Las autoridades venezolanas han cometido desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en particular contra personas consideradas disidentes, denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este martes.
“La comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela. La escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo, e impulsar la acción de la justicia internacional”, dijo Agnès Callamard, secretaria General de la organización.
“Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite”, agregó.
El documento, "Detenciones sin rastro. El crimen de desaparición forzada en Venezuela", documenta 15 casos ocurridos entre el 28 de julio de 2024 —fecha de las elecciones presidenciales— y el 15 de junio de 2025. De esas víctimas, once continúan desaparecidas, incluyendo ciudadanos de Venezuela, Estados Unidos, España, Francia, Colombia, Ucrania y Uruguay.
“La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida y somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario", indica el texto.
Amnistía Internacional sostiene que estas prácticas se ejecutan con participación de organismos de seguridad como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Según el informe, las detenciones suelen ser arbitrarias y motivadas políticamente. Las víctimas incluyen activistas, periodistas, miembros de la oposición y defensores de derechos humanos.
AI advierte que las desapariciones forzadas cumplen con los elementos del crimen de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
Amnistía llamó a la CPI a incluir las desapariciones forzadas en su investigación sobre Venezuela y pidió a los Estados que ejerzan jurisdicción universal para procesar a responsables. “La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe”, subrayó la secretaria general.
Al cierre del informe, se estima que al menos 46 personas permanecen desaparecidas forzadamente en Venezuela, según datos del Foro Penal.
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