El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió este lunes a la guerrilla FARC que ponga una "fecha fija" de cierre del desarme para firmar un acuerdo final de paz para acabar con medio siglo de conflicto armado.
"El gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme", dijo Santos en una alocución desde la presidencial Casa de Nariño, junto a sus representantes en las negociaciones, que transcurren en Cuba desde hace más de tres años.
Un comunicado conjunto entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), emitido el 23 de septiembre pasado en La Habana, señaló que la dejación de armas "deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final", pero no marcó un plazo para la finalización de ese proceso.
"Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta", enfatizó Santos este lunes, flanqueado por el jefe de la delegación del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, y el número dos del equipo, el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo.
La falta de una fecha para terminar el desarme fue uno de los tres puntos que mencionó Santos para explicar las razones por las cuales no se selló la paz el pasado miércoles 23 de marzo, fecha límite fijada por el presidente y el líder de las FARC, Timoleón Jiménez ("Timochenko") en el histórico encuentro de septiembre en La Habana.
Otro aspecto señalado por Santos fue la exigencia para las FARC de hacer política sin armas.
"El Gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular por el territorio nacional", insistió el mandatario.
Los diálogos de paz con la principal guerrilla del país, con unos 7.000 miembros, según datos oficiales, se estancaron a mediados de febrero, después de que las FARC celebraran un mitin con guerrilleros armados en el corregimiento El Conejo, La Guajira (norte).
Un tercer punto que Santos marcó para avanzar hacia un acuerdo final es que en Colombia no puede haber sitios vedados para la fuerza pública, como ocurrió en los diálogos del Caguán (1998-2002), cuando las partes acordaron una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza.
"El Gobierno no puede permitir que ningún colombiano -en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas- quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán", dijo el jefe de Estado.
Las FARC y el gobierno debaten actualmente el espinoso punto del fin del conflicto, pero no logran posiciones comunes en aspectos clave como la definición de zonas de concentración de los guerrilleros para la dejación de armas o los plazos en los que se debería cumplir este proceso.
