El Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en agosto de 2022 en Nuevitas, publicó en su cuenta de X el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Al divulgar las sentencias, la organización condenó “las inhumanas sanciones” contra los ciudadanos que asistieron a las manifestaciones populares en esa localidad del centro de la isla.
“Este es un claro y lamentable mensaje de régimen cubano; en primer lugar, contra los ciudadanos, de que no se van a resolver sus problemas, que lo que va a haber es represión; que no se va a permitir el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, y que quien lo haga se expondrá a unas penas tan altas y brutales como estas que han impuesto a los manifestantes de Nuevitas”, indicó Yaxis Cires, Director de Estrategias de la entidad con sede en Madrid.
Los sancionados se unieron el 18 de agosto de 2022, en el barrio de Pastelillo, para exigir el fin de los apagones y ¡Libertad!, entre otras consignas como "Patria y Vida".
Cires puntualizó que los castigos a los manifestantes de Nuevitas son un claro mensaje a la comunidad internacional: “Recordemos que en los últimos meses importantes organizaciones internacionales han pedido la liberación de los presos políticos y de conciencia” en la isla.
También se refirió a los pronunciamientos de “la propia Iglesia Católica, que ha reclamado el cese de la represión y la liberación de los presos políticos”.
A principios de 2023, el cardenal Beniamino Stella viajó a La Habana y reclamó, en nombre del Papa Francisco, la liberación de los presos del 11 de julio de 2021.
“El régimen cubano ha escogido mantener el puño cerrado, ha escogido el camino de no hacer los cambios políticos económicos y sociales que el país necesita. No sabemos si por miedo, no sabemos si por arrogancia, pero la realidad es que la represión está creciendo cada día, y eso es una cuestión que preocupa a muchísima gente y que debe ser denunciada a nivel internacional”, recalcó Cires.
Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado, y 14 para José Armando Torrente.
Trece años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto y 11, para Lisdan Cabrera Batista.
Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.
Yennis Artola Del Sol, sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez, a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.
Los delitos por los que fueron encontrados culpables van desde Sedición, Sabotaje, Propaganda enemiga de carácter continuado, Actos contra la Seguridad del Estado, Atentado y Resistencia hasta Encubrimiento.
El activista político Manuel Cuesta Morúa considera que las altas condenas tienen tres motores impulsores: soberbia, arrogancia y miedo por parte del régimen.
“Sobre todo un miedo incremental, es decir, que va creciendo exponencialmente en la misma medida en que el gobierno se da cuenta de que la sociedad cubana sigue molesta, sigue protestando, sigue divorciándose aceleradamente, del propio régimen”.
Agregó que Cuba se está convirtiendo, rápidamente, en “un satélite jurídico de Rusia”.
“Lo que se llama la judicialización de los derechos que Rusia aplica en su propio país y ha aconsejado a Nicaragua y a Cuba”.
“No lo divorciemos tampoco de ese programa, donde el gobierno dijo con claridad que iba a aplicar la violencia del Estado contra las manifestaciones pacíficas”, recordó Cuesta Morúa.
Recientemente, en una comparecencia en la televisión estatal, altos oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del Ministerio de Justicia amenazaron con aplicar el delito de sedición, y otros que pueden acarrear pena de muerte o cadena perpetua, a quienes promuevan o participen en protestas masivas que “perturben el orden constitucional socialista”.
Raúl Enrique Medina, responsable de Comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, señaló que el régimen aún disfruta de cierta indiferencia o silencio de la comunidad internacional.
“Creo que, a pesar del rechazo nacional e internacional a las altas condenas contra manifestantes en Cuba, no existe una presión lo suficientemente fuerte, oportuna, de actores importantes de la comunidad internacional que disuadan al régimen de emprender nuevas condenas cómo las que acabamos de ver en Nuevitas”.
“Entonces, que impongan estas condenas tan absurdas a personas que solamente se expresaron y exigieron condiciones dignas de vida y, además, apuntaron a la responsabilidad estatal en esta crisis y en la falta de libertades en Cuba, solo nos muestra que el beneficio que el régimen ve al hacer estos procesos judiciales, teatrales y absurdos es mayor que el costo político que hoy tiene que pagar”, subrayó.
Las autoridades cubanas afirman que las manifestaciones espontáneas del pueblo son alentadas por terroristas radicados en Estados Unidos, que pretenden generar un clima de violencia para deslegitimar al Gobierno.
Medina dijo que, teniendo en cuenta que las circunstancias que empujan a las personas a protestar en Cuba “no han desaparecido ni desaparecerán”, porque el Estado no tiene la capacidad económica de resolver las necesidades de la gente, ni la voluntad política de permitir mayores libertades para los ciudadanos, es de esperar que continúen las protestas.
“El régimen espera frenar, con este amedrentamiento, que el pueblo cubano deje de manifestarse”, destacó el representante del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
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