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El chavismo llama a otra votación en Venezuela tras presidenciales: elegirá a 30.000 “jueces de paz”
Nuevos “jueces de paz” serán electos por voto el 15 de diciembre en Venezuela. Resolverán disputas en sus comunidades, con la potestad de dictar sentencias. Los nuevos comicios servirán al oficialismo de “ensayo” para las votaciones de mayor perfil en 2025, según analistas.
El chavismo regresa a la escena electoral en Venezuela por primera ocasión desde las polémicas elecciones presidenciales de julio. Esta vez, el oficialismo promueve la selección de 30.000 “jueces de paz” para la resolución de conflictos en miles de comunidades del país.
Según expertos, los "jueces de paz" son figuras mayoritariamente cercanas al gobierno de Nicolás Maduro y cuya elección podría ser un "ensayo" oficialista de cara a los comicios parlamentarios y regionales en 2025.
El presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y otras instituciones han convocado a la votación el próximo 15 de diciembre para elegir a miles de líderes locales que procurarán “la preservación de la armonía” en las relaciones familiares y la convivencia comunitaria en Venezuela, según una reforma reciente a la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, que data de 2012.
Todo venezolano podrá votar para elegir a 15.000 “jueces de paz” principales e igual número de suplentes en 5.000 circuitos comunales de los 365 municipios del país.
Para postularse al cargo, es necesario ser venezolano, tener 25 años o más de edad, haber vivido en la comunidad respectiva por al menos 3 años, tener buena reputación en cuanto a respeto a valores democráticos y llenar una planilla de aspiración.
Cierto entusiasmo civil
Pedro Infante, diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, presidido por Maduro; explicó la semana pasada que un “juez de paz” intermediará en los conflictos civiles tras recibir inducción por medio año de parte del poder judicial y el Ministerio para Comunas.
Tendrán el poder de hacer arbitrajes y dictar sentencias en asuntos como conflictos entre vecinos, interpretación de ordenanzas y recepción de denuncias. Podrán solventar obligaciones de manutención de hijos y convivencia con la fauna doméstica.
Esta figura actuará además como mediador comunal y podrá impartir justicia localmente en casos de inquilinatos, situaciones legales de terrenos y cobros de deudas, hasta cierto monto.
Hay sectores de la sociedad civil que reciben con agrado la votación. Elías Santana, promotor comunitario y fundador de la plataforma Micondominio.com, destacó este martes en un seminario de su organización que la elección de “jueces de paz” se concreta luego de 12 años “de retraso” tras su legalización.
Enrique Herrera Silla, abogado especialista en condominios, argumentó que los “jueces de paz” ayudarán a descongestionar las fiscalías del país en cuanto a situaciones de convivencia, podrán “dictar una decisión” de manera inmediata y evitarán que “situaciones menores” entre vecinos escalen a delitos.
Santana, por su parte, advirtió sin embargo sobre la falta de presupuesto y capacitación de los "jueces de paz" que resulten electos, criticando que se voten en un proceso de tan sólo 29 días. "¿Cuál es el apuro?", se preguntó, pidiendo un aplazamiento del sufragio, aunque reconoció aciertos que dice ver en la ley.
Relanzamiento de una vieja idea
La elección de “los jueces de paz” ocurrirá 5 meses después de la controvertida votación presidencial del 28 de julio, ganada oficialmente por Maduro, pero que sus opositores dicen haber conquistado con un margen a su favor de más de 30 % de los votos totales.
Al menos 4 países -Estados Unidos, Italia, Argentina y Ecuador- han reconocido la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en el exilio en España, pero quien promete regresar al país para juramentarse como presidente el 10 de enero de 2025.
El oficialismo venezolano está apostando antes de iniciar el tercer mandato de Maduro por el “relanzamiento del Estado comunal”, que promovió el expresidente Hugo Chávez Frías (1999-2013) en los tiempos finales de su gobierno para “sustituir” la influencia de los partidos políticos, de acuerdo con el politólogo e investigador Piero Trepiccione.
os consejos comunales son factores alineados con el partido único de gobierno y el ejecutivo madurista, que, de facto, desplazan a sectores opositores, afirmó Trepiccione, directivo del centro de investigación y análisis de entorno político social Gumilla.
La elección de los “jueces de paz” serviría para “sacar del juego a los partidos políticos opositores tradicionales” en Venezuela y “amalgamar” el apoyo popular a favor del chavismo, reorientando la participación pública hacia factores “contrarios al pluralismo político que caracteriza a una democracia abierta”, advirtió Trepiccione a la Voz de América.
Varios analistas independientes ya han expresado sus temores de que esos cargos a elegir, existentes en otros países como Colombia, se politicen en el caso venezolano y no sean objetivos ni imparciales en sus funciones por su cercanía con el gobierno.
Ensayo electoral
La próxima elección de “jueces de paz” no sólo busca “empoderar a las comunidades y fortalecer el poder popular” que impulsa el chavismo desde inicios de siglo, sino que le servirá de “ensayo” antes de otros comicios de mayor perfil en 2025, como las regionales y las parlamentarias, explicó a la VOA el politólogo Jesús Castillo Molleda.
Según Castillo Molleda, la nueva legislación habilita a estas figuras comunales para “dictar medidas preventivas de urgencia para prevenir daños irreparables” en sus vecindades.
“El gobierno nacional, después del conflicto post electoral del 28 de julio, aprovecha para sacar al juego unas elecciones en donde la oposición prácticamente estará invisible con sus pocas excepciones”, apuntó sobre la ausencia del antichavismo en la votación de diciembre.
La oposición tradicional, aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática y el liderazgo de María Corina Machado, no ha mostrado hasta el momento interés ni intención de participar en una elección de figuras y con base en leyes promovidas exclusivamente por el chavismo.
En cambio, dice estar centrada en salidas negociadas a la crisis política, la juramentación de González Urrutia como presidente y una “transición democrática” a partir de enero.
El chavismo denuncia conspiraciones violentas en su contra y asegura que será Maduro quien asuma un nuevo mandato presidencial en enero, no su adversario electoral de julio.
El mes próximo, el gobierno “lograría un triunfo que le permitiría reanimar a sus cuadros electorales previo a los actos del 10 de enero del año 2025”, anticipó Castillo Molleda.
“Además, logra un control social jurídico desde las comunidades, dándoles poder de resolución de conflictos a las estructuras políticas del PSUV”, complementó.
Una política de inmigración usada por décadas en EEUU podría desaparecer ahora con Trump
El presidente electo Donald Trump prometió en su campaña terminar con el “abuso escandaloso del parole”, una medida aprobada por Biden que ha facilitado la entrada a EEUU a medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
Cuba atraviesa uno de sus peores momentos desde la revolución de 1959, con una escasez que ha alentado una emigración récord y protestas. Las pandillas controlan las calles de la capital de Haití, disparan contra los aviones comerciales y provocan retrasos en las elecciones para reemplazar al presidente asesinado Jovenel Moïse.
El presidente de Nicaragua ha encarcelado a manifestantes, miembros de la oposición y líderes religiosos. En Venezuela, una carencia de insumos básicos y una de las tasas de inflación más elevadas del mundo han expulsado a casi 8 millones de los 28 millones de habitantes.
Medio millón de personas con privaciones y dificultades en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fueron recibidas legalmente por el presidente Joe Biden en Estados Unidos a través de un programa sustentado en el “parole humanitario”. Se trata de una herramienta utilizada durante más de siete décadas tanto por demócratas como por republicanos para permitir la llegada de personas que no pueden arribar a través de otras vías de inmigración debido a urgencias de tiempo o a problemas en las relaciones de los gobiernos de sus países con Estados Unidos.
El presidente electo Donald Trump parece ahora encaminado a desmantelar esa política y ha expresado en su campaña que va a terminar con el “abuso escandaloso del parole”.
Trump hizo de la retórica antiinmigrante una parte clave de su campaña para volver a la presidencia y advirtió que expulsará a cientos de miles de inmigrantes que han ingresado a través de programas creados por la administración de Biden.
“Prepárense para irse porque van a salir muy rápido”, dijo Trump refiriéndose a más de un millón de personas que han llegado con “parole”, un permiso legal temporal humanitario de permanencia.
Un grupo gigante de personas amparadas bajo la administración de Biden con un estatus legal temporal frágil podrían perder esas protecciones de un plumazo. Esos programas incluyen las políticas de permiso de permanencia humanitario, el respaldo al programa de acción diferida DACA para los menores que llegaron ilegalmente al país con sus padres hace años; el permiso legal de ingreso temporal para cerca de un millón de personas —incluidas las que entraron tras obtener citas fronterizas a través de una aplicación denominada CBO One— y un extensivo uso del estatus de protección temporal para frenar deportaciones, conocido como TPS.
¿Cuál es el objetivo del permiso temporal humanitario conocido como parole?
Estados Unidos tiene un conjunto de leyes de inmigración complicadas que llevan a muchas personas a ingresar al país de manera ilegal, pero este permiso condicional permite que el presidente autorice el ingreso de personas “por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
Desde 1952 ha sido ordenado 126 veces por todos los presidentes con excepción de Trump, de acuerdo con el Cato Institute, un centro de investigaciones de Washington que está en favor de la inmigración.
El gobierno de Trump podría revolcar ese permiso para todos aquellos que lo tienen, dijo Aaron Reichlin-Melnick, un experto del American Immigration Council.
Regresar no es una opción
“El miedo lo tenemos todos los inmigrantes”, dijo Manuel Castaño, un activista de derechos humanos nicaragüense de 39 años cuyo permiso de permanencia vence en marzo de 2025.
Castaño, que trabaja en el mantenimiento de edificios en el sur de Florida, solicitó el permiso en febrero de 2023 después de que su tío se ofreciera como patrocinador, un requerimiento de la ley. Menos de un mes después llegó a Miami con su esposa y su hija de 13 años.
Asegura que en su país fue amenazado y temía por su vida y la de su familia. En Estados Unidos ha pedido asilo, pero el proceso lleva años.
"Regresar a Nicaragua para nosotros no es una opción, lamentablemente”, dijo.
Cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos
Más de un millón de personas han ingresado a Estados Unidos con el permiso de permanencia temporal durante el gobierno de Biden, incluyendo decenas de miles de afganos y ucranianos.
Biden inició el programa primero para los venezolanos, en octubre de 2022, y lo expandió a comienzos de 2023 para incluir también a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Se trata de países que se niegan a recibir a gran parte de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos.
Bajo un apartado de esta política conocido como CHNV (por las iniciales de los países de origen de las personas a las que ampara), cada mes son aceptadas para ingresar a Estados Unidos hasta un máximo de 30.000 personas de estos cuatro países. El objetivo de Biden fue crear vías legales para su llegada y disuadirlas de que crucen ilegalmente la frontera con México. Al llegar pueden solicitar permiso de trabajo por dos años.
Más de 110.240 cubanos, 211.010 haitianos, 93.070 nicaragüenses y 117.310 venezolanos obtuvieron el permiso temporal de ingreso al país hasta finales de octubre, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados, conocida como CBP por sus iniciales en inglés.
Se espera que el equipo encargado de rediseñar las políticas de Trump incluya como “zar de la frontera” a Tom Homan, su exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés); Stephen Miller, uno de sus allegados con posiciones de mano dura en materia de inmigración que ocuparía el puesto de subjefe de políticas de gabinete, y la gobernadora de Dakota del Sur Kristi Noem como titular del Departamento de Seguridad Nacional, o DHS. Todos ellos han criticado abiertamente las políticas de inmigración de Biden.
Kyle Varner, un médico e inversionista de bienes raíces de 39 años de Spokane, en el estado de Washington, dice que ha gastado unos 150.000 dólares en pasajes de avión, alojamiento, trámites y otros costos que ha pagado para ayudar a 47 venezolanos que llegaron en los últimos dos años bajo su patrocinio. Ahora está desesperado, ahorrando a más no poder para pagar abogados de inmigración que puedan encontrarles una forma de quedarse legalmente en el país después que Trump asuma la presidencia.
“Estoy muy alarmado”, dijo Varner.
Se avizoran tiempos de demandas judiciales
Cualquier política nueva que termine con los programas de permisos temporales humanitarios de ingreso a Estados Unidos por dos años se encontrará con desafíos en las cortes. Pero el gobierno de Trump podría poner una pausa a la entrada de nuevas personas y esperar a que expiren los permisos que ya tienen las personas que han ingresado anteriormente bajo esos programas durante la presidencia de Biden, explicó Reichlin-Melnick.
Otra posibilidad, dijo Charles Kuck, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (conocida como AILA por su nombre en inglés) es que al gobierno de Trump le resultaría muy fácil deportar a sus países a las personas que han llegado amparadas en estos programas de “parole” porque ya existe información oficial sobre ellos y sus patrocinadores en los registros públicos.
“Esas son las personas que resultaría más fácil de encontrar porque el gobierno sabe dónde viven”, manifestó Kuck.
Irse de Estados Unidos antes de ser expulsado
La venezolana Ireswa López ya está pensando en irse de Estados Unidos antes de que caduque su permiso temporal en marzo de 2025.
Antes de llegar López estaba pasando momentos difíciles en su natal Venezuela, donde trabajaba como cajera en una carnicería de la familia. Hacía tiempo que la contadora quería probar suerte en Estados Unidos con la idea de ahorrar y tener una mejor calidad de vida. Cuando supo que había un programa que le permitiría llegar legalmente no dudó y con el patrocinio de un primo tomó un avión y en enero de 2023 llegó a Miami.
Después de haber pasado por varias ciudades se afincó en Atlanta, donde ha trabajado limpiando, cocinando y cuidando niños en una guardería. Ahora, sin embargo, está lista para empacar.
“Yo me voy”, dijo López, de 48 años. “Quedarme ilegalmente no está en mis planes”.
Cuba regula en un decreto oficial los apagones de más de 72 horas
El gobierno cubano establece por decreto cómo funcionará el país cuando la demanda de electricidad no se logre satisfacer con la capacidad de generación, incluidos cortes en el servicio por más de 3 días.
Los cubanos enfrentarán por decreto largos apagones de más de 72 horas de duración en medio de lo que el gobierno denomina "Régimen de Contingencia Eléctrica", anuncia una medida más amplia publicada el martes en la Gaceta Oficial de la República.
El Decreto 110/2024, del Consejo de Ministros, titulado "Regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía", faculta al titular de Energía y Minas, para proponer cuándo es necesario afectar el servicio eléctrico a la población "de forma planificada y sostenida" por más de tres días.
El Consejo de Ministros aprobará o no la propuesta en un término de 48 horas, establece el decreto, que llega en medio de una sostenida crisis energética en el país, incluidos tres colapsos del Sistema Eléctrico Nacional en los últimos meses y afectaciones diarias de más de 1,400 MW de déficit en la generación eléctrica.
Otras disposiciones, incluidas multas
El nuevo decreto establece una serie de medidas para bajar al mínimo el consumo de energía eléctrica durante el estado de contingencia, como desconectar los frigoríficos y otros equipos de refrigeración en el horario pico, paralizar los bombeos para el riego, desconectar el alumbrado público y reducir la iluminación al 50% de la capacidad instalada, entre otras.
También establece multas de hasta 20 mil pesos cubanos para las empresas o negocios no estatales que incumplan estas medidas, además de hasta 5 mil pesos a los responsables directos en caso de empresas o cooperativas estatales.
Energías renovables, también por decreto
Según el decreto del Consejo de Ministros, los "altos consumidores" en Cuba tienen un período de hasta tres años, a partir de la publicación de la medida, para instalar fuentes renovables de energías, con las que deberán producir al menos el 50% de la electricidad que consumen en el horario pico diurno.
Las nuevas inversiones en el país que se consideren altas consumidoras, estarán obligadas a garantizar que el 50% por ciento de la electricidad que consuman en el horario pico diurno será producida con fuentes renovables de energía, por ejemplo, con la instalación de paneles fotovoltaicos.
Otras violaciones y sus consecuencias
El decreto establece que las empresas no estatales y los inversores extranjeros y las oficinas de representación, sucursales, dependencias u otras representaciones de instituciones extranjeras considerados altos consumidores de electricidad que violen una serie de medidas sobre el "uso de los portadores energéticos" deberán abonar multas de hasta 15 mil pesos cubanos. En el caso de las entidades estatales, las multas solo serán de hasta 2.500 CUP.
Entre las medidas se cuentan el "inadecuado estado técnico los sistemas que tienen fuentes de energía renovables", no poseer la etiqueta de eficiencia energética en los equipos, y "no contar con la licencia energética para el desarrollo del proceso inversionista", entre otras.
También serán multados con cantidades similares quienes violen lo establecido sobre el "control y uso de la electricidad", como variaciones injustificadas en la facturación de este servicio y el incumplimiento con el plan de consumo de electricidad para el horario pico, entre otras.
En el caso de las violaciones en el "contro y uso del combustible", como no poseer evidencia documental de las operaciones que se realizan con las tarjetas prepagadas para su compra, las multas serán de 2.500 pesos. Esta medida solo aplica a las empresas estatales.
De apagón en apagón
Los prolongados cortes de electricidad en Cuba afectan todos los órdenes de la vida diaria de los pobladores de la isla, y también frenan las actividades productivas, incluyendo las del sector privado, en medio de un escenario de crisis en el que aumenta la incertidumbre y el temor de la ciudadanía a otro colapso energético.
Las autoridades culpan al embargo estadounidense por el estado deplorable en que se encuentra la infraestructura electroenergética nacional, que necesita una reparación capital pero solo recibe mantenimientos de urgencia.
El de Cuba es un sistema electroenergético "ya viejo, roto, cansado", que no resolverá sus problemas con un arreglo parcial, "con banditas por aquí y por allá", dijo en octubre pasado a Martí Noticias Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. "Es un problema estructural que, a corto plazo, no tiene ninguna solución", y que requerirá años y una inversión millonaria para reconstruir su capacidad de generación eléctrica, afirmó el experto.
Liberados tres estadounidenses que llevaban presos varios años en China
Tres prisioneros de nacionalidad estadounidense que llevaban años en una prisión de China fueron liberados producto de una negociación realizada por el presidente Joe Biden cuyos pormenores no se han dado a conocer aún
Tres ciudadanos estadounidenses encarcelados durante años por China fueron liberados y regresarán a Estados Unidos, dijo la Casa Blanca el miércoles, anunciando un raro acuerdo diplomático con Beijing en los últimos meses de la administración Biden.
Los tres son Mark Swidan, Kai Li y John Leung, todos ellos designados por el gobierno estadounidense como detenidos injustamente. Swidan se enfrentaba a una sentencia de muerte por cargos de drogas, mientras que Li y Leung fueron encarcelados por cargos de espionaje.
"Pronto regresarán y se reunirán con sus familias por primera vez en muchos años", dijo la Casa Blanca en un comunicado.
El anuncio se produce en un momento incierto en la relación entre Estados Unidos y China que sufrió turbulencias durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden.
Con el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca en enero, el líder chino Xi Jinping ha señalado su preocupación de que las promesas del presidente entrante de imponer aranceles significativos a los productos chinos puedan obstaculizar los lazos entre las potencias económicas.
Un funcionario estadounidense dijo que la administración Biden había planteado los casos de los estadounidenses detenidos con China en múltiples reuniones durante los últimos años, incluida a principios de este mes cuando Biden habló con Xi en el marco de la cumbre anual de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Perú.
Politico fue el primero en informar sobre la liberación de los hombres, que dijo que era parte de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos. La Casa Blanca no confirmó de inmediato que se hubiera devuelto a casa a ningún ciudadano chino.
Li, un inmigrante chino que inició un negocio de exportación en Estados Unidos, fue detenido en septiembre de 2016 después de volar a Shanghái. Fue puesto bajo vigilancia, interrogado sin abogado y acusado de proporcionar secretos de estado al FBI. Un grupo de trabajo de la ONU calificó de arbitraria su sentencia de 10 años de prisión y su familia dijo que los cargos tenían motivaciones políticas.
Leung fue condenado el año pasado a cadena perpetua por cargos de espionaje. Fue detenido en 2021 por la oficina local de la agencia de contrainteligencia de China en la ciudad sudoriental de Suzhou, después de que China cerrara sus fronteras e impusiera estrictas restricciones a los viajes nacionales y controles sociales para luchar contra la propagación del COVID-19.
Swidan había sido encarcelado durante 12 años por un cargo de drogas y, junto con Li y Leung, el Departamento de Estado lo había considerado detenido injustamente.
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