Un total de 633 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en abril, 3.22 % menos que las 654 compiladas en marzo, en un mes en el que el régimen de la isla amenazó por primera vez a los manifestantes con la pena de muerte, pero las protestas llegaron hasta la residencia del gobernante del país, informó este miércoles el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).
El proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba atribuyó la disminución de las protestas a la mejoría en las afectaciones del servicio eléctrico.
"La leve baja podría deberse a que, después de comprobar una vez más el mes anterior que apagones eléctricos de 12 o 13 horas son una receta segura para protestas masivas como las del 17 de marzo en Santiago de Cuba, Bayamo y Matanzas, los cortes eléctricos fueron más moderados en abril (entre 4 y 6 horas)", explicó la organización.
El informe destaca que aunque las protestas y denuncias por actos represivos estuvieron entre las manifestaciones de descontento más comunes, con 136, los desafíos al Estado policial las sobrepasaron, con 147, a pesar de que el gobierno respondió con medidas ejemplarizantes e intimidatorias.
"Una muestra: por primera vez, voceros del régimen mencionaron la posibilidad de aplicar la pena de muerte a manifestantes pacíficos acusados de sedición, figura delictiva que se usó ampliamente contra los participantes en las protestas del 11J", dijo el OCC en referencia a recientes declaraciones en la televisión nacional del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, Otto Molina Rodríguez.
En concreto, el jurista amenazó con la aplicación del delito de sedición, un cargo usado contra varios manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) y que acarrea sentencias de hasta con 30 años de privación de libertad, cadena perpetua y pena de muerte "si el crimen se comete en situaciones excepcionales, desastres o afecta a la seguridad del Estado".
El abogado de la consultoría jurídica independiente Cubalex, Raudiel Peña, explicó a Martí Noticias que "a los efectos del Derecho Internacional, de los derechos humanos", estas condenas por sedición, y las amenazas de aplicar todo el peso de la ley a los manifestantes, constituye una "criminalización de la protesta pacífica".
Según Peña, las autoridades cubanas utilizan determinados delitos que están previstos en el Código Penal, "muchos de ellos ambiguos, vagos, que tienen una formulación donde prácticamente cabe todo", para sancionar cualquier intención, y hasta la idea, de la protesta pacífica.
Con ello, el régimen advierte a sus ciudadanos que procederá a "la criminalización de cualquier acto de protesta" y les deja saber, con un fin intimidatorio, que "hay delitos que están ahí y que son contra la Seguridad del Estado, y que son sancionables, incluso, con la pena de muerte en determinados casos".
Parte del escarmiento que las autoridades quisieron dar a las voces disidentes fueron las condenas, precisamente por sedición, a los 14 manifestantes de las protestas de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, la más alta para la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien grabó en video lo ocurrido y lo compartió en las redes sociales.
El OCC también subrayó el hecho de que un grupo de madres en desventaja social y económica se acercara a la residencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para reclamar sus derechos como ciudadanas.
"Mujeres pobres y sencillas fueron a reclamar sus derechos a la residencia del gobernante, situada en el exclusivo reparto Cubanacán, y a través de las redes sociales transmitieron su acción y denunciaron que en Cuba solo viven hoy los dirigentes comunistas mientras el pueblo muere de hambre y miseria", dijo el Observatorio.
Esta semana, las madres fueron amenazadas con enfrentar un proceso judicial y condenas de entre uno y tres años de privación de libertad, si continuaban su protesta.
Un número significante de manifestaciones de descontento en abril (112) estuvieron relacionadas con la alimentación y los precios de los alimentos, señaló el OCC. La distribución de la canasta básica continuó experimentando retrasos en varias localidades de la isla. Díaz-Canel reconoció que el estado de opinión de la población sobre esta situación es crítica, muy negativa, recordó el informe.
Bajo la categoría de Inseguridad Ciudadana el Observatorio registró 84 protestas o denuncias públicas en el mes, por debajo de las 144 contabilizadas en enero y 124 en febrero. Otras categorías, como Problemas Sociales y Servicios Públicos, sumaron 61 y 39, respectivamente.
En marzo pasado, el OCC contabilizó 654 manifestaciones de descontento social, incluido el estallido de multitudinarias protestas en varias localidades del país debido a los largos apagones y la falta de alimentos.
El Observatorio Cubano de Conflictos registra como protestas las manifestaciones presenciales como sentadas, cacerolazos y marchas; grafitis; declaraciones a medios independientes; comentarios dejados en medios oficiales; posts, fotos, videos, memes y transmisiones directas en las redes sociales, y otros formatos como dibujos y composiciones musicales o poéticas.
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