El viceministro panameño de Seguridad Nacional, Jonathan del Rosario, dijo estar dispuesto a buscar un acercamiento con la Pastoral Social Cáritas Panamá, a fin de evaluar los sitios que esa entidad de la Iglesia Católica asegura tener disponibles para albergar a los cubanos varados en Lajas Blancas, en la selvática provincia de Darién.
“Mañana voy a conversar con el diácono de Cáritas, Víctor Berríos; primero tengo que hacer un análisis legal sobre si esa opción es viable o no, porque yo no puedo actuar al margen de la ley”, dijo el funcionario a los cubanos, que se han declarado en huelga de hambre para demandar su traslado a las instalaciones de la iglesia en Ciudad de Panamá.
Es la primera vez que un alto funcionario del gobierno istmeño visita a los migrantes cubanos retenidos en ese pueblo del Darién.
“Quiero que quede claro, los cubanos que estamos aquí le decimos que preferimos morir en esta selva antes que regresar a la dictadura castrista”, manifestó Ernesto Banderas, natural de la Habana.
“Me llevo su preocupación”, respondió el viceministro, quien dijo a sus interlocutores haber quedado complacido con la reunión porque “hemos tenido un dialogó productivo y respetuoso”.
Los migrantes transmitieron al representante del gobierno que viven en “condiciones de vida infrahumanas en el campamento; agua contaminada, un rio que sirve como sitio único para aseo personal, en el que hay serpientes y caimanes”, entre otras vicisitudes.
Uno de los cubanos mencionó el caso de un paisano que sufría de varicocele y necesitaba una cirugía. Fue trasladado a la capital istmeña, supuestamente a un hospital. Más tarde se enteraron de que había sido deportado a La Habana, y que en sus documentos aparecía el termino, “deportación voluntaria”. “Aquí nadie quiere por voluntad propia regresar a Cuba”, aseguró.
“Si nosotros les pedimos a ustedes colaboración para llevarlos al doctor, cuenten con la confianza de que para eso los estamos trasladando. Cuando enviamos a una persona a un centro de salud, nosotros damos nuestra palabra”, dijo del Rosario.
Tras recordar que Panamá es un país que respeta la libre expresión y en el que existe un estado de derecho, el funcionario manifestó que para su gobierno el tema de la salud es prioritario.
“Por favor no pongan en riesgo sus propias vidas ni la del resto del campamento por temas de enfermedades que pueden ser atendidas de manera oportuna”.
Los migrantes cubanos en Lajas Blancas son parte de unos 500 que se quedaron estancados en Panamá luego de que el 12 de enero último el presidente saliente de EE.UU., Barack Obama, dejara sin efecto la política de pies secos-pies mojados, una disposición ejecutiva que permitía a los antillanos ilegales ingresar a Estados Unidos una vez que tocaran suelo norteamericano.
El viceministro dijo que Panamá, así como es un país de protección, cumplidor de las leyes internacionales, es también “un país de leyes” y en ese sentido hizo un recuento de cómo llegaron los cubanos a la nación istmeña, de manera irregular “cruzando trochas”.
“Con mucho respeto se lo transmito: deben reconocer que han violado la legislación migratoria de nuestro país”.
Desde que comenzaron la huelga de hambre el miércoles ocho cubanos han requerido atención médica. Los sanitarios del Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRONT, han suministrado sueros de dextrosa a los débiles ayunantes que sufren los efectos de la deshidratación; mareos y finalmente desmayos.
Entre los más de 60 migrantes en huelga hay a quienes padecen diabetes, hipertensión arterial, anemia y una fuente cercana al grupo que pidió el anonimato dijo que “hay un matrimonio con SIDA”.
Los ayunantes dijeron que seguirán firmes en su postura y continuarán la protesta hasta que se cumpla su demanda: el traslado a las instalaciones que dispone para ellos CARITAS en la capital del país.
