El aumento de pensiones para jubilados en Cuba anunciado la semana pasada por el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz no significará un incremento real y sostenido del poder adquisitivo de este sector poblacional, explicó el economista Pedro Monreal.

En un hilo en la red social X, Monreal hace una disección de la medida que las autoridades cubanas han presentado como un beneficio adicional para aliviar una situación de vulnerabilidad, sin mencionar el eventual impacto inflacionario de la misma.

"El “abaratamiento” del gasto de seguridad social en relación con el PIB ha creado “espacio fiscal” para incrementar ese gasto, aunque esto no se menciona oficialmente. Se hace pasar por generosidad lo que ha sido resultado de una compresión relativa de beneficios", señaló el experto.

En una intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pasado miércoles, Marrero dijo que a partir de septiembre se implementará un incremento a las pensiones de cubanos que reciben hasta 4,000 pesos mensuales. Según cifras oficiales, casi el 40% de los jubilados de la isla cobran la pensión mínima de 1.528 pesos mensuales, menos de 4 dólares al cambio actual en el mercado informal.

Monreal plantea varias cuestiones que a su juicio deberían aclarar las autoridades ante la implementación de esta medida, que representaría un gasto extra de 22 mil millones CUP anuales (1830 millones/mes). Según informes presentados ante la Asamblea Nacional, al cierre del primer semestre de 2025, el déficit fue 29,2 mil millones inferior al plan.

"Un primer punto que debería aclararse es si esa holgura se mantendría hasta el final de 2025, de manera que el “ahorro” a nivel del déficit pudiera compensar el gasto extra de 7,300 mil millones CUP (4 meses de aumento de pensiones en septiembre- diciembre 2025)", apuntó el economista.

Monreal dice que un segundo punto que requiere explicación es si el Estado prevé un nuevo incremento de pensiones en 2026, "considerando la erosión que representa para los beneficios de la seguridad social una inflación oficial de aproximadamente 15% (que subvalora el nivel real de inflación)".

Cuestiona, además, en un tercer punto, si las autoridades tienen la intención de modificar el modelo del presupuesto de seguridad social actual, "crónicamente deficitario en el rango de 1 a 3% del PIB, porque el gasto siempre supera las contribuciones".

El experto llama la atención sobre el hecho de que un déficit permanente de la seguridad social implicaría dedicar fondos destinados a otros usos para cubrirlo. Por otro lado, crear mecanismos que produzcan déficit cero para ese programa social contribuiría al equilibrio macroeconómico, explicó.

"Incluso en el caso -todavía no confirmado- de que el aumento de pensiones se produjese en el marco de una reducción del déficit fiscal en 2025 y 2026, que no se traduciría en emisión monetaria extra, las mayores pensiones pudieran contribuir al aumento de precios", alertó el economista.

El costo actual de la vida en Cuba es insostenible incluso para los jubilados con mayores ingresos. La inflación genera precios de los productos básicos, como los alimentos, que un pensionado no puede pagar.

Monreal apunta que los 22 mil millones de CUP adicionales de demanda que el incremento de las pensiones inyectará al mercado interno estatal de alimentos en moneda nacional "no son una cifra insignificante". La cifra equivale al 60,8% del total de ventas de alimentos en el sector estatal en 2024 (36,2 mil millones), ilustró.

"En condiciones de falta de respuesta en la oferta de alimentos que existe ahora, y que previsiblemente se mantendrá en 2026, el aumento de pensiones presionaría los precios, lo que a su vez mermaría rápidamente el poder de compra de las pensiones", concluyó el experto.

Ante esta realidad, Monreal se pregunta si el Estado protegerá el poder de compra de las pensiones mediante "aumentos imprevistos" como el recientemente anunciado por Marrero, o si adoptará "algún mecanismo automático" para ajustar las pensiones según la dinámica de los precios.

Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas con cortes de electricidad que promedian hasta 20 horas al día en gran parte de la isla, escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad. En los últimos cinco años, la actividad económica del país ha registrado una caída del 11%, según datos oficiales recientes.

La Administración Trump revocó las visas del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, y de otros magistrados involucrados en el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro.

La Corte Suprema de Brasil intensificó su caso contra Bolsonaro, y la policía federal allanó el viernes su domicilio, le colocó un grillete electrónico y le impuso restricciones a su movimiento y comunicación, incluyendo la prohibición de contactar a funcionarios extranjeros y usar redes sociales.

Bolsonaro ha denunciado la persecución en su contra: "Me están juzgado por un supuesto Golpe de Estado, dado un domingo, sin armas, sin tropas, mientras yo estaba en EEUU... Algo realmente increíble, un crimen inexistente...".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que "la cacería política del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos fundamentales de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las costas de Brasil y afecta a los estadounidenses".

"Por lo tanto, he ordenado la revocación de visas para Moraes y sus aliados en el tribunal, así como para sus familiares directos, con efecto inmediato", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense en una declaración.

Tras el anuncio de las sanciones, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de "arbitraria" e "infundada" la decisión de Estados Unidos.

En un comunicado divulgado este sábado, el líder izquierdista dijo que "la injerencia de un país en el sistema judicial de otro es inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones".

Rubio indicó que la política de restricción de visas se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza al Secretario de Estado a declarar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada a Estados Unidos “pudiera tener consecuencias potencialmente adversas y graves para la política exterior”.

El 9 de julio, el presidente Donald Trump anunció un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas.

El presidente Trump envió una carta de respaldo a Bolsonaro en la que denuncia "el trato atroz que recibe a manos de un sistema injusto que lo perjudica".

"Comparto su compromiso de escuchar la voz del pueblo y estoy profundamente preocupado por los ataques a la libertad de expresión, tanto en Brasil como en Estados Unidos, provenientes del actual gobierno. He expresado enérgicamente mi desaprobación, tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria. Espero sinceramente que el gobierno brasileño cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a este ridículo régimen de censura. Estaré atento", escribió el mandatario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó un recordatorio acerca de cómo se determina el tiempo de permanencia de una persona que tiene visa para visitar ese país.

"El tiempo que un visitante internacional puede permanecer en Estados Unidos lo determina el agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a su llegada, NO la fecha de vencimiento de su visa", explica la información divulgada por esa agencia federal.

En la aclaración, remiten a los interesados a consultar cuánto tiempo pueden quedarse en Estados Unidos, en el documento I-94 en esta dirección electrónica https://i94.cbp.dhs.gov/search/compliance-search.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza automatizó el Formulario I-94 en los puertos de entrada al país.

El escritor y periodista cubano Jorge Fernández Era fue agredido físicamente por un oficial de la policía política en una estación policial en La Habana donde estuvo detenido, según denunció la víctima en sus redes sociales.

Fernández Era dijo que el hecho ocurrió durante una detención temporal en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zanja, en Centro Habana.

"Las imágenes de hoy no son disfraz. Un joven teniente coronel de la Seguridad del Estado, supuestamente nombrado Yoán, por decirle cínico y fascista, me dio con todo y lo demostró con creces", escribió en un post que ilustra con fotografías de varias heridas en el rostro.

Este intelectual cubano ha sido víctima de detención, vigilancia y represalias del gobierno contra su hijo encarcelado. También ha enfrentado cargos por desobediencia, detención tras una protesta pacífica planificada e interrogatorios relacionados con sus publicaciones.

El Observatorio de Derechos Culturales denunció el viernes que un cerco policial había sido desplegado desde el amanecer en los alrededores de la vivienda de Fernández Era y de la de la antropóloga Jenny Pantoja Torres, para impedirles que repitieran la "Protesta del 18", impulsada desde hace dos años por la académica Alina Bárbara López Hernández para exigir reformas democráticas en Cuba.

"No importa si las mazmorras son de un dictador como Fulgencio Batista o de un Estado dictatorial encabezado por un Partido Comunista; si en ellas se tortura, se golpea y se violan los derechos elementales de un ser humano, no hay diferencia alguna. Son sicarios, son fascistas, son esbirros, aunque no les gusten esos términos. No hay otros", denunció López Hernández.

"En Cuba, lo único que va faltando es que empiecen a aparecer personas muertas en las guardarrayas. Pero ya llegaremos a ese punto. Ojalá los que aún guardan silencio sean capaces de levantar su voz. Aquí la historia de que no sabíamos no podrá justificar a nadie. Historiadores cubanos: aquí se está haciendo historia. Esto que nos está pasando es la historia. Y será escrita. Y mientras nuestros derechos son violados impunemente, el poder se perpetúa. Con la connivencia de la Asamblea fue eliminado el límite de 60 años para ocupar el cargo de presidente de la República que establecía la Constitución de 2019. Seguimos gobernados por una gerontocracia inepta y corrupta", sentenció la historiadora.