Un tribunal cubano ajustó cuentas un joven opositor que se negó al trabajo forzado luego de recibir una condena por supuestamente ofender a la figura del fallecido dictador cubano Fidel Castro.
El tribunal provincial de Pinar del Río revocó la causa del opositor y preso político José Rolando Casares Soto, quien fue llevado el pasado jueves 3 de agosto desde el municipio San Juan y Martínez – donde reside – a la prisión provincial conocida como Kilo 5 y Medio, según fuentes en la familia.
Casares Soto, de 39 años, y su esposa Yamilka Abascal Sánchez, integrantes de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fueron detenidos el 15 de julio de 2015, cuando se dirigían a reunirse con miembros de su organización en La Habana.
En la detención, aseguraron en esa ocasión a Radio Martí, fueron maltratados por el oficial de Seguridad del Estado Iván de la Rosa, y producto de su inconformidad, resultaron acusados de “atentado y desacato a la figura del Comandante en Jefe”.
Casares recibió entonces una sanción de 5 años de trabajo correccional sin internamiento – la cual se negó a cumplir –; y su esposa recibió dos años con el mismo régimen, pero, por estar a punto de dar a luz, la medida no ha sido impuesta aún.
La información la confirmó el disidente Michael Valladares, del Partido Nacionalista Cubano, quien acompañado por Abascal Sánchez, pudo visitar a Casares por unos minutos en la prisión.
“Nos contó que cuando salió de su casa había una patrulla esperándolo frente a la Casa de Cultura”, relató Valladares y aseguró que el activista fue maltratado por efectivos de fuerzas especiales.
“Dos agentes de la Brigada Especial lo cogieron por el cuello y él le dijo dos o tres palabras al Jefe de Sector, porque lo engañó, y lo trasladaron a una unidad policial en Pinar del Río”, indicó Valladares.
El activista contó que en la visita a Casares a la cárcel provincial supo que el opositor fue maltratado nuevamente por negarse a vestir el uniforme de preso común.
“Le dijeron que tenía que ponerse la ropa de preso y él se resistió. Le fueron arriba el oficial de la Seguridad y otro oficial (…) el oficial Osmany, jefe de la prisión. Le dieron golpes por las costillas, le rompieron el pulóver y le pusieron la ropa de preso a la fuerza”, aseguró Valladares.
El activista trasmitió el mensaje que Casares envió a medios de prensa y sus correligionarios en la oposición: “Que está firme a la causa, dijo que no iba a trabajar e iba a cumplir los 5 años de prisión, porque fue una injusticia lo que hicieron con él”.
La esposa de Casares Soto no pudo ser contactada por Martí Noticias por encontrarse con su hijo menor ingresado en el hospital pediátrico provincial.
Una amenza cumplida
Casares Soto se negó desde un principio a cumplir una condena que creyó injusta. Por ello fue amenzado por la Policía y la Seguridad del Estado en cada detención que sufrió.
El 25 de mayo pasado publicó una conversación con Oneida González Valdés, presidenta del Tribunal Municipal de San Juan y Martínez.
La licenciada Martínez insistió en que Casares se sometiera a la medida del trabajo correcional sin internamiento, impuesta por ese organismo.
"Yo sencillamente le digo lo que debe hacer. Usted es muy responsable, hace lo que entienda, y le digo que analice lo que le estamos diciendo. Yo le doy tiempo para que usted lo haga. Si usted no cumple con lo establecido, nosotros tenemos que proceder”, se escucha en la grabación con la funcionaria.
"Yo no voy a acatar la orden. Ustedes me están sancionando injustamente. Yo les digo que yo no voy a trabajar ni en la forestal, ni limpiando patios, ni limpiando calles, ni nada de eso”, dijo Casares en aquella conversación que compartió con el programa Cuba al Día, de Radio Martí.
El proceder policial
En conversación este lunes, Josefa Soto Álvarez, madre de Casares Soto, dijo a Martí Noticias que está muy dolida con el cambio de medida: “Eso no se le hace a nadie, ni a un asesino".
Josefa Soto explicó que su hijo fue víctima de un engaño, cuando el Jefe del Sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) le exigió que lo acompañara para una conversación de rutina.
Ella –relató a Martí Noticias- fue al tribunal municipal y la unidad policial a pedir cuentas por la detención de su hijo. En el primero, le dijeron que allí no sabían nada, que “estaban desorientados” con ese caso, y en la estación de policía, que tampoco tenían información.
Finalmente, se presentó ante el Delegado Municipal del Ministerio del Interior, MININT, quien le dijo que había sido “una orden del tribunal en Pinar del Río”.
La acción del Jefe de Sector con su hijo, insistió Soto, fue un engaño. “Le dijo: ‘Vamos al sector, que yo quiero hablar contigo’, y se lo llevaron. Fue una recogida engañosa”, lamentó la madre.
