Veintidós países le pidieron al gobierno de China en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra que detenga el confinamiento masivo de miembros de la etnia uigur en la zona de Xinjiang, en el noroeste del país.
Según expertos de la ONU y activistas locales, al menos un millón de uigures y miembros de otros grupos musulmanes permanecen internados en campos de detención que, de acuerdo con Pekín, son centros vocacionales para acabar con el extremismo y darles capacitación a los internados.
Sin embargo, Amnistía Internacional dice que son campos de concentración con más de un millón de reos, e imágenes captadas por periodistas como Isobel Yeung, de Vice News, muestran esos campamentos con puertas de rejas, guardias de seguridad y muros cubiertos con alambre de púa.
Cuando ella y su equipo visitaron Xinjiang estaban bajo permanente vigilancia de agentes vestidos de civil, y alguien que habló sin revelar su identidad les dijo que lejos de entrar voluntariamente en los “centros vocacionales”, las personas solo iban allí llevadas por la policía local.
La denuncia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aparece en una carta firmada por embajadores de 22 países, entre ellos Gran Bretaña, Alemania, Francia, Australia, Canadá, Japón y Suiza.
Aunque el texto no fue presentado como un proyecto de resolución por temor a represalias económicas de Pekín, según dijo un diplomático occidental a la agencia Reuters, es la primera acción colectiva sobre el caso.
Estados Unidos no forma parte del grupo porque abandonó el Consejo, pero a principios de mayo, el Subsecretario de Defensa para Asia y el Pacífico, Randall Schriver, calificó esos centros de “campos de concentración”. Asimismo, el gobierno ha exigido a China la libertad de los detenidos.
Personas que estuvieron detenidas en los campamentos de Xinjiang le dijeron a Reuters que habían sido torturadas durante interrogatorios, que vivían aglomeradas en celdas y que el régimen de adoctrinamiento era tan brutal que algunos de los internados se suicidaron.
“Le pedimos a China que respete sus leyes nacionales, sus obligaciones internacionales, los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de religión y de fe en Xinjiang y en toda China”, dice la carta. “Pedimos también que se abstenga de cometer detenciones arbitrarias y de restringir la libertad de movimiento de los uigures y de otras comunidades musulmanas minoritarias en Xinjiang”.
El documento solicita que el gobierno chino permita la entrada en Xinjiang de expertos internacionales, entre ellos la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.
El embajador chino en Ginebra declaró en junio que Bachelet sería bienvenida en Xinjiang. Un vocero de la ONU dijo entonces que se estaban discutiendo los términos de la visita.
