La Asociación Pro Libertad de Prensa destacó en su informe anual que en 2020 el régimen cubano incrementó su intolerancia a la libertad de prensa y opinión.
“Desdichadamente creemos que el Gobierno seguirá sin cumplir con los derechos humanos, negando que es un régimen terrorista, que todo su su historial está lleno de actos de terrorismo, desde el que utilizaron cuando luchaban para llegar al poder, luego el fusilamiento de muchas personas y ha continuado con otras manifestaciones pero que siempre son un tipo de terrorismo de Estado”, dijo a Radio Televisión Martí, José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
Durante el año que concluyó, los periodistas fueron víctimas de 234 acciones de represión, 80 más que en los doce meses de 2019.
El reporte indica que en el 2020 salieron a relucir dos nuevas argucias contra los comunicadores independientes: el empleo de los medios de propaganda oficiales para difamar a los informadores independientes y el Decreto 370 que multa con hasta 3000 pesos al que discrepe en las redes sociales con sus políticas o hable sobre las condiciones en que vive la población
“La situación del país está complicada desde muchos puntos de vista político: social y económico. El régimen necesita enemigos internos y los trata de encontrar en la prensa independiente. También se inició la aplicación del Decreto 370, que entró en vigor el 4 de julio de 2018 pero hasta donde sabemos no se había empleado contra los periodistas”, apuntó Fornaris.
Otros tipos de agresiones ya tradicionales fueron los arrestos, interrogatorios, allanamientos de viviendas, agresiones físicas, amenazas personales y por teléfono, desalojos, multas, acoso a familiares, expulsión territorial, vigilancia policial a domicilios, cancelación de contrato laboral, prohibición de salida del país y también se intensificaron los actos de repudio.
Las cifras compiladas por la organización defensora de la libertad de prensa asentada en la Isla denuncia que las acciones represivas de la policía política ocurrieron en diez provincias: La Habana, Granma, Guantánamo, Camagüey, Matanzas, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Villa Clara, Artemisa y Cienfuegos.
La APLP presentó en noviembre a Naciones Unidas su informe de Medio Tiempo, para el Examen Periódico Universal (EPU) que realiza cada cuatro años el alto organismo a cada país miembro.
“Lo que habíamos recomendado a EPO en 2018 se mantiene en el dossier que enviamos a Ginebra en noviembre de 2020 que eran el cumplimiento de lo establecido en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que el régimen armonice la legislación interna con la ley internacional, toda vez que Cuba tiene un amplio programa legislativo, se legisla pero bueno después muy difícil que cumplan con lo legislado y que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y sus protocolos”, dijo.
La Asociación Pro Libertad de Prensa cumple este 27 de enero su décimo quinto aniversario y entre otras actividades tiene previsto relanzar la revista Vocablo, donde aparecerá mensualmente una selección de lo mejor de la prensa libre cubana.
