Por segunda ocasión en lo que va de abril, se hace público el maltrato de los guardias carcelarios contra los presos políticos, esta vez contra Reynier Reynosa Cabrera, un manifestante del 11 de julio que cumplía su sentencia en el campamento correccional Toledo II de La Habana.
El 18 de marzo, Reynosa Cabrera regresaba al centro penitenciario de su pase reglamentario cuando, al ser registrado por los escoltas de la entrada, encontraron un teléfono móvil en su short. El preso político alegó un descuido y solicitó que el dispositivo le fuera entregado a la persona que lo acompañaba.
Los carceleros rechazaron la petición y el preso político comenzó a gritar contra el sistema. Lo inmovilizaron, lo esposaron y lo golpearon, relató a Martí Noticias su madre, Hilda Cabrera.
“Ese día, el hijo de él se fue con la madre para Estados Unidos y él, en su desespero, estaba apurado y se olvidó del teléfono. Por eso lo trataron mal en la entrada de Toledo. Cuando entró, se puso mal, lo que hizo fue gritar que por eso esto está así, que la gente tiene hambre”.
“Lo tiraron en el piso, le pusieron las esposas bien fuertes y le dieron. [El teléfono] se lo van a decomisar. La muñeca la tiene fracturada y la rodilla pelada”.
Según relató su progenitora, Reynosa Cabrera, condenado a diez años de privación de libertad por presunta sedición, ya había transitado a un régimen de menor severidad por su buena conducta y extinguía su pena en el correccional, donde trabajaba chapeando de sol a sol.
Esa misma noche, lo mandos del penal le revocaron por un año el beneficio de régimen de menor rigor, lo trasladaron a la prisión cerrada 1580 y le advirtieron que no aprobarán la libertad condicional que le iban a conceder en julio de este año.
Reynosa Cabrera, junto a su pareja Odet Hernández Cruzata, fue detenido el 15 de julio de 2021, tres días después de participar y grabar las protestas de La Güinera, La Habana. La Fiscalía los acusó a ambos de instigar el levantamiento popular. La prueba videográfica presentada por el órgano acusador muestra su marcha, pero ningún protagonismo de los imputados. El tribunal de casación rebajó su sentencia de 20 años, a la mitad.
El Ministerio del Interior emitió una nota sobre los sucesos en La Güinera en la que califica a los manifestantes como "grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales" que "alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación".
La semana pasada se conoció la golpiza, en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba, proporcionada por los carceleros a Ibrahim Domínguez, participante de las protestas populares en Contramaestre.
La organización Prisioners Defenders condenó los tratos crueles a los presos políticos infligidos en los establecimientos penitenciarios cubanos.
“Da cuenta de la impunidad con la que el Gobierno somete a torturas a sus presos políticos y la poca prudencia al hacerlo habla aún más de dicha impunidad, que se basa en la baja presión internacional que tiene el régimen, especialmente por parte de la diplomacia europea presente en la isla, últimamente, solo para dos misiones: primera, apoyar a las mipymes propiedad de meros testaferros del Gobierno, y segunda, hablar del falso bloqueo, que es un embargo que no afecta a que Estados Unidos sea la fuente de divisas más importante del pueblo de Cuba”, indicó Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders.
"De esta manera, Europa no está limitando a La Habana, sino más bien alentando a que la represión de los esbirros a cargo de la dictadura esté completamente ilimitada", recalcó Larrondo.
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