Después de publicar un listado con los nuevos precios topados a seis productos de primera necesidad comercializados por el sector privado en Cuba, varios gobiernos locales dieron marcha atrás sin ofrecer explicaciones.
Las nuevas tarifas debían entrar en vigor el lunes 1 de julio pero el martes la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, explicó que la medida no se implementaría porque era necesario "continuar los intercambios con los actores económicos, sobre las realidades que enfrentan en sus procesos de importación, transportación y comercialización".
Según dijo, necesitaban también atender "los estados de opinión de la población” y para ello las autoridades habían realizado unos 3400 encuentros con trabajadores privados.
El día anterior la Dirección de Inspección de Pinar del Río había anunciado en una nota publicada en redes sociales que las nuevas tarifas no se pondrían en marcha.
"Los municipios que publicaron los nuevos precios a partir de los análisis realizados con dichos actores, quedan sin efecto para su aplicación. La decisión está sujeta a estudios y aprobación para su adecuada puesta en vigor", precisaron.
Los topes de precios habían sido discutidos en una reciente reunión del Consejo de Ministros donde las autoridades dijeron que aplicarían una "política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos".
"Se implementarán regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos que realiza el sector estatal al no estatal; habrá que fomentar el encadenamiento y no ceder capacidades productivas", publicó el diario oficial Granma.
Un reporte del diario 14ymedio de este lunes indica que, al menos en una de las Micro, Pequeñas y Medias Empresas (Mipymes) que visitaron en La Habana, ni siquiera tenían conocimiento de la medida y los precios se mantenían igual que antes.
El asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita explicó a Martí Noticias que "hasta la fecha el gobierno no ha interrumpido sus deseos de limitar y controlar los precios y ha cedido esa responsabilidad a los gobiernos locales (provinciales y municipales) para que desde allí se establezca una política de control de precios atendiendo a la necesidad de los territorios".
Las nuevas medidas, anunciadas por el Ministerio de Finanzas y Precios el pasado 27 de junio en una resolución publicada en la Gaceta Oficial, dejaban claro que “las entidades estatales, en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal para la adquisición de bienes y servicios acordarían precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del treinta por ciento (30%) sobre el total de los costos y gastos”.
Rodríguez Pita dijo que "el gobierno considera que a través de eso interrumpirá el proceso inflacionario, algo que no va a lograr porque un control de precio en medio de un proceso inflacionario, manteniendo una tasa bancaria inferior a la tasa del mercado informal de divisas, lo que provoca es una contracción de la economía" .
Para el experto, esto podría llevar a la salida de los inversores y afectar la formación de empleos por parte del sector privado.
"Se cumple un ciclo que evidentemente provocará un mayor deterioro de las condiciones económicas del país y afectará a la administración pública, elevándose todavía más no solo la inflación, sino todo lo que tiene que ver con la conformación de precios", agregó el sociólogo.
El economista Omar Everleny comentó a Martí Noticias que "los precios no van a bajar por esa vía, lo harán cuando el Estado incentive la producción, que es lo fundamental. La economía no puede seguir bajo indicaciones coyunturales".
"Cuba tiene deformaciones estructurales y el gobierno tiene que darse cuenta", agregó.
El también economista cubano Pedro Monreal apuntó en la red social X que "las causas principales, aunque no las únicas, del desenfreno de precios en Cuba a partir del ordenamiento son dos: la baja capacidad de respuesta de oferta de la economía y un enorme déficit fiscal. En ambas causas el ministerio de finanzas y precios ha sido un actor clave".
"La contención de precios que se logra en documentos oficiales se convierte en inflación 'reprimida' que coexiste con desabastecimiento y con precios de mercado negro", agregó.
Este lunes, en un análisis sobre lo publicado por el diario Granma a partir de la reunión del Consejo de Ministros, Monreal aclaró que "si el equipo económico ministerial de veras considera que la inflación desatada desde el ordenamiento se debe a la especulación y no a las transformaciones estructurales que provocó el ordenamiento, entonces la van a tener muy difícil para resolver los entuertos actuales".
(Con reporte de Alejandro Marcano para Martí Noticias)
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