Venezuela cierra el año 2019 con dos presidentes: Nicolás Maduro, que la oposición califica de "usurpador", y Juan Guaidó, mandatario encargado con respaldo internacional que busca la vía hacia unas elecciones transparentes para lograr un cambio político en el país petrolero.
A pesar de la mediación internacional, el envío de ayuda humanitaria y la visita a Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, las cifras e indicadores sociales reflejaron una crisis cada vez más aguda en el país petrolero durante el año que termina.
Operación Libertad llama a terminar usurpación de Maduro en Venezuela
El 5 de enero de 2019, Juan Guaidó -un activista político hasta ese momento poco conocido del partido Voluntad Popular- asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder legítimo de esta nación suramericana. Su ascenso a la cabeza del parlamento es resultado de la continuidad de uno de los pactos políticos entre los partidos de oposición que conviven en la coalición opositora llamada Unidad Democrática.
Durante su discurso ante el Parlamento, Guaidó explicó que la ruta para lograr el cambio político sería el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Llamó al régimen de Maduro una “dictadura sin máscaras y sin filtros” y le dijo: “y por si no te ha quedado claro, Maduro el 10 de enero ¡No te vamos a juramentar!”.
La juramentación de Maduro fue celebrada el 10 de enero a puerta cerrada, por primera vez en la historia democrática de Venezuela, en el Tribunal Supremo de Justicia. “Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados, del gran cacique Guaicaipuro, por el legado nuestro amado comandante Hugo Chávez (…)”, dijo Maduro.
La figura de Guaidó cobró relevancia el 23 de enero, día en el que -cuando históricamente se celebra la institucionalización de la democracia en Venezuela- juró como presidente encargado de Venezuela ante una multitud convocada en una concentración en Caracas, ante el vacío de poder que generaron las acusaciones de ilegitimidad contra las elecciones del 20 mayo de 2018, con las que Maduro se mantuvo en la presidencia de la república.
“Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres", dijo Guaidó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció ese mismo día el gobierno interino de Guaidó. Maduro respondió rompiendo relaciones con el país norteamericano.
Un mes después, el 23 de febrero, desde Cúcuta, Colombia, a donde llegó cruzando por las trochas (pasos fronterizos ilegales), Guaidó recibió de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Paraguay, Mario Abdó, la ayuda humanitaria para Venezuela procedente de diferentes partes del mundo.
El régimen de Maduro ordenó impedir el acceso de ayuda humanitaria que también se intentó ingresar desde Brasil. La represión dejó un saldo de 25 indígenas pemones asesinados en el estado Bolívar al sureste de Venezuela en la frontera con Brasil, según lo denunció el diputado Ramón Flores presidente del Parlamento Amazónico.
“Veinticinco pemones, 25 venezolanos que fueron acribillados a mansalva por este régimen usurpador”, dijo Flores.
Además de la crisis política, los venezolanos enfrentaron el agravamiento de las condiciones socioeconómicas con un primer mega apagón el 7 de marzo, un corte del servicio eléctrico que dejó al país sin luz por cinco días. El restablecimiento del servicio fue progresivo, aunque Maduro anunció un mes después un plan de racionamiento de servicio eléctrico que sometió a cortes programados de luz a casi todas las regiones de Venezuela. El más afectado es el estado Zulia, donde al cierre de 2019 se superan en ocasiones las 14 horas sin luz en un día. Maduro, de nuevo, acusó a Estados Unidos de sabotaje.
En marzo de 2019 se incrementó la persecución del régimen contra Guaidó. Primero con el secuestro y detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Roberto Marrero, su jefe de despacho presidencial.
“Como no se atreve a encarcelarme, simplemente porque no manda, porque le rompieron la cadena de mando, pasaron por encima de él (Maduro) y secuestraron injustamente a Roberto Marrero”, señaló Guaidó.
Unos 15 días después del primero, el 25 de marzo, se registró un segundo apagón que afectó 16 estados, por el que Maduro pidió paciencia a los venezolanos para resolverlo y Guaidó prometió acciones contundentes contra el gobierno de Cuba.
“No más petróleo a Cuba. No más chuleo mientras nuestra gente pasa hambre y necesita medicamentos”, dijo entonces Guaidó.
El 29 de marzo se registró un tercer apagón que dejó a oscuras a los 23 estados de Venezuela. La falta de luz agravó la crisis socioeconómica, para la que sirvió como un aliciente la llegada del primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Su presidente en Venezuela, Mario Villarroel, reafirmó que “la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad, independencia. Le pedimos a todos sin excepción que nos permitan la politización de este gran logro”.
Los venezolanos y la comunidad internacional, unos 50 países que ya venían respaldando a Guaidó, quedaron sorprendidos por una inesperada transmisión por redes sociales, el 30 de abril, de Guaidó junto a Leopoldo López, quien venía cumpliendo arresto domiciliario como parte de una condena de casi 14 años. Los acompañaban el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Cristopher Figuera.
Guaidó liberó a López y en las inmediaciones de la base aérea militar La Carlota, en Caracas, intentó lograr la adhesión de los militares para alcanzar la ruta trazada para el cambio político en Venezuela.
“Como presidente encargado de Venezuela, como legítimo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados y a toda la familia militar a acompañarnos en esta gesta, como siempre lo hemos hecho en el marco de la Constitución y en el marco de la lucha no violenta”, dijo Guaidó.
Al evento del 30 de abril, que el régimen de Nicolás Maduro calificó como un golpe de Estado, le siguió la separación pública del chavismo, mediante una carta, del director del Sebin, el general Cristopher Figuera.
El Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Asamblea Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria por desacato a Guaidó. También ordenó de enjuiciar a seis diputados de la Asamblea Nacional por haber participado en los eventos del 30 de abril, entre ellos el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue detenido el 8 de mayo.
El 16 de mayo, en medio de la persecución del régimen a la oposición, Guaidó confirma reuniones entre emisarios de Maduro y de opositores en Noruega para lograr un acuerdo que diera una salida política a la crisis. Pero reitera que la única solución a la crisis es la salida de Maduro del poder. También ese mismo día se fuga Iván Simonovis de su casa, donde cumplía una pena de 30 años por los hechos del 11 de abril de 2002.
Entre el 19 y el 21 de junio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visitó Venezuela como parte de la última fase para emitir su informe sobre la situación de los derechos humanos en este país. Bachelet exigió al régimen de Maduro la liberación de los presos políticos al final de su visita a Caracas.
“Hago un llamado a las autoridades a liberar a todos los que estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”, dijo Bachelet en conferencia de prensa.
Maduro descalificó el informe de Bachelet. Guaidó lo calificó como reflejo de la evidencia de una catástrofe.
Ocho días después de la visita de Bachelet a Venezuela, el 29 de junio, el capitán de navío Rafael Acosta Arévalo fue asesinado. Su abogado, Alonso Medina, denunció que el régimen de Maduro pretendió evadir la responsabilidad por tortura en el crimen.
“La única explicación es que el delito de homicidio podría generar responsabilidades individuales mientras que por el caso de los delitos de tortura le genera responsabilidad al Estado la cual pretende evadir”, explicó Medina.
El intento infructuoso de Noruega por mediar entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó tuvo su fin a finales de julio en Barbados, y fue seguido por nuevas sanciones de Estados Unidos a cualquier tipo de transacción con el régimen chavista.
La reacción de Maduro no se hizo esperar y el 13 de septiembre anunció una investigación penal contra Guaidó.
A pesar de los señalamientos en contra del régimen de Maduro por violación de derechos humanos, el 17 de octubre Venezuela fue elegida, con 105 votos a favor, para integrar el Consejo de DDHH de la ONU, ocupando la vacante que dejó Cuba.
El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, celebró el hecho como “un importante logro que Venezuela haya sido electa para ingresar como miembro del Consejo de Derechos Humanos porque es una voz importante que estará allí para el tema de la paz”.
Ese mismo día, Saab anunció la excarcelación de 24 presos políticos.
El 20 de diciembre, a escasos 15 días para la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, resultó desaparecido por funcionarios de las FAES, el diputado del partido Voluntad Popular Gilber Caro, tal y como lo explicó la diputada Adriana Pichardo. Diputados opositores denunciaron que es una treta más del régimen de Maduro para impedir la reelección de Guaidó.
Venezuela cierra el 2019 con cifras rojas en migraciones forzadas, casi cinco millones de venezolanos, según organismos internacionales. Con cifras incalculables de personas que han fallecido por innumerables consecuencias de la crisis humanitaria, o como el joven Rufo Chacón, quien perdió la vista por disparos de perdigones mientras protestaba por falta de gas para cocinar.
Se mantiene, además, como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. Concluye el 2019 con un estimado de al menos el 16.506 fallecidos por causas violentas según el Observatorio Venezolano de Violencia.
