El líder opositor José Daniel Ferrer se declaró en huelga de hambre en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, para protestar contra su reclusión, que considera ilegal e injusta, y las condiciones infrahumanas en las que vive la población penal.

Con su acción, el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) demanda también que cesen en ese centro penitenciario los malos tratos, los abusos, el hambre, la falta de atención médica, la provisión de alimentos en estado de descomposición y de agua contaminada.

La información, publicada en las redes sociales del preso político, fue confirmada a Martí Noticias por su hermana, la activista exiliada en Estados Unidos Ana Belkis Ferrer.

“Nos llegó la información, por dos vías, que ya José Daniel estaba en huelga de hambre. Todo indica que adelantó la huelga de hambre que nos había mandado a decir comenzaría el día 1º. de julio”, dijo la hermana del preso político, sin aportar más detalles.

José Daniel Ferrer denunció, además, que ha sido agredido en dos ocasiones por reos comunes al servicio de los mandos penitenciarios y de la Seguridad del Estado.

“Llevaron delincuentes al servicio de la dictadura recluidos en prisión de Boniato para Mar Verde a golpear a José Daniel”, indicó Ana Belkis.

Las autoridades acusan al líder de UNPACU y coordinador del Consejo para la Transición Democrática en Cuba de propaganda contra el orden constitucional y desacato a la figura del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Antes de ser devuelto a prisión, Ferrer estableció en su casa del reparto santiaguero Altamira, que sirve de sede a la UNPACU, un comedor donde cientos de personas vulnerables acudían a alimentarse diariamente.

Declarado "prisionero de conciencia" por Amnistía Internacional, Ferrer, de 54 años, es uno de los 75 opositores condenados durante la Primavera Negra de Cuba en el 2003. Su sentencia fue de 25 años de privación de libertad, pero fue liberado en 2011 bajo una licencia extrapenal. En 2019, fue sentenciado nuevamente a cuatro años y medio de cárcel.

Seis meses después lo liberaron con una medida cautelar de “limitación de libertad”, que le fue revocada el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba a las masivas portestas que sacudieron la isla ese día.

El pasado 29 de abril, el régimen cubano revocó la libertad condicional otorgada a Ferrer en enero, tras conversaciones entre el Gobierno y el Vaticano.

Las autoridades de la prisión de Mar Verde han impedido, en numerosas ocasiones, la visita familiar al líder opositor.

La opacidad estadística sobre la pobreza en Cuba constituye un elemento fundamental en la construcción del relato oficial sobre la situación económica y social del país, con el que el gobierno dibuja un país que no existe, señalan expertos.

Este fenómeno no solo afecta la interpretación interna de la realidad, sino que también limita las posibilidades de evaluación objetiva por parte de organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en los que Cuba participa activamente, señaló este domingo en un hilo en X el economista Pedro Monreal.

"Cuba brilla por su ausencia en la “Nota metodológica: Indicadores en CEPALSTAT estimados a partir del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)” que permite generar indicadores socioeconómicos comparables entre países, especialmente acerca de la pobreza", señaló, sobre el informe publicado en junio pasado por ese organismo regional.

Monreal explicó que en Cuba se captan datos mediante la Encuesta Nacional sobre la Situación Económica de los Hogares (ESEH). La última de su tipo, añadió, se realizó a finales de 2022, y aunque se anunció oficialmente, sus resultados nunca fueron publicados y, al parecer, tampoco fueron comunicados a la CEPAL.

El economista subraya que esta falta de transparencia de datos clave sobre pobreza y desigualdad en Cuba es parte de un esquema más amplio que contribuye a perpetuar una visión oficial sobre el bienestar social que no se corresponde con la realidad. En lugar de una discusión informada y basada en datos, el discurso del régimen cubano asegura que la asistencia social es suficiente para garantizar el bienestar de los que llama "sectores vulnerables", apuntó.

"Siendo la “continuidad” del empobrecimiento masivo un fenómeno sobresaliente de la Cuba actual, la deshonestidad estadística facilita el discurso oficial de esconder la cabeza como el avestruz, acompañado por la perorata sobre la asistencia social a los vulnerables", subrayó Monreal.

Esta práctica permite al gobierno evitar una reflexión crítica sobre las causas subyacentes del empobrecimiento generalizado en la isla y la verdadera extensión de las desigualdades sociales. Además, perpetúa una imagen distorsionada de la situación económica del país, que se presenta como más positiva de lo que realmente es, opinó el experto.

Los informes de la CEPAL ayudan a comprender el contexto económico y social de los países miembros, incluido Cuba, particularmente en lo que respecta a la medición de la pobreza.

En su reporte, la CEPAL subraya la importancia de contar con datos confiables para realizar una evaluación precisa del bienestar de la población. La falta de estos datos en Cuba limita la capacidad para formular políticas públicas eficaces orientadas a la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Según el informe “El Estado de los Derechos Sociales en Cuba”, publicado en julio de 2024 por el independiente Observatorio Cubano de Derechos Humanos, señala que el 89% de la población cubana vive en extrema pobreza, un aumento de un punto porcentual respecto al año anterior. Sin embargo, en octubre pasado, durante su participación en el Foro Mundial de la Alimentación, el gobernante Miguel Díaz-Canel se limitó a decir que intentaban aumentar las "capacidades productivas".

Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con el subsecuente aumento de la pobreza, dijo la semana pasada a Martí Noticias el economista Orlando Freire Santana.

"La situación es insostenible. Una inflación galopante que está afectando a todo el mundo, a los trabajadores. Pero yo me imagino en qué situación estarán los pobres jubilados que ganan una pensión de 1,500 pesos. ¿Cómo viven? No me puedo imaginar cómo esa gente vive".

Freire Santana coincidió con Monreal en que el mecanismo establecido por el Estado para ayudar a estas personas, del que forma parte el Sistema de Atención a las Familias (SAF), no cubre ni la primera parte de sus necesidades.

La madre de los prisioneros políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, encarcelados por unirse a las protestas del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque, denunció este sábado que persisten los abusos en el campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, donde se encuentra uno de ellos.

"Sigue la tortura sigue el horror. No tengo conexión para hacer directa, pero sí para denunciar está injusticia. El jefe de prisión, mayor López, cogió por el cuello a Jorgito y lo de empujó para dentro del teatro, lleno de aguas albañales, donde cae el orine de los baños que están arriba", describió Marta Perdomo en un post en su cuenta de Facebook.

La mujer explicó que en el campamento de trabajo forzado hay los presos se exponen a brotes de enfermedades contagiosas como la hepatitis y la tuberculosis, y que este lugar a donde fuerzan a permanecer a algunos reos, incluido su hijo, es "el lugar perfecto para que los presos se enfermen".

"Ya él pasó por una bronquitis por cuenta de estar en ese mismo lugar, donde la doctora jefa de la provincia prohibió hace muchos meses atrás que siguieran metiendo los reclusos en ese lugar. Jorgito se quiere la vida y por eso no quiere estar ahí", señaló Marta.

En un audio compartido en Facebook, la madre de los hermanos Martín Perdomo explica que su hijo Jorge le hizo llegar un mensaje desde prisión pidiéndole que denunciara lo que está ocurriendo.

Marta se dirigió a la sede de la Seguridad del Estado en el municipio, pero le respondieron que "no había gasolina" para ir al campamento correccional a verificar la situación.

"Quiero, simplemente, que Jorgito me haga una llamada, eso es lo que quiero", dijo Marta, quien sospecha que lo ocurrido con su hijo se debe a "un problema personal" del jefe de prisión y la represalia de otros funcionarios, y teme por su integridad física.

Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por participar en las históricas protestas del 11J.

"Yo, como madre, quiero la vida de mis hijos sana, que desgraciadamente me los tienen secuestrados. Lo que quiero es escuchar la voz de mi hijo Jorgito. De este jefe de prisión se espera lo peor", reiteró la madre de los presos políticos.