”, escribió Monreal el miércoles en su blog. “Es el equivalente económico de un coma inducido y sus múltiples consecuencias pudieran ser significativas”, dice, y se refiere luego a “la paradoja de utilizar la rigidez para un sistema que necesita flexibilidad”.
Y otro economista de la isla, Enix Berrios, ve la decisión como un acto de censura política para evitar el empoderamiento de la sociedad civil, según le dijo a Radio Martí.
“Lo que temen es que este sector, que es donde está potencialmente la llama de un cambio en Cuba, siga emergiendo y se siga desarrollando”.
