La Fiscalía General de la República de Cuba reconoció el viernes que se han abierto procesos penales a los cubanos que están participando en la nueva ola de protestas populares, generadas por la agudización de las precariedades en la isla tras el paso del huracán Ian.
El proyecto de Periodismo de Investigación Inventario registró casi un centenar de protestas en 11 de las 15 provincias de Cuba. Ya sea en pequeños poblados rurales, repartos, o ciudades, los residentes, hastiados de sobrevivir con apenas electricidad, agua y alimentos, generalmente salen a las calles en la noche, tocando sus calderos en reclamo de libertad y de que sean atendidas sus necesidades básicas.
En un comunicado oficial la fiscalía indicó que "controla procesos penales en los que se investigan hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana".
El texto enumera diversas acciones que emplearon los ciudadanos para manifestar su descontento como "el incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, las agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, y la incitación a la violencia".
FOTOGALERÍA. Así protestaron los cubanos en reclamo de electricidad
En algunas de las manifestaciones las madres con sus hijos han hecho cordones humanos para bloquear carreteras en busca de atención, los jóvenes han colocado barricadas con los escombros dejados por el huracán y los pobladores se han agrupado frente a las oficinas locales del Partido Comunista de Cuba en reclamo directo a sus dirigentes. Algunos manifestantes critican en sus coros y consignas al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y demandan el fin de la dictadura.
El comunicado menciona "acciones de prevención con los padres que utilizaron a hijos menores de edad, colocándolos en escenarios de riesgo, descuidando sus deberes de protección, asistencia, educación y cuidado hacia ellos".
La Fiscalía indica que los acusados recibirán la respuesta jurídico penal que corresponda y que se les asegura el respeto de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso.
Sin embargo, familiares de manifestantes detenidos en las protestas recientes han denunciado que serán sometidos a procesos penales por atestado directo, donde los detenidos pasan de la investigación policial directo al juicio.
La abogada exiliada en Estados Unidos Laritza Diversent dijo a Radio Martí que evidentemente el objetivo es "que quede la menor cantidad de evidencia de este tipo de proceso".
"Es un procedimiento que está plagado de violaciones del debido proceso", alertó, la representante del Centro de Asesoría Legal Cubalex.
Las leyes de Cuba reconocen el procedimiento de atestado directo para procesos sumarios por delitos sancionables hasta 1 año de privación de libertad o multas, donde los medios de pruebas resulten de "fácil obtención".
La organización que monitorea las detenciones y procesos judiciales a los manifestantes detenidos desde el 11 de julio de 2021, Justicia 11, dijo que los delitos por los que serían procesados los manifestantes son desórdenes públicos, desacato y resistencia.
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