Cuba firmó, junto a otros 11 regímenes autoritarios, una declaración en la que reclaman un modelo de gobernanza digital internacional enfocado en el multilateralismo, la no injerencia y el respeto a la legislación nacional de cada Estado, de acuerdo con un reporte del periódico oficial Granma.
“Esto tiene un solo objetivo y es buscar la forma de legitimar las violaciones a derechos humanos que estos regímenes autoritarios ejercen en el ciberespacio a sus pueblos”, indicó en conversación con Martí Noticias el abogado camagüeyano Norges Galindo Buelga, que emigró hacia México luego de cumplir su condena por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021.
“Es la forma de establecer los medios a través de los que el gobierno autoriza al pueblo a obtener conectividad. Es el control de lo que las personas ven, y no permiten que se escapen de ese cerco que establecen”, enfatizó.
“Lo que está buscando estos regímenes es tener legitimidad internacional para poder seguir aplastando cualquier voz disidente que surja en el espacio cibernético”.
El jurista subrayó que los trabajadores están obligados a tener cuentas estatales para convertirse en replicadores del discurso del régimen:
“Deben tener cuentas de correo, a las que los jefes tienen que tener acceso, tienen que tener cuentas en Facebook de las que los jefes deben tener acceso a las contraseñas y a toda la información para que cuando se desee impulsar un estado de opinión, poder revisar, tener control de todo lo que las personas publican, lo que las personas leen”, dijo.
Además, esto permite a las autoridades asegurarse de que los trabajadores hagan las publicaciones que al gobierno le interesa sobre un tema determinado, agregó.
“Mi madre fue sancionada después del 11 de julio, por darle like a un video de Leonis Torres que pedía el fin de la violencia. Por ese sencillo hecho, mi mamá fue removida de su puesto de trabajo”, relató.
La declaración celebró la adopción de la Convención contra el Ciberdelito de Naciones Unidas (ONU), promovida por Moscú, durante el 79° período de sesiones de la Asamblea General.
El texto fue suscrito por Rusia, Belarús, Burkina Faso, Cuba, Corea del Norte, Egipto, Irán, Irak, Kirguistán, Laos, Nicaragua y Venezuela; estados que emplean las tecnologías digitales para impedir el libre acceso de sus ciudadanos a los medios de información que no puede controlar.
“Existe a nivel internacional todo un debate permanente, del que no se sale, sobre la capacidad de control, o no, de la información que se mueve en la web, que por supuesto los Estados de este grupo de amigos van a engancharse para ver cómo lucran en favor del control y de la censura de ese contenido”, indicó a Martí Noticias, el analista e historiador Boris González Arenas, residente en La Habana.
“Es un poco otro trabajo en función del incremento de la censura y de la búsqueda de control”, recalcó.
El manifiesto cuestiona el uso de tecnologías de la información “con fines de injerencia en asuntos internos, la desestabilización política y la manipulación mediante redes satelitales de internet”, puntualiza la nota del vocero cubano.
En ese sentido, Omar López Montenegro, director del Centro Latinoamericano para la No Violencia (CELANV), señaló que hay un enfrentamiento bien definido entre las jerarquías de poder de ciertas sociedades y la población que está generando formas alternativas de poder a través de la comunicación.
“Por supuesto, hay que tener ciertas regulaciones sobre discursos de odio, llamados a la violencia, etc, pero la realidad es que el internet, y cualquier manera de intercambio de comunicación entre los ciudadanos, se está convirtiendo en una herramienta poderosa y muchos estamentos de poder se sienten amenazados por ello”, afirmó López Montenegro.
Cuba, una historia de violaciones a loa derechos digitales
A menudo, las autoridades cubanas violan los derechos digitales de la ciudadanía, ha reportado Yucabyte, un proyecto enfocado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su impacto en la sociedad.
Entre las transgresiones más significativas sobresalen los cortes de internet dirigidos a individuos específicos o en zonas amplias del país, los intentos de hackeo y los apagones de internet.
La Asamblea Nacional del Poder Popular ha aprobado instrumentos legales para coartar la libertad de expresión de los cubanos en internet, como el Decreto-Ley 370 "Sobre la informatización de la sociedad en Cuba", aprobado en 2019 y el Decreto-Ley 35 "Regulación de las telecomunicaciones” de 2021.
A lo que se añaden los precios excesivos de los servicios que brinda el monopolio cubano de las telecomunicaciones ETECSA que acaba de encarecer draconianamente la navegación por internet, limitando aún más el libre acceso de los cubanos a la información.
Las naciones signatarias instaron a todos los Estados miembros a firmar el documento en la ceremonia oficial prevista en Hanoi este año.
La ONU ha adoptado resoluciones y declaraciones que abordan la importancia de la libertad de expresión en línea, la necesidad de un internet abierto y la defensa contra la censura y los cortes de internet:
La Declaración sobre el derecho a la libertad de expresión en el ciberespacio destaca la importancia de que los estados no limiten o restrinjan la libertad de expresión en línea, especialmente a través de medidas como los cortes de internet para los cuales se tomó otra resolución que exige cesar estas prácticas que vulneran los derechos humanos.
También promueve el uso responsable y respetuoso de la información en el ciberespacio, garantizando la libertad de expresión y el libre flujo de información.
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