Un tribunal de Colombia suspendió el jueves la extradición a Estados Unidos de un exnegociador de la desmovilizada guerrilla de las FARC y futuro congresista acusado de narcotráfico, un caso que puso en dificultades el naciente acuerdo de paz en el país sudamericano.
Jesús Santrich, quien fue negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el diálogo de paz en Cuba, fue capturado en abril en Bogotá por solicitud de una corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusa de estar implicado en una conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Algunos dirigentes de la FARC, como Iván Márquez, aseguraron que la captura fue un "montaje" que dejó el proceso de paz en un punto crítico y con la amenaza de ser un fracaso.
"Disponer la suspensión del trámite de extradición que se adelanta en su contra por petición de los Estados Unidos de América", dijo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al resolver una solicitud por Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich.
El tribunal de paz interrumpirá ese trámite durante un máximo de 120 días, durante los cuales determinará si Santrich debe ser remitido a la justicia ordinaria colombiana, lo que permitiría proseguir con la extradición, o debe someterse a la justicia transicional.
La JEP también requirió a la Fiscalía toda la información "relativa al trámite de extradición y la privación de la libertad ligada a ella" de Santrich en un plazo de cinco días.
El vocero de la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz, Jesús Ángel Bobadilla Moreno, explicó que la decisión fue tomada de forma unánime, reportó el diario El Colombiano.
Iván Duque, aspirante por el Centro Democrático y favorito en las encuestas, dijo a periodistas que la determinación, a la que calificó de "desafortunada", "se veía venir".
Jesús Santrich fue capturado "por mafioso y además ha sido solicitado en extradición por mafioso", indicó Duque, quien agregó que espera que la decisión "no sea para darle una protección adicional a un criminal y que el país proceda rápidamente a esa extradición que es necesaria".
El aspirante presidencial advirtió que "una vez cumplida la pena por el delito de narcotráfico (en EEUU) debe regresar a Colombia a cumplir su papel ante la justicia y sus penas por los crímenes de lesa humanidad" que cometió en Colombia.
Por lo anterior, reiteró que de ganar las elecciones del próximo 27 de mayo promoverá "la extradición de Jesús Santrich".
Mientras, al candidato presidencial por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, quinto en los sondeos de intención de voto, le pareció "absolutamente lógica" la decisión de la JEP, ya que "es exactamente lo que dice la ley".
A juicio del aspirante "hay que revisar primero la fecha en que ocurrieron los hechos que se le imputan a Santrich y eso corresponde a la jurisdicción, y es obvio que mientras no se haga esa verificación no procede aún la extradición".
Lo anterior, explicó, "no significa que se haya negado la extradición sino que se está cumpliendo rigurosamente y con absoluta sujeción a la ley el procedimiento que yo mismo había señalado".
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en noviembre del 2016 un acuerdo para poner fin a un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
Según el acuerdo, los miembros de las FARC serían extraditados si continuaban delinquiendo después de la firma.
Bajo los términos del acuerdo, más de 12.000 integrantes de la antigua guerrilla -entre combatientes, auxiliadores y presos- abandonaron la lucha armada, depusieron sus armas y conformaron un partido político con el que debutaron, con una baja votación, en las elecciones legislativas de marzo.
Sin embargo, el acuerdo le garantiza a la FARC, que mantuvieron la misma sigla de la guerrilla, cinco asientos en el Senado y cinco más en la Cámara de Representantes hasta 2026. Santrich, quien según las acusaciones cometió el delito después de la firma del acuerdo, ocuparía uno de los escaños en la cámara.
La denominada JEP fue uno de los puntos más polémicos en la negociación de cuatro años con las FARC, para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada, reclutamiento de menores y abuso sexual, entre otros delitos cometidos durante la confrontación.
(Con información de Reuters, EFE y El Colombiano)
