En un informe de 20 páginas que detalla 72 casos específicos, cuatro relatores especiales de Naciones Unidas denunciaron el lunes el “patrón de persecución” contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas críticos con el régimen en Cuba y la coacción sistemática para forzarlos a salir del país.
El documento responde a su vez otra denuncia hecha por el grupo Prisoners Defenders, que documentaba los casos de 35 víctimas de expatriación forzosa y 42 víctimas de gravísimas amenazas para forzar su expatriación, con testimonios recogidos entre el 11 y el 18 de junio de este año.
Según los relatores de Naciones Unidas, el modus operandi generalizado de coacción está marcado por el uso de fuerza física, penas de cárcel, allanamientos de viviendas, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, siempre con el objetivo de que los activistas y periodistas independientes no vean otra alternativa para sobrevivir que el destierro forzoso.
Al hecho de que semejantes acciones carecen de base jurídica, pues no existe “sentencia judicial ni documento administrativo que justifique las coacciones o las expatriaciones”, subrayan los relatores de la ONU, se unen los atropellos a que están sometidas las víctimas incluso después de salir del país.
De acuerdo con Prisoners Defenders, haber confirmado esos casos sin que se pudiera investigar previamente la suerte de otros miembros de las respectivas organizaciones hace suponer que les está ocurriendo lo mismo a “cientos de actores sociales en pro de los derechos humanos en Cuba”.
El informe de los relatores de la ONU menciona por su nombre a Aruba Airlines, una empresa con mayoría de capital estatal venezolano que estaría implicada directamente en las expatriaciones de Eliécer Góngora Izaguirre y Daniel Llorente Miranda.
Refiere que Góngora Izaguirre “fue llevado por la fuerza al aeropuerto, y posteriormente fue obligado a tomar un avión de Aruba Airlines con destino a Guyana, sin haber comprado y recibido personalmente un boleto de embarque”.
Al negar que estuviera implicada en la expatriación forzosa, la aerolínea aseguró que sí existía un pasaje de avión emitido a nombre del Sr. Góngora Izaguirre. Sin embargo, el informe subraya que, de acuerdo con “la información disponible”, el billete “fue emitido por la compañía aérea una hora antes de haber sido pagado en efectivo”.
Los denunciantes observan que, de acuerdo con las propias leyes del Reino de los Países Bajos, al cual pertenece la isla de Aruba, su aerolínea insignia no debería aceptar más de un 30 por ciento de capital extranjero, y que si por fin la mayoría de las acciones proceden del estado venezolano, tampoco podría haber operado en Estados Unidos.
La ONU dice haber enviado la denuncia a las autoridades estadounidenses, al Reino de los Países Bajos y a la propia empresa Aruba Airlines.
El informe no escatima detalles en cada uno de los casos que denuncia. Cuando menciona a la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería, cuenta que no le permiten salir del país a menos que lo haga definitivamente, que la han arrestado más de 300 veces, y que también han detenido a su hijo para chantajearla.
En el caso del activista de UNPACU Geordanis Muñoz Guerrero, refiere que lo encarcelaron 18 meses por no haber pagado multas, que lo asaltaron cinco veces en su propio hogar y que en esos actos ilegales la policía política lo despojo de una computadora, teléfonos móviles, cámaras y memorias digitales, y que aún lo amenazan “con represalias, pena de prisión y muerte si no acepta salir del país de manera definitiva”.
Otro ejemplo es el de la periodista independiente Danaisi Muñoz López, de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. La denuncia de los relatores de Naciones Unidas indica que “ha sufrido más de 300 detenciones y ha estado en prisión domiciliaria durante 12 meses” por los delitos de desacato, desorden público, atentado a la figura del comandante, obstrucción de la vía pública y “mal desarrollo contra el menor”.
Lo curioso es que se debe a los represores que sus hijas no hayan podido continuar estudios.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders y sujeto también a amenazas de Aruba Airlines, de acuerdo con el documento, agradeció “el inmenso trabajo de documentación del Equipo de Procedimientos Especiales y del equipo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en estos casos”.
Considerando que el régimen cubano no respondió la denuncia, Prisoners Defenders asume que La Habana acepta tácitamente las acusaciones.
