La relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, viajó a Cuba para evaluar el impacto del embargo estadounidense en el cumplimiento de los derechos humanos en la isla y en la crisis económica y social que asfixia a la población.
Previo a su viaje a La Habana, el 6 de noviembre, varias organizaciones independientes se reunieron con ella “para presentar una visión alternativa a la que, muy seguramente, recibirá de las autoridades cubanas”, dijo a Martí Noticias, el investigador Sergio Ángel Baquero, director de Food Monitor Program.
Cuido 60, 4Métrica y Food Monitor Program “presentaron aproximaciones que dejan ver que la crisis estructural que hoy vive Cuba no es resultado de las sanciones, sino que, por el contrario, responden a problemas estructurales de la dictadura cubana”, señaló Baquero.
Las ONGs enviaron informes a la relatora en los que señalan que, si bien las sanciones de Estados Unidos han impactado en la economía cubana, no explican por sí solas la magnitud del colapso actual.
“Nuestros datos indican que la crisis también tiene causas internas: la falta de inversión, la corrupción y la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales”, apuntó Food Monitor.
La organización agregó “los obstáculos burocráticos, la opacidad y controles económicos que asfixian la producción y la iniciativa privada”.
Asimismo, afirmó que, la mayoría de los participantes en la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria de 2024, “no percibe que el embargo tenga un impacto significativo en la crisis actual; en cambio, señalan factores internos como la principal causa de la escasez”.
Por su parte, 4Métrica enfatizó que “el verdadero origen de la policrisis que atraviesa la isla radica en la adopción de un modelo socialista ineficiente y una deficiente gestión de los recursos públicos”.
Subrayó que “las sanciones no restringen la importación de medicamentos, insumos médicos ni tecnología para fines humanitarios”.
“Por lo tanto, el deterioro del sistema de salud se debe principalmente a la politización de la atención médica y a los recortes presupuestarios deliberados del gobierno”, recalcó 4Métrica en su comunicación a la observadora.
En esta misma línea, Elaine Acosta, directora del observatorio sobre envejecimiento Cuido 60 indicó a nuestra redacción que alertaron a la relatora acerca de “cómo el gobierno cubano ha venido presentando el embargo como la principal excusa o problema explicativo de la actual crisis por la que atraviesa la sociedad cubana”.
Esto en contraste con “la realidad que nosotros hemos ido constatando, desde nuestras investigaciones, donde lo que hemos identificado es que no existe una causalidad directa y exclusiva entre las sanciones y la crisis estructural que caracteriza la sociedad cubana actual”.
De acuerdo a Acosta, la responsabilidad fundamental del estado actual de la isla, es del gobierno cubano que, desde hace décadas, ha implementado políticas que han venido colapsando la sociedad.
“La crisis por la que atraviesa la sociedad cubana actual es una crisis multicausal donde evidentemente confluyen presiones externas como las sanciones, pero con un peso significativo, las deficiencias estructurales internas del modelo político económico cubano”, precisó la psicóloga.
“En otras palabras, las sanciones actúan como un factor agravante que limita el acceso del país a ciertos financiamientos, etcétera, mientras que las políticas internas impiden mitigar esos efectos sobre la población. El gobierno cubano no ha desarrollado una estrategia de mitigación frente a esas repercusiones negativas”, recalcó.
Las organizaciones solicitaron a la funcionaria que, durante su visita, escuche a la sociedad civil independiente.
Douhan, una abogada de origen bielorruso, que llegó a Cuba el 11 de noviembre para una estancia de diez días, publicó este domingo en la red social X un mensaje donde aseguró estar abierta a recibir testimonios y documentos de cualquier parte interesada a través del correo electrónico hrc-sr-ucm@un.org.
Durante su estancia en Cuba, se ha reunido con funcionarios gubernamentales, representantes de la ONU, asociaciones e instituciones financieras, empresarios y académicos pro gubernamentales.
Sus hallazgos y recomendaciones los presentará en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.
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