Las autoridades continúan hostigando a los manifestantes del 11J encarcelados en los diferentes centros penitenciarios cubanos, según denunciaron este lunes a Radio Televisión Martí sus familiares.
Es el caso de Juan Enrique Pérez Sánchez, residente del poblado de Vegas, en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, que cumple años de condena en el penal de Quivicán por los presuntos de delitos de “sabotaje”, “desacato” y “desorden público”. Cuenta su esposa, Dayana Aranda Batista, que hace dos meses no lo puede visitar.
“Lo último que sé de mi esposo es que se mantiene en su posición, que se niega a seguir usando la ropa de preso común. Le restringieron todas sus llamadas y visitas, le quitaron todos los privilegios para reclusos, y lo mantienen en el mismo destacamento con asesinos que cumplen hasta de 40 años por asesinato. Él es la única persona del 11 de julio que se encuentra en ese destacamento”, dijo Aranda Batista.
Por su parte, la semana pasada le suspendieron la visita conyugal al cuentapropista Yosvany Rosell García Caso, sentenciado a 15 años de condena en el penal de Cuba Sí, en Holguín, por el supuesto delito de “sedición”.
García Caso sigue recibiendo castigo por la postura que asumió en el primer aniversario de las protestas, al intentar vestirse de blanco en prisión, y tampoco tiene medicamentos, afirma su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.
“El día 23 de agosto tenía la visita conyugal y, nuevamente, fue suspendida, porque está castigado debido a todo lo ocurrido el 11 de julio y la posterior huelga de hambre. Es terrible la situación, porque ellos esperan la jaba de alimentos que uno les lleva de la casa, porque allí los presos se están muriendo de hambre”, dijo la mujer.
El preso político, asegura su esposa, se ha quedado sin medicamentos en varias ocasiones, y cuando intenta llevárselos, las autoridades del penal no los aceptan. “Les reclame a ellos que, si no tenían medicinas, por qué no aceptan el que uno lleva”.
Mientras tanto, las autoridades del penal de mujeres del Guatao, en La Lisa, le informaron a Lizandra Góngora Espinosa, madre de cinco niños, condenada a14 años por los presuntos delitos de “sabotaje”, “robo con fuerza” y “desórdenes públicos”, por su participación en las protestas en Güira de Melena, que será trasladada hacia otra provincia.
Góngora Espinosa, aquejada de lesiones cutáneas, no tiene acceso a medicamentos para su tratar su condición de salud en el penal, alerta su esposo, Ángel Delgado.
“Lizandra padece de esa enfermedad en la piel provocada por el estrés que ya le está afectando casi todo el cuerpo, y no me dejan tomarle una foto con el teléfono para, con mis medios, llevársela a un especialista en dermatología”, explicó Delgado.
Sobre el traslado, dijo que “Yasnay, que es la segunda jefa de la prisión”, le informó a Góngora Espinosa que, próximamente, sería trasladada a otro penal.
“Yo estoy cuidando tres menores en casa, y soy el único que la visita, por tanto, al trasladarla lejos, no tendré posibilidades para ir a las visitas”, denunció el esposo de la presa política.
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