El juicio en el Tribunal Popular Municipal de 10 de Octubre a 21 residentes del barrio de La Güinera, en Arroyo Naranjo, por su participación en las masivas protestas populares del 11 y 12 de julio quedó listo para sentencia y con la ratificación de todas las peticiones fiscales por el delito de sedición.
Lisandra Ferrer Calzado, madre de la joven Liliana Oropesa Ferrer, quien cumplió este lunes 21 años de edad y enfrenta una petición fiscal de 19 años de cárcel, dijo a Radio Martí que el tribunal estuvo totalmente militarizado y que los testigos de la fiscalía fueron policías y agentes de la Seguridad del Estado que reprimieron a los manifestantes el día de las protestas.
“Eso fue criminal todo lo que ocurrió en el juicio con los acusados, imagínate que los acusadores eran el instructor del caso y los policías. Los abogados de la defensa hicieron todo lo posible que estuvo a su alcance, ahora hay que esperar a que baje la sentencia, en la sala dijeron que en 10 días o más. Yo sé que eso va a ser por gusto, pero bueno no pierdo la esperanza", comentó la madre de la joven encarcelada en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida también como Prisión del Guatao.
En La Güinera se registra la única víctima fatal de las protestas reconocida hasta ahora: Diubis Laurencio Tejeda, quien murió de un disparo por la espalda propinado por el subteniente de la policía Yoennis Pelegrín Hernández, libre de cargos al argumentar que actuó en defensa propia.
Una nota oficial del Ministerio del Interior de Cuba sobre los sucesos en esta localidad se refirió a los manifestantes como "grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales" que "alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación".
Emilio Román Matos, es el padre de Yosney Emilio y Emy Yoslan Román Rodríguez, ya condenados por su participación en las protestas populares, y de Mackyanis Román, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años de prisión.
La muchacha, que también está recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente, la mayor cárcel de mujeres de Cuba, enfrentó un juicio totalmente injusto y con fuerte presencia de oficiales del Ministerio del Interior (MININT), señaló su padre a Radio Martí.
“En el caso de mi hija quedó concluso con los 25 años que le pedían. Los policías que testificaron en su contra, lo hicieron diciendo mentiras que no coincidían con lo que previamente habían afirmado en su declaración escrita. Es una tremenda injusticia, enfermo me tiene a mí eso, ahora tengo que esperar por la sentencia y está claro que voy a apelar", declaró Román Matos.
El padre de los tres hermanos encarcelados tras el levantamiento explicó que deberá visitarlos mañana en el Combinado del Este, a uno de los varones, y en El Guatao, a la hembra. El viernes irá a ver al menor que está preso en El Guatao.
"Realmente no sé cómo no me he vuelto loco”, afirmó.
Human Rights Watch denunció que el proceso contra estos tres hermanos ha sido abusivo y con penas desproporcionadas.
Los nombres, edades y peticiones fiscales de los 21 enjuiciados de La Güinera son:
01. Carlos Alberto Hernández Pérez (23), 26 años 02. Elian Seguí Cruz (21), 21 años 03. Mackyanis Román Rodríguez (23), 25 años 04. Juan Piloto Ferro (58), 21 años 05. Alejaime Lambert Reyes (22), 26 años 06. Lázaro Daniel Cremé Bueno (21), 21 años 07. Arielvis Rill Baró (30), 25 años 08. Amaury Fernández Martínez (33), 21 años 09. Rolier Salazar González (36), 21 años 10. Luis Miguel Oña Jiménez (23), 21 años 11. Yaquelin Castillo García (49), 20 años 12. José Luis Castillo De La Torre (56), 25 años 13. Andrius López Fragosa (29), 25 años 14. Liliana Oropesa Ferrer (20), 19 años 15. Dayan Jesús Ramírez Rondón (23), 25 años 16. Osvaldo Lugo Pita (34), 21 años 17. Wilfredo Limonta Mesa (20), 21 años 18. Yurema Ramos Abad (25), 25 años 19. Eris Diógenes Mejías Vinent (21), 25 años 20. Juan Walberto Verdecia Rodríguez (48), 25 años 21. Germán Barrenechea Echevarría (24), 25 años
La Fiscalía General de la República de Cuba defendió en una nota oficial la decisión de sostener la acusación ante los tribunales por el delito de sedición a pesar de la severidad conque se castiga, pues asegura "que se corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional".
La plataforma Justicia 11J rechazó esta justificación aclarando que los argumentos ofrecidos para la selección del delito de sedición no están en correspondencia con los tipificados en el Artículo 100 del Código Penal.
"Con lo cual queda demostrada, una vez más, la conveniente y arbitraria elección de este delito político —contra la Seguridad del Estado— como mecanismo ejemplarizante, ante el panorama de crisis generalizada en el país, durante los meses posteriores a la protesta", denunció Justicia 11.
