Las autoridades judiciales aplazaron, por segunda vez, el juicio previsto para este 30 de junio contra ocho personas, supuestamente, miembros de la organización Cuba Primero, calificada de terrorista por las autoridades del régimen.
La información la proporcionó un pariente cercano de uno de los acusados que pidió no ser identificado.
"La suspensión de un juicio supone una violación a derechos procesales, toda vez que el estado violenta las garantías procesales de los procesados, al negarles certeza sobre sus causas penales, sus sentencias y sus mecanismos de defensa condicionando su reclusión a criterios discrecionales de la fiscalía", indicó Leduán Ramírez, investigador de Justicia 11J.
"Al alargar el juicio, a los implicados se les niega los recursos para apelar las decisiones del tribunal en instancias superiores", enfatizó.
Siete de ellos llevan más de dos años bajo detención preventiva en la Prisión Provincial El Típico, de Las Tunas, lugar donde se celebró el juicio bajo un fuerte operativo de control para impedir el escrutinio público.
Uno de los procesados, Carlos Alberto McDonald Ennis, fue excarcelado bajo fianza, a principios de junio, debido a una grave enfermedad que padece.
El tribunal había avisado la realización del juicio dentro de la cárcel alegando "falta de combustible", una excusa que vulnera flagrantemente el principio de publicidad y transparencia de la Ley del Proceso Penal cubana al vetar la entrada de familiares y observadores independientes.
Los incriminados, por el delito de "propaganda contra el orden constitucional", Javier Reyes Peña para quien el órgano acusador pidió nueve años de privación de libertad; Guillermo Carralero López y Adisbel Mendoza Barroso, para quienes pide ocho años; Pedro Carlos Camacho Ochoa, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis y Enrique González Infante, a los que solicita siete años y seis años para Maikel Hill Ramírez.
De acuerdo a la Petición Fiscal, el imputado Reyes Peña se vinculó “mediante la red social Facebook” a Cuba Primero, “una de las organizaciones criminales radicadas en Estados Unidos que organizan, proveen medios, financian y ejecutan acciones en contra de la seguridad del Estado cubano.
A partir de esta relación, reclutó a varias personas, entre ellos los inculpados en el juicio. Todos fueron detenidos en marzo de 2024, reza el documento jurídico.
Sin embargo, los fundamentos de la acusación se reducen a acciones básicas como expresar opiniones en Facebook, compartir videos de contenido político, charlar con otros internautas y guardar textos impresos. Entre estos últimos figuran ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un tratado internacional que el propio gobierno de La Habana ha firmado.
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