Opiniones
El régimen venezolano promueve redes criminales en el Caribe
En los últimos años, el Caribe se ha convertido en un escenario clave para el auge de las organizaciones criminales transnacionales (OCT), un fenómeno impulsado en gran medida por redes ilícitas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
Según un informe de InSight Crime de principios de 2025, la creciente dependencia de Venezuela de las economías criminales ha fortalecido la influencia de Caracas en la región, intensificando los riesgos para la seguridad y la estabilidad en todo el Caribe.
“No se debe pasar por alto que el régimen venezolano se ha mantenido en el poder durante más de 25 años. Lo mismo sucedió en Colombia entre finales de la década de 1970 y durante toda la década de 1980”, declaró a Diálogo Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa de la Universidad IAEN de Ecuador. “La consolidación de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, ha generado dinámicas que han impactado a toda la región y han contribuido a los conflictos transnacionales”.
El experto también destaca el papel central de la corrupción estructural bajo el liderazgo de Maduro: “Esta corrupción se deriva de un régimen autoritario que ejerce control político y territorial con una visión militarista”.
Según Pontón, este entorno ha facilitado la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas venezolanas, dando origen al Cartel de los Soles (CdS). Socios internacionales afirman que Maduro está al frente de esta organización, compuesta por oficiales y funcionarios de alto rango. La dependencia del régimen de estas economías ilícitas, añade Pontón, ha sido clave para su permanencia en el poder durante más de dos décadas.
La designación de grupos venezolanos como organizaciones terroristas refleja un profundo cambio en la postura de seguridad de la región. En 2025, varias naciones de las Américas, incluyendo Argentina, Ecuador y Perú, se unieron a Estados Unidos para designar al CdS y al Tren de Aragua (TdA) como organizaciones terroristas y de alta amenaza.
Falcón: Epicentro de nuevas rutas criminales
El estado Falcón en Venezuela se ha consolidado como uno de los principales puntos de partida para el narcotráfico con destino al Caribe. InSight Crime señala que las fuerzas de seguridad locales regulan y protegen las operaciones de grupos narcotraficantes favorecidos, como los cárteles de Paraguaná y Sabana Alta, mientras que otras organizaciones, como el Cartel de la Guajira, continúan sus actividades con aparente aprobación oficial.
Simultáneamente, un grupo criminal venezolano distinto, llamado Los Lobos —sin relación con la organización terrorista ecuatoriana del mismo nombre— ha expandido sus operaciones de narcotráfico y trata de personas a Curazao y Aruba. En los estados costeros de Sucre y Delta Amacuro, cerca de Trinidad y Tobago y Guyana, operan redes vinculadas al régimen venezolano, controlando las rutas de contrabando de drogas, armas, minerales y personas. Según InSight Crime, estos grupos imponen impuestos a cada embarcación que zarpa, consolidando un modelo de control territorial y económico.
Pontón subraya que los narcotraficantes necesitan rutas seguras, puntos de abastecimiento y refugios en el mar Caribe. «Estas redes necesitan espacios logísticos y estratégicos, al igual que los piratas de antaño, que escondían su cargamento en las islas», afirma. Este esquema implica corrupción, compra de favores e influencia política, lo que facilita la expansión del crimen organizado desde Venezuela hacia las islas del Caribe.
Impacto regional: violencia y economías distorsionadas
El narcotráfico en el Caribe está vinculado a niveles récord de homicidios, corrupción, retrocesos democráticos y lavado de dinero. Estas dinámicas han alimentado guerras entre pandillas por el control de las economías criminales, han expandido el tráfico ilegal de armas y han exacerbado la trata de personas dentro y fuera de la región, según indica el centro de estudios estratégicos Center for Strategic and International Studies (CSIS).
“Para las islas del Caribe, la proximidad a una nación que ha estado subyugada durante décadas por el régimen venezolano representa una amenaza constante. Más allá de las implicaciones políticas, también abre oportunidades económicas para actores vinculados a redes de poder y actividades ilícitas, lo que aumenta los riesgos de infiltración y dependencia en las economías locales”, afirmó Pontón.
Incautaciones y el papel del régimen venezolano
Los esfuerzos internacionales de interdicción de drogas están arrojando un volumen creciente de narcóticos con origen en Venezuela. Según InSight Crime, muchas de estas operaciones involucran embarcaciones y tripulaciones venezolanas, a menudo vinculadas al Cartel de los Soles. Además, se ha relacionado a instituciones estatales con envíos de cocaína desde el estado de La Guaira, cerca de Caracas, hacia destinos internacionales.
En 2024, el Caribe registró incautaciones récord de cocaína, lo que refleja un aumento tanto en la producción como en el tráfico regional. Martinica incautó 10,5 toneladas de un solo buque; República Dominicana confiscó 9,5 toneladas, la mayor cantidad de su historia; Jamaica y Barbados también establecieron récords con 2,6 y 3,5 toneladas respectivamente, mientras que Haití sigue sumido en una crisis de seguridad que dificulta el control del narcotráfico, según destacó InSight Crime en su informe.
“En las pequeñas economías caribeñas, el narcotráfico puede distorsionar gravemente los indicadores locales”, afirmó Pontón. “Un solo cargamento que transite por sus aguas o genere ingresos ilícitos puede alterar la estabilidad económica y fomentar la corrupción, especialmente en contextos institucionales frágiles”.
Respuestas y desafíos para los gobiernos caribeños
Ante esta situación, los países del Caribe han adoptado estrategias autónomas para combatir el crimen organizado transnacional vinculado a redes venezolanas. Han fortalecido las capacidades de sus fuerzas de seguridad, promovido reformas legales y fomentado el intercambio de inteligencia.
La cooperación regional se está intensificando a través de organizaciones como CARICOM y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), que coordinan operaciones conjuntas e intercambian información sobre el tráfico de drogas, armas y personas, con el objetivo de fortalecer la seguridad regional, según indicó el CSIS.
Trinidad y Tobago, por ejemplo, ha reforzado la vigilancia marítima y los controles portuarios en colaboración con la DEA y la Guardia Costera de Estados Unidos, participando en ejercicios como Tradewinds, patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), para contrarrestar las amenazas transnacionales.
La República Dominicana ha ampliado las patrullas marítimas y terrestres, implementado programas de análisis financiero para rastrear redes de lavado de dinero y mantenido acuerdos con Estados Unidos para recibir apoyo técnico y logístico en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, las Bahamas ha fortalecido la cooperación internacional contra el narcotráfico y los delitos conexos, promoviendo la asistencia técnica, el intercambio seguro de información de inteligencia y las mejores prácticas entre los Estados, según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA.
A pesar de estos esfuerzos, los gobiernos del Caribe se enfrentan a desafíos persistentes: su ubicación geográfica, que facilita el tránsito de drogas y personas; el tamaño y la estructura de sus economías; la solidez de sus instituciones; y su capacidad de seguridad y supervisión.
Hacia una estrategia multilateral
Superar la expansión del crimen transnacional en el Caribe requiere una respuesta coordinada. El CSIS recomienda que Estados Unidos y sus socios desarrollen una estrategia centralizada, establezcan protocolos aduaneros uniformes, fortalezcan las patrullas y las operaciones de interceptación, implementen tecnología avanzada en los puertos, promuevan el intercambio de inteligencia y colaboren activamente con el sector privado.
La sombra del régimen venezolano se cierne sobre el Caribe, y solo una acción colectiva y decisiva podrá contenerla.
(Publicado originalmente en la revista Diálogo Américas, del Comando Sur de EEUU)
Proyecto de ley en el Senado busca eliminar la doble ciudadanía en EEUU
El senador republicano Bernie Moreno presentó un proyecto de ley que busca eliminar la doble o múltiple ciudadanía estadounidense.
Documentan 100 violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba en noviembre
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 100 violaciones durante el mes de noviembre en la isla, una de las cifras más altas en el segundo semestre del 2025.
En su informe mensual, titulado “Sin voz, ni derechos: balance represivo del régimen cubano”, la organización desglosa las acciones contra periodistas, comunicadores, medios independientes y ciudadanos que ejercen su derecho a opinar e informar fuera de los marcos oficiales.
Según el documento, ocurrieron 62 ataques a la libertad de expresión y 38 a la libertad de prensa en noviembre, cuando, de acuerdo con la metodología del ICLEP, el régimen activó los seis indicadores que mide la organización, con especial énfasis en ataques, amenazas y agresiones psicológicas, que se convirtieron en el principal mecanismo represivo del mes, con un incremento del 165 % respecto a octubre.
Estas acciones incluyeron campañas de difamación, intimidación directa, vigilancia, citaciones y hostigamiento sostenido, especialmente contra periodistas y medios independientes.
Uso abusivo del poder estatal, que registró un aumento del 233 %, con apoyo de instituciones públicas, funcionarios, fiscales y jueces para castigar la disidencia y simular legalidad en la represión.
Restricciones en el espacio digital, que se duplicaron, con censura en internet, bloqueos selectivos y la vigilancia digital como herramientas clave para limitar la circulación de información independiente.
En contraste, aunque las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas disminuyeron en términos numéricos, esta reducción no representó una mejora real, sino un desplazamiento estratégico hacia formas menos visibles, pero más sistemáticas de coerción.
Aunque no hubo en noviembre nuevos casos de arrestos o privación de libertad, el informe documenta la continuidad de castigos y represalias contra presos políticos ya encarcelados, lo que mantiene activo este mecanismo represivo.
En cuanto a la distribución geográfica, el 63 por ciento de las violaciones se registraron en La Habana, el principal foco de control político e informativo, debido a la mayor presencia de periodistas independientes, medios alternativos y actores cívicos.
Le siguen Santiago de Cuba (7%) y Matanzas (5%), territorios donde el aumento del activismo ciudadano y las denuncias públicas han generado una respuesta represiva sostenida.
Provincias como Guantánamo, Holguín, Villa Clara, Las Tunas y Pinar del Río presentan cifras menores, pero mantienen patrones similares de vigilancia, amenazas y citaciones arbitrarias.
Y también se registró de un caso de violación en el extranjero contra un director de medio independiente, lo que confirma, además, que el control informativo del régimen trasciende las fronteras nacionales.
Aunque los hombres (44) continúan siendo las principales víctimas de la represión directa, el informe evidencia un patrón diferenciado de hostigamiento contra mujeres periodistas y activistas (25), quienes enfrentan con mayor frecuencia amenazas, campañas de difamación, acoso psicológico y presiones dirigidas a sus entornos familiares.
El texto resalta que estas prácticas buscan no solo silenciar a la víctima directa, sino también amplificar el impacto emocional y social del castigo, al reforzar la autocensura y el miedo colectivo.
El informe identifica de manera clara a los principales perpetradores de estas violaciones.
La Seguridad del Estado se consolida como el principal y más determinante perpetrador, con 74 hechos documentados (77,1%).
A ella se suman la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el sistema penitenciario, el sistema judicial, ETECSA y, de forma especialmente alarmante, los medios de comunicación oficialistas, implicados en 49 hechos (51 %) como instrumentos activos de difamación, estigmatización y represión simbólica contra la prensa independiente.
Estos datos confirman, según los autores del informe, que la represión en Cuba es una política de Estado integral, donde los órganos de seguridad, las instituciones judiciales, el sistema penitenciario y el aparato mediático oficial actúan de manera coordinada para silenciar la crítica, controlar el discurso público y generar miedo social.
Opositores cubanos denuncian el robo de saldo y efectivo durante detenciones policiales
Cuba al límite: el Partido admite el colapso y pide más sacrificio
Mientras los cubanos enfrentan apagones, falta de alimentos y salarios pulverizados, el Partido vuelve a hablar de unidad y resistencia. Hoy analizamos lo que realmente dejó el XI Pleno del PCC y por qué la posposición del Congreso es una señal política que no se puede ignorar.
Noticiero Martí noticias | Lunes, 15 de Diciembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Activistas y opositores denuncian robo de saldo telefónico y efectivo en unidades policiales de Cuba | Sagua la Grande y Cifuentes sufren inundaciones agravadas por por falta de previsión y deficiente alcantarillado | Critíca esposa del ex huelguista Yosvany Rosell García Caso su regreso a prisión | Rechaza congresista Carlos Giménez candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU | José Antonio Kast gana la presidencia de Chile con casi 60% de los voto | Fernando Mendoza, quarterback cubanoamericano de Indiana, resulta elegido copmo el mejor jugador del fútbol americano universitario, entre otras noticias.
Adolis García pacta con los Filis por un año y diez millones de dólares
El jardinero cubano José Adolis García ya tiene trabajo para la próxima temporada, tras pactar con los Filis de Filadelfia por un año y diez millones de dólares.
“El Bombi” es el segundo agente libre cubano en firmar durante el invierno para la campaña del 2026, luego de que lo hiciera el relevista Raisel Iglesias con los Bravos de Atlanta, también por un año y 16 millones.
García había llegado al mercado, luego de que su equipo anterior, los Rangers de Texas, no le ofrecieran contrato en su tercer y último año de arbitraje salarial, lo que lo convirtió automáticamente en agente libre.
El avileño, quien cumplirá 33 años el 2 de marzo proximo, debutó en 2018 con los Cardenales de St. Louis, pasó sus últimas seis temporadas en Texas y fue una figura fundamental en la conquista de los Rangers de la Serie Mundial del 2023.
Ese año estableció un récord de más carreras impulsadas en una postemporada, con 22, y resultó el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Tuvo además su mejor campaña regular, con 39 jonrones y 107 remolcadas, además de ganar el Guante de Oro en el jardín derecho y ser convocado por segunda vez al Juego de Estrellas.
Sin embargo, su producción declinó en el 2024 y se vio afectado por lesiones que limitaron su tiempo de juego en el 2025, razón por la cual los Rangers decidieron cortar los vínculos con el jugador.
En los Filis podría tener un renacer, en medio de una alineación poderosa que cuenta con Kyle Schwarber, Bryce Harper y Trea Turner como principales artilleros.
Asimismo, su llegada a Filadelfia alimenta las posibilidades de que el equipo se deshaga del cubanoamericano Nick Castellanos, quien, al igual que García, también se desempeña en el jardín derecho.
Castellanos, un año más viejo que el recién llegado (cumplirá 34 el 4 de marzo), ha entrado en una espiral descendiente en su carrera y defensivamente no tiene las capacidades de Adolis, por lo que el equipo buscaría un canje, o en caso extremo, lo pondría en asignación, término que se usa cuando un pelotero es despedido.
Tras la firma de García con Filadelfia, quedan como agentes libres los lanzadores zurdos Néstor Cortés y Cionel Pérez, y los jugadores de cuadro Yoán Moncada, José Iglesias y Andy Ibáñez, además de Yuli Gurriel, quien busca retornar al máximo nivel a sus 41 años.
También están en el mercado los jugadores de Ligas Menores Oscar Luis Colás, Malcolm Núñez, Randy Labaut, Orlando Martínez, Denny Larrondo, Yordys Valdés y Pedro Santos.
Este fin de semana, los Yankees de Nueva York firmaron a Ernesto Martínez Junior con un contrato de Ligas Menores e invitación al campo de entrenamientos primaverales, mientras que durante las Reuniones Invernales de la pasada semana en Orlando, los lanzadores derechos Sandy Gastón y Jorge Marcheco, y el catcher Raudelis Martínez, fueron seleccionados por los Nacionales de Washington, los Atléticos y los Medias Rojas de Boston, respectivamente, en el Draft de Regla 5.
El rastro fantasma del Skipper: el petrolero incautado por EEUU a Venezuela (VIDEO)
Estados Unidos confirmó la semana pasada la incautación del petrolero Skipper, un supertanquero de crudo interceptado en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, en una operación encabezada por la Guardia Costera que demuestra cómo opera la red clandestina que sostiene financieramente al régimen de Nicolás Maduro y a sus aliados internacionales.
Esta cisterna no es un barco cualquiera. Se trata de un VLCC, construido en 2005, con capacidad para transportar más de dos millones de barriles de petróleo. Cada carga de este barco puede estar valorada en cientos de millones de dólares... solo que hay un detalle, sus operaciones son ilegales, pues esta sancionado por la OFAC.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo clasificó como parte de una red de transporte de petróleo que apoya a Hezbolá y a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ambas organizaciones terroristas extranjeras designadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Pero lo más revelador no es su tamaño, sino su historial oculto. El Skipper ha operado bajo otros nombres, como Adisa, y Toyo, una práctica común en la llamada “flota fantasma” o “shadow fleet”, utilizada para evadir sanciones internacionales. Cambios de nombre, cambios de propietario, cambios de bandera… todo diseñado para borrar huellas, de acuerdo a expertos consultados por Martí Noticias.
"Claro que es usual. Ellos están tratando de despistar a las autoridades americanas", dijo Octavio Pérez, del Instituto Estratégico de Inteligencia de Miami.
De acuerdo con un comunicado del departamento de administración marítima de Guyana, el Skipper, no estaba autorizado para navegar bajo bandera guyanesa. Las autoridades confirmaron que la embarcación no se encuentra registrada en esa nación y que, aún así, enarbolaba de manera irregular el pabellón nacional. El gobierno guyanés condenó este uso indebido de su bandera, advirtió que la práctica se ha vuelto recurrente entre buques no registrados y calificó la situación como inaceptable.
"El régimen está utilizando estas naves donde supuestamente traen petróleo, pueden traer comida, pero eso es para camuflar, a lo mejor también, el envío de armamento, el envío de una logística que ellos necesitan”, señaló Iván Ballesteros, militar retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
De acuerdo con datos de rastreo marítimo y análisis de inteligencia, la tripulación del Skipper ha manipulado su sistema de identificación AIS en varios tramos de su recorrido, desapareciendo del radar internacional durante días. Este “silencio electrónico” permitió al buque conectar puertos iraníes, terminales venezolanas y zonas de transferencia en Asia, sin dejar rastro continuo.
En su viaje más reciente, el Skipper cargó entre 1.8 y 2 millones de barriles de crudo Merey en Puerto José, al oriente de Venezuela. Ese petróleo, según Washington, estaba destinado a salir del país violando las sanciones vigentes desde 2019.
Al respecto, desde Caracas, el gobernante Nicolás Maduro calificó de robo la incautación del petrolero fantasma: "Se robaron el barco", afirmó
Además de falsear cambiar lo ocurrido, el régimen de Maduro no dijo que fue un procedimiento legal. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia presentó una orden de incautación del cisterna, firmadas el 26 de noviembre, como lo informó el director del FBI, Kash Patel.
El presidente Donald Trump confirmó públicamente la incautación y fue directo: calificó al Skipper como “un barco enorme” y aseguró que su gobierno no permitirá que el petróleo venezolano siga financiando regímenes hostiles y redes criminales. Trump afirmó además que el crudo incautado quedará bajo control de Estados Unidos, mientras avanzan los procesos judiciales.
Este caso tiene un fuerte eco político internacional. Desde Oslo, Noruega, durante una rueda de prensa, la líder opositora venezolana María Corina Machado y Premio Nobel de la Paz, celebró la acción y la calificó como una señal clara de que el mundo comienza a cerrar las vías de financiamiento ilegal del régimen de Maduro.
Machado afirmó que cada cargamento incautado es dinero que deja de usarse para represión, corrupción y persecución dentro de Venezuela.
El caso del Skipper revive, inevitablemente, el antecedente del avión de Emtrasur Cargo, un Boeing 747 venezolano-iraní retenido en junio de 2022 en Argentina y finalmente confiscado por Estados Unidos en 2024. Esa aeronave, utilizada para operaciones logísticas del régimen y vinculada a Irán, terminó en territorio estadounidense, donde permanece bajo control federal.
Hoy, el Skipper se suma a esa lista: aviones y barcos convertidos en pruebas materiales de cómo el régimen venezolano ha tejido una red internacional para mover petróleo, dinero y aliados, al margen de la ley.
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