Dos nuevos casos de represión contra campesinos cubanos acogidos al programa de entrega de tierras en usufructo ocurrieron en días recientes, según denuncian agricultores en la isla entrevistados por Radio Televisión Martí.
En San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro, miembro de la organización opositora Una Nueva República, cultiva una parcela de 64 hectáreas de tierra dedicadas al autoconsumo de su familia y además en beneficio de sus vecinos.
Este miércoles recibió la visita de un funcionario del Ministerio de la Agricultura, quien le dejo una citación para el próximo martes a las ocho de mañana en la delegación municipal, donde se le entregara la documentación con la resolución de la cancelación del permiso para operar el usufructo.
“En la comisión agraria se personó un miembro del partido comunista que atiende la agricultura, quien manifestó que yo no requería de los parámetros políticos e ideológicos para tener tierras”, señaló.
Cuatro años lleva Alfaro operando esa parcela que recibió en las peores condiciones y cubiertas de marabú, trabajó duro para limpiarla y hacerla productiva, y ahora por las presiones de la policía política los funcionarios del MINAGRI toman esta decisión, quitándole lo único que tiene para el sustento de su familia, mientras que “militares y dirigentes del gobierno tienen las mejores tierras del país”.
En el poblado de Quemado de Güines en la provincia de Villa Clara, otro hombre del campo, Ibar González, también opositor, que fue miembro del Movimiento Cristiano Liberación ha sufrido la confiscación de dos usufructos en los últimos seis meses.
En el primer caso fue citado por funcionarios de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), miembros del partido y también estaba presente un oficial de la Seguridad del Estado, donde se le retiraron dos caballerías de tierras dedicadas al cultivo de frijoles, alegando que era un "contrarrevolucionario", cuenta González.
“Yo aporte hasta 60 quintales de frijoles para Acopio en el municipio”, aseguró.
Hace dos semanas se reunió la junta directiva de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) y decidieron quitarle el otro pequeño terreno que aún laboraba, esto como represalia por denunciar la centralización y monopolio estatal del sector agrícola en la isla. “Los animales los tengo en la finca de una amistad y perdí toda la cosecha de aguacates, frutas y el arroz que había sembrado está por ver”, dijo.
Según González, “esa junta directiva está corrupta, comenzando por el propio presidente de la CPA, llamado Modestico, que tiene una finca particular, donde usa a los trabajadores de la cooperativa y además desvía recursos para su beneficio”.
El gobierno cubano recrudece el hostigamiento contra hombres y mujeres del campo en la isla, alertaron la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) en una misiva enviada a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
