Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (A.I) acusa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de no velar por el cumplimiento de las normas de internacionales de protección contra la pandemia de COVID-19 al convocar manifestaciones masivas en el país centroamericano.
En comunicado hecho público hoy 16 de abril, Guevara Rosas argumenta que la actual irresponsabilidad hacia con el pueblo de Nicaragua por parte de su presidente, se une a la brutal represión que, desde hace dos años, lleva a cabo el gobierno y que deja, hasta hoy, un saldo “de 328 muertos, más de 2,000 heridos y más de 100 mil personas forzadas a huir del país”.
“La respuesta de las autoridades nicaragüenses a la grave amenaza que supone el COVID-19 pone en evidencia una vez más que el gobierno del presidente Ortega no asume ninguna responsabilidad sobre los derechos humanos de las y los nicaragüenses, dejándolos en total desprotección”, señaló la directora de A.I. para Latinoamérica.
A continuación agrega que “Desde el 18 de abril de 2018, el gobierno de del presidente Ortega ha hecho del amedrentamiento, la impunidad y el exilio forzado prácticas habituales. Es sorprendente que, después de impedir y reprimir cualquier tipo de protesta social durante los últimos dos años, ahora promueva marchas masivas y aglomeraciones, exponiendo a la población ante la pandemia”.
Desde el interior del país las organizaciones no gubernamentales también han denunciado las violaciones del régimen a las medidas orientadas internacionalmente para evitar el contagio y la propagación del coronavirus y por el contrario, el pasado 5 de abril convocaron a una misa multitudinaria con motivo de la Semana Santa.
De igual modo, el 6 de abril, en el departamento de Managua, capital del país, la elección de la Reina del Verano 2020 fue promovida por autoridades estatales y, en abril 12, se celebró, organizado por el Instituto Nicaragüense del Turismo el Summer Music Fest 2020 en diferentes regiones.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha presentado evidencias de otras actividades públicas promovidas durante los meses de marzo y abril que van desde organizar desfiles hasta la estimulación del turismo e, incluso, amenazas a los padres para lograr que envíen a sus hijos a las escuelas.
La Organización Panamericana de la Salud muestra también su preocupación por la falta de una respuesta adecuada por parte del gobierno de Ortega, que continúa sin adoptar las necesarias medidas de distanciamiento social, promueve la aglomeración, incumpliendo con los requisitos de prevención y control implementados.
La situación en las prisiones del país, donde aún permanecen encarcelados 70 de los arrestados durante las manifestaciones de 2018, es motivo de preocupación para estas organizaciones humanitarias ya que, exponen, las malas condiciones de las cárceles aumentan el riesgo de quienes allí se encuentran.
Amaya Coppens, quien fuera prisionera política del régimen de Ortega y pasado por tres prisiones, declaró a los medios que “El gobierno ha mostrado una negligencia generalizada en el manejo de la pandemia. Por eso, tenemos miedo de un brote de COVID-19 en las cárceles, donde las condiciones son infrahumanas. Las personas detenidas por razones políticas han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, pero ahora, con la crisis sanitaria, están en una situación aún más vulnerable, por ello debemos seguir insistiendo en su libertad y en una mejora sustancial de las condiciones en las cárceles”.
or su parte, Erika Guevara Rosas concluye que “El gobierno de Ortega no sólo ha privado arbitrariamente de la libertad a decenas de personas, sino que además pone en riesgo su salud al mantenerlos encarcelados y en condiciones precarias. Reiteramos una vez más nuestro llamado a las autoridades de liberar inmediatamente a todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”.
Para más información puede visitar Amnesty International.
