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Supremo rechaza pedido de fiscal general contra Asamblea Constituyente en Venezuela


Una mujer grita consignas a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que bloquean el paso al Tribunal Supremo de Justicia.
Una mujer grita consignas a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que bloquean el paso al Tribunal Supremo de Justicia.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó el lunes el pedido de la fiscal general para frenar el proceso de reforma de la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.

"Por inepta acumulación de pretensiones, Sala Electoral del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) declara inadmisible recurso ejercido por Luisa Ortega Díaz", informó la corte en su cuenta oficial en la red social Twitter.

El jueves la fiscal general había solicitado a ese tribunal la anulación del proceso constituyente ahondando su distanciamiento del gobierno de Maduro, quien avanza en su iniciativa en medio de las críticas de la oposición y la tensión generada por las protestas que han dejado al menos 67 muertos, 1.300 heridos y cientos de detenidos.

Ortega Díaz presentó en la Sala Electoral del máximo tribunal una acción legal para dejar sin efecto la convocatoria a la Asamblea Constituyente, las postulaciones de los candidatos y una serie de bases comiciales aprobadas recientemente por el Consejo Nacional Electoral.

La fiscal general expresó entonces que el futuro de la democracia del país estaba en juego. "Es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente", dijo Ortega Díaz y sostuvo que el proceso promovido por Maduro vulneraba los derechos humanos.

La mayoría de las decisiones que ha emitido en los últimos años el Tribunal Supremo de Justicia han sido a favor del gobierno y buena parte de sus 32 integrantes son señalados de estar vinculados al oficialismo.

Integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana bloquean una vía de acceso al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
Integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana bloquean una vía de acceso al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.

Ortega Díaz comenzó su distanciamiento del gobierno a fines de marzo, cuando objetó públicamente dos sentencias del Tribunal Supremo en las que asumía las competencias del Congreso y limitaba la inmunidad parlamentaria y denunció una "ruptura del orden constitucional".

Semanas después cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas y desmintió la versión del gobierno sobre la muerte de un manifestante

El fallo se produjo al mismo tiempo que comenzaban a concentrarse decenas de manifestantes para exigir al Tribunal Supremo la anulación del proceso constituyente.

La movilización opositora fue contenida por cientos de agentes de la Guardia Nacional que bloquearon con vehículos blindados los alrededores de la sede del Tribunal.

Muy cerca del piquete de la Guardia Nacional los manifestantes fueron repelidos por los llamados "colectivos" -grupos armados afines al gobierno que circulan en motocicletas- que intimidaron física y verbalmente a los asistentes, incluidos los periodistas. Los “colectivos” lanzaron petardos y otros fuegos artificiales contra los manifestantes para obligarlos a dispersarse.

El diputado opositor y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dijo del fallo del Tribunal que “no se podía esperar otra cosa de estos señores que no se merecen llamar magistrados”.

A través de Periscope, Guevara destacó que si bien no lograron llegar a la puerta del Tribunal “ocurrió algo mucho más importante, llegamos al centro. Este es un logro de la resistencia en Caracas”. Por años las movilizaciones opositoras no han podido llegar al centro de Caracas, asiento de los poderes públicos, porque son bloqueadas en los límites de municipios vecinos.

El fallo también coincidió con una paralización parcial del transporte que impidió el traslado de muchos de los pobladores de Caracas y los estados vecinos de Vargas y Miranda a sus centros de trabajo y estudio.

Hugo Ocando, presidente de la Asociación de Conductores del Oeste de Caracas, indicó que la paralización es una medida de presión para denunciar la inseguridad que los afecta por la alta criminalidad y denunciar los altos costos de los repuestos de las unidades en este país azotado por una inflación de tres dígitos y una severa escasez de productos, entre ellos piezas automotrices.

"Nos controlan las tarifas pero no los precios de los repuestos", agregó.

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