Opiniones
Juan Carlos González Leiva, líder del Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba
- Amado Gil
- José Luis Ramos
Las noticias como son | Lunes, 15 de Diciembre del 2025
Hoy, Amado Gil, en Tertulia con Boris González Arena y Alejandro Tur Valladares, comentan la propuesta del presidente de Venezuela de crear una misión internacional para asistir energéticamente a Cuba. Además, sigue en aumento de la dependencia alimentaria de Cuba. Y el pleno del PCC: nada nuevo.
Robo de saldo telefónico y dinero: denuncian abusos en detenciones de opositores en Cuba
Activistas y opositores cubanos han denunciado en los últimos días la presunta sustracción de su saldo telefónico y dinero en efectivo mientras se encontraban detenidos en diversas unidades policiales del país.
Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, compartió su experiencia con Martí Noticias. Según explicó, en una detención reciente se le habría retirado el crédito de su teléfono, y en otra ocurrida la semana pasada, le sustrajeron más de 1,000 pesos cubanos en efectivo que llevaba en su billetera.
“Mil doscientos pesos en dinero y entonces, días atrás, fui citado y también me robaron todo el saldo del teléfono que tenía yo”, afirmó.
El saldo telefónico corresponde al crédito prepagado utilizado por los usuarios de ETECSA, la única empresa de telecomunicaciones en Cuba, para acceder a servicios como Internet. Hernández Leyva indicó que agentes policiales le retiraron artículos como teléfono y billetera al ingresar a la unidad conocida como la Sexta, ubicada en Marianao, La Habana.
Posteriormente, el opositor se dirigió a la misma unidad para interponer una denuncia. Relató que le dijeron que investigarían quiénes le habían quitado sus pertenencias, pero él expresó su escepticismo: “Yo le digo así mismo, ustedes lo que están hablando es para justificar todo, pero ustedes no van a devolver las cosas, ustedes siguen robándome por gusto, están abusando de mí por gusto”, relató.
Martí Noticias intentó establecer comunicación con la Sexta unidad de la policía de Marianao, pero no obtuvo respuesta.
Esta práctica no es considerada nueva por el opositor y expreso político cubano exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, quien aseguró haber sido víctima y testigo de esta práctica en múltiples ocasiones, la cual considera no solo una demostración de fuerza, sino “una demostración de impunidad, es decir, hacemos lo que nos da la gana, no solo te encarcelamos: te pateamos, te reprimimos, sino que también te robamos el saldo de los teléfonos”, comentó.
El 10 de diciembre, el comunicador independiente Julio César Álvarez Marrero fue detenido en la ciudad de Holguín y pasó tres días en la unidad conocida como El Anillo. Las autoridades entregaron su teléfono a su esposa, quien, al verificarlo, se percató de la presunta sustracción del saldo telefónico.
Sobre lo ocurrido, Álvarez Marrero dijo a Martí Noticias que su esposa notó el robo del dinero al revisar si le quedaba algún mega de datos. Comentó que le quedaban unos 10 gigabytes de un paquete de 12 comprado días antes, pero el dinero había desaparecido. También señaló que su teléfono fue dañado y ya no funciona correctamente, encendiéndose solo por tres minutos antes de apagarse.
Álvarez Marrero manifestó su sospecha de que los daños fueron causados intencionalmente en una oficina dentro de la unidad.
“Los daños del teléfono tienen que haber sido dentro de una oficina de ellos. Además, los fallos técnicos que tiene el teléfono dentro, según me dice un sobrino mío que es técnico en teléfono, que eso es el software que se lo echaron a perder, le hicieron un corte y le echaron a perder el software, el teléfono lo rompieron ellos, porque el teléfono es un teléfono nuevo...”, afirmó.
En sus palabras: “El teléfono lo rompieron por venganza ellos me hicieron mucho hincapié me decían a mí que yo comento mucho, que yo doy mucho like, que yo daba mucho comentario a estas personas que ellos consideran terroristas y eso es una venganza para que me quedara sin el teléfono. Como uno dice que el teléfono es el fusil de uno y entonces ellos querían y lo lograron dejarme sin armas”.
Desde Holguín, el opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina afirmó haber enfrentado la misma situación en varias ocasiones, al igual que comunicadores que colaboran con la agencia de prensa independiente Palenque Visión, la cual dirige.
Rodríguez Lobaina describió esta acción como una práctica constante.
“Esto es una práctica de robar saldo el teléfono y robar dinero es una práctica porque saben que es un hueco, saben que le es difícil a los activistas hacerse de estas cosas y entonces lo que persiguen es cortar por lo menos, por un tiempo, cortar que siguan con su labores de denuncia”. Añadió que “es una práctica que es vieja, eso está en la agenda de los mecanismos de represión del régimen contra la sociedad civil independiente”.
Info Martí | Crisis demográfica en Cuba
La crisis demográfica en Cuba es palpable. El fenómeno es calificado como un “vaciamiento demográfico”, comparado con procesos solo observables en contextos de guerra o catástrofes, y es que según datos oficiales lo único que crece en la Isla, en términos demográficos, es el envejecimiento.
El régimen venezolano promueve redes criminales en el Caribe
En los últimos años, el Caribe se ha convertido en un escenario clave para el auge de las organizaciones criminales transnacionales (OCT), un fenómeno impulsado en gran medida por redes ilícitas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
Según un informe de InSight Crime de principios de 2025, la creciente dependencia de Venezuela de las economías criminales ha fortalecido la influencia de Caracas en la región, intensificando los riesgos para la seguridad y la estabilidad en todo el Caribe.
“No se debe pasar por alto que el régimen venezolano se ha mantenido en el poder durante más de 25 años. Lo mismo sucedió en Colombia entre finales de la década de 1970 y durante toda la década de 1980”, declaró a Diálogo Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa de la Universidad IAEN de Ecuador. “La consolidación de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, ha generado dinámicas que han impactado a toda la región y han contribuido a los conflictos transnacionales”.
El experto también destaca el papel central de la corrupción estructural bajo el liderazgo de Maduro: “Esta corrupción se deriva de un régimen autoritario que ejerce control político y territorial con una visión militarista”.
Según Pontón, este entorno ha facilitado la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas venezolanas, dando origen al Cartel de los Soles (CdS). Socios internacionales afirman que Maduro está al frente de esta organización, compuesta por oficiales y funcionarios de alto rango. La dependencia del régimen de estas economías ilícitas, añade Pontón, ha sido clave para su permanencia en el poder durante más de dos décadas.
La designación de grupos venezolanos como organizaciones terroristas refleja un profundo cambio en la postura de seguridad de la región. En 2025, varias naciones de las Américas, incluyendo Argentina, Ecuador y Perú, se unieron a Estados Unidos para designar al CdS y al Tren de Aragua (TdA) como organizaciones terroristas y de alta amenaza.
Falcón: Epicentro de nuevas rutas criminales
El estado Falcón en Venezuela se ha consolidado como uno de los principales puntos de partida para el narcotráfico con destino al Caribe. InSight Crime señala que las fuerzas de seguridad locales regulan y protegen las operaciones de grupos narcotraficantes favorecidos, como los cárteles de Paraguaná y Sabana Alta, mientras que otras organizaciones, como el Cartel de la Guajira, continúan sus actividades con aparente aprobación oficial.
Simultáneamente, un grupo criminal venezolano distinto, llamado Los Lobos —sin relación con la organización terrorista ecuatoriana del mismo nombre— ha expandido sus operaciones de narcotráfico y trata de personas a Curazao y Aruba. En los estados costeros de Sucre y Delta Amacuro, cerca de Trinidad y Tobago y Guyana, operan redes vinculadas al régimen venezolano, controlando las rutas de contrabando de drogas, armas, minerales y personas. Según InSight Crime, estos grupos imponen impuestos a cada embarcación que zarpa, consolidando un modelo de control territorial y económico.
Pontón subraya que los narcotraficantes necesitan rutas seguras, puntos de abastecimiento y refugios en el mar Caribe. «Estas redes necesitan espacios logísticos y estratégicos, al igual que los piratas de antaño, que escondían su cargamento en las islas», afirma. Este esquema implica corrupción, compra de favores e influencia política, lo que facilita la expansión del crimen organizado desde Venezuela hacia las islas del Caribe.
Impacto regional: violencia y economías distorsionadas
El narcotráfico en el Caribe está vinculado a niveles récord de homicidios, corrupción, retrocesos democráticos y lavado de dinero. Estas dinámicas han alimentado guerras entre pandillas por el control de las economías criminales, han expandido el tráfico ilegal de armas y han exacerbado la trata de personas dentro y fuera de la región, según indica el centro de estudios estratégicos Center for Strategic and International Studies (CSIS).
“Para las islas del Caribe, la proximidad a una nación que ha estado subyugada durante décadas por el régimen venezolano representa una amenaza constante. Más allá de las implicaciones políticas, también abre oportunidades económicas para actores vinculados a redes de poder y actividades ilícitas, lo que aumenta los riesgos de infiltración y dependencia en las economías locales”, afirmó Pontón.
Incautaciones y el papel del régimen venezolano
Los esfuerzos internacionales de interdicción de drogas están arrojando un volumen creciente de narcóticos con origen en Venezuela. Según InSight Crime, muchas de estas operaciones involucran embarcaciones y tripulaciones venezolanas, a menudo vinculadas al Cartel de los Soles. Además, se ha relacionado a instituciones estatales con envíos de cocaína desde el estado de La Guaira, cerca de Caracas, hacia destinos internacionales.
En 2024, el Caribe registró incautaciones récord de cocaína, lo que refleja un aumento tanto en la producción como en el tráfico regional. Martinica incautó 10,5 toneladas de un solo buque; República Dominicana confiscó 9,5 toneladas, la mayor cantidad de su historia; Jamaica y Barbados también establecieron récords con 2,6 y 3,5 toneladas respectivamente, mientras que Haití sigue sumido en una crisis de seguridad que dificulta el control del narcotráfico, según destacó InSight Crime en su informe.
“En las pequeñas economías caribeñas, el narcotráfico puede distorsionar gravemente los indicadores locales”, afirmó Pontón. “Un solo cargamento que transite por sus aguas o genere ingresos ilícitos puede alterar la estabilidad económica y fomentar la corrupción, especialmente en contextos institucionales frágiles”.
Respuestas y desafíos para los gobiernos caribeños
Ante esta situación, los países del Caribe han adoptado estrategias autónomas para combatir el crimen organizado transnacional vinculado a redes venezolanas. Han fortalecido las capacidades de sus fuerzas de seguridad, promovido reformas legales y fomentado el intercambio de inteligencia.
La cooperación regional se está intensificando a través de organizaciones como CARICOM y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), que coordinan operaciones conjuntas e intercambian información sobre el tráfico de drogas, armas y personas, con el objetivo de fortalecer la seguridad regional, según indicó el CSIS.
Trinidad y Tobago, por ejemplo, ha reforzado la vigilancia marítima y los controles portuarios en colaboración con la DEA y la Guardia Costera de Estados Unidos, participando en ejercicios como Tradewinds, patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), para contrarrestar las amenazas transnacionales.
La República Dominicana ha ampliado las patrullas marítimas y terrestres, implementado programas de análisis financiero para rastrear redes de lavado de dinero y mantenido acuerdos con Estados Unidos para recibir apoyo técnico y logístico en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, las Bahamas ha fortalecido la cooperación internacional contra el narcotráfico y los delitos conexos, promoviendo la asistencia técnica, el intercambio seguro de información de inteligencia y las mejores prácticas entre los Estados, según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA.
A pesar de estos esfuerzos, los gobiernos del Caribe se enfrentan a desafíos persistentes: su ubicación geográfica, que facilita el tránsito de drogas y personas; el tamaño y la estructura de sus economías; la solidez de sus instituciones; y su capacidad de seguridad y supervisión.
Hacia una estrategia multilateral
Superar la expansión del crimen transnacional en el Caribe requiere una respuesta coordinada. El CSIS recomienda que Estados Unidos y sus socios desarrollen una estrategia centralizada, establezcan protocolos aduaneros uniformes, fortalezcan las patrullas y las operaciones de interceptación, implementen tecnología avanzada en los puertos, promuevan el intercambio de inteligencia y colaboren activamente con el sector privado.
La sombra del régimen venezolano se cierne sobre el Caribe, y solo una acción colectiva y decisiva podrá contenerla.
(Publicado originalmente en la revista Diálogo Américas, del Comando Sur de EEUU)
Proyecto de ley en el Senado busca eliminar la doble ciudadanía en EEUU
El senador republicano Bernie Moreno presentó un proyecto de ley que busca eliminar la doble o múltiple ciudadanía estadounidense.
Documentan 100 violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba en noviembre
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 100 violaciones durante el mes de noviembre en la isla, una de las cifras más altas en el segundo semestre del 2025.
En su informe mensual, titulado “Sin voz, ni derechos: balance represivo del régimen cubano”, la organización desglosa las acciones contra periodistas, comunicadores, medios independientes y ciudadanos que ejercen su derecho a opinar e informar fuera de los marcos oficiales.
Según el documento, ocurrieron 62 ataques a la libertad de expresión y 38 a la libertad de prensa en noviembre, cuando, de acuerdo con la metodología del ICLEP, el régimen activó los seis indicadores que mide la organización, con especial énfasis en ataques, amenazas y agresiones psicológicas, que se convirtieron en el principal mecanismo represivo del mes, con un incremento del 165 % respecto a octubre.
Estas acciones incluyeron campañas de difamación, intimidación directa, vigilancia, citaciones y hostigamiento sostenido, especialmente contra periodistas y medios independientes.
Uso abusivo del poder estatal, que registró un aumento del 233 %, con apoyo de instituciones públicas, funcionarios, fiscales y jueces para castigar la disidencia y simular legalidad en la represión.
Restricciones en el espacio digital, que se duplicaron, con censura en internet, bloqueos selectivos y la vigilancia digital como herramientas clave para limitar la circulación de información independiente.
En contraste, aunque las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas disminuyeron en términos numéricos, esta reducción no representó una mejora real, sino un desplazamiento estratégico hacia formas menos visibles, pero más sistemáticas de coerción.
Aunque no hubo en noviembre nuevos casos de arrestos o privación de libertad, el informe documenta la continuidad de castigos y represalias contra presos políticos ya encarcelados, lo que mantiene activo este mecanismo represivo.
En cuanto a la distribución geográfica, el 63 por ciento de las violaciones se registraron en La Habana, el principal foco de control político e informativo, debido a la mayor presencia de periodistas independientes, medios alternativos y actores cívicos.
Le siguen Santiago de Cuba (7%) y Matanzas (5%), territorios donde el aumento del activismo ciudadano y las denuncias públicas han generado una respuesta represiva sostenida.
Provincias como Guantánamo, Holguín, Villa Clara, Las Tunas y Pinar del Río presentan cifras menores, pero mantienen patrones similares de vigilancia, amenazas y citaciones arbitrarias.
Y también se registró de un caso de violación en el extranjero contra un director de medio independiente, lo que confirma, además, que el control informativo del régimen trasciende las fronteras nacionales.
Aunque los hombres (44) continúan siendo las principales víctimas de la represión directa, el informe evidencia un patrón diferenciado de hostigamiento contra mujeres periodistas y activistas (25), quienes enfrentan con mayor frecuencia amenazas, campañas de difamación, acoso psicológico y presiones dirigidas a sus entornos familiares.
El texto resalta que estas prácticas buscan no solo silenciar a la víctima directa, sino también amplificar el impacto emocional y social del castigo, al reforzar la autocensura y el miedo colectivo.
El informe identifica de manera clara a los principales perpetradores de estas violaciones.
La Seguridad del Estado se consolida como el principal y más determinante perpetrador, con 74 hechos documentados (77,1%).
A ella se suman la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el sistema penitenciario, el sistema judicial, ETECSA y, de forma especialmente alarmante, los medios de comunicación oficialistas, implicados en 49 hechos (51 %) como instrumentos activos de difamación, estigmatización y represión simbólica contra la prensa independiente.
Estos datos confirman, según los autores del informe, que la represión en Cuba es una política de Estado integral, donde los órganos de seguridad, las instituciones judiciales, el sistema penitenciario y el aparato mediático oficial actúan de manera coordinada para silenciar la crítica, controlar el discurso público y generar miedo social.
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