El caso del joven de 21 años Walnier Luis Aguilar Rivera, quien “padece de discapacidad intelectual”, certificada por especialistas y a pesar de ello fue condenado a 23 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio, fue presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Uno de elementos en los que OCDH basa su denuncia es “la denegación de una prueba médico/psiquiátrico forense en la fase investigativa y judicial”, lo cual, explica, “certificaba la predisposición a condenarle”.
El grupo con sede en Madrid, España, se refirió además a las inhumanas condiciones en que ha permanecido el joven durante su arresto, el cual implicó “desaparición forzada por espacio de siete días, junto a delincuentes comunes”, impidiéndole el contacto con sus padres y el acceso a medicamentos indispensables para su condición.
Desde la detención de Aguilar Rivera, sus padres han tocado todas las puertas legales posibles en el país, llevando en las manos la certificación de diagnóstico de su hijo, unido al certificado de “no apto para el Servicio Militar” emitido en La Habana por la Comisión de Reclutamiento Militar en 2018, indica el OCDH.
"Esperamos que haya un pronunciamiento del Grupo de Trabajo, donde declare arbitraria la detención, ordene al gobierno cubano que lo ponga en libertad y exija una reparación del daño que se ha cometido contra él y contra su familia, al violarle todos sus derechos en un proceso judicial injusto", señaló Yaxis Cires, director de Estrategias del OCDH en entrevista con Radio Martí.
Esta denuncia de OCDH contrasta con el informe publicado este martes por la Fiscalía General de la República de Cuba en el que se afirma que “actuará en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los derechos del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos”.
Desde que comenzaron las detenciones a participantes en las protestas populares del 11 de julio de 2021, diferentes organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la OCDH, también han presentado a UNICEF denuncias sobre los encarcelamientos a menores de edad en Cuba.
La respuesta obtenida hasta ahora de la instancia que vela por la integridad de los menores en el mundo ha sido pedir una explicación a La Habana acerca de estos “supuestos hechos” (Sic).
La semana pasada, los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL), Bob Menendez (D-NJ), Bill Cassidy (R-LA) y Ben Cardin (D-MD) enviaron una carta a Catherine Russell, la recién nombrada Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), instándola a priorizar la protección de los menores cubanos arbitrariamente encarcelados y procesados por su participación en las históricas protestas.
Grupos derechos humanos y familiares de los detenidos han denunciado los malos tratos a los que son sometidos estos menores, las condenas exorbitantes y la indefensión que padecen ante un sistema judicial totalmente parcializado a favor del régimen comunista. Los familiares de estos menores y de otros presos políticos que se han atrevido a denunciar su situación también han sido hostigados y amenazados por la Seguridad del Estado.
La Fiscalía General de Cuba aduce en su informe que “muchos de los prisioneros del 11J tienen antecedentes penales”, aunque no detalla los nombres de los implicados ni a qué delitos anteriores se refiere.
