El 17 de mayo de 1962, en la clausura de la Plenaria Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en La Habana, Fidel Castro conmemoró el tercer aniversario de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria.
A su entender, ese fue “el inicio de la lucha del imperialismo yanqui contra nuestra patria”, debido a que supuso la expropiación de tierras a compañías estadounidenses y a los “latifundistas criollos” que tuvieran más de 30 caballerías, como el productor azucarero Julio Lobo, que era dueño de 14 centrales y unas 405 mil hectáreas.
Supuestamente, la Ley de Reforma Agraria de 1959 -que estaría seguida por otra más radical cuatro años más tarde- debía garantizar que las tierras estuvieran en manos de quienes las trabajaban y que ninguna familia cubana careciera de alimentos. El futuro de Cuba iba a ser, según Castro, “un futuro de abundancia, un futuro de progreso”.
Además, el naciente régimen impuso a los campesinos una serie de medidas restrictivas que debían beneficiar a la economía nacional. Una de ellas, por ejemplo, estuvo relacionada con la matanza de ganado. “Hay que salvar nuestra riqueza ganadera para que en el futuro podamos producir el doble, el triple de carne. Pero no solo eso, sino que tendremos producción de muchas más aves, cerdos, peces”, aseguró Castro en el discurso referido.
“Ya en el futuro no habrá esos problemas. Habrá tal abundancia de todos esos productos, que no habrá esa urgencia que hay ahora con la carne, esa necesidad de evitar que se mate un novillo de 500 o 600 libras. Eso lo comprende el pueblo, eso lo comprenden los campesinos perfectamente bien; por eso el producto que fundamentalmente se reglamenta es la matanza, y tiene que haber rígidas normas para evitar la destrucción de una riqueza que es fundamental para nuestro país”, agregó.
A 61 años de esa intervención, con el 80 por ciento de la tierra en poder del Estado, en Cuba hay hambre. En las redes sociales y los medios independientes abundan tanto las noticias como los chistes sobre el tema. También el hambre ha sido uno de los múltiples motivos de las decenas de protestas que han ocurrido en distintos pueblos, ciudades y barrios de Cuba desde el estallido social de 2021. La más reciente de ellas, en Caimanera, Guantánamo.
El pasado primero de mayo, la activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia publicó un video donde tres niños de 10, 8 y 6 años, residentes en Manzanillo, Granma, dicen que tienen hambre. “¿Qué comieron hoy?”, pregunta Keila Prohenza, la madre de los tres niños, que fue quien grabó el video, y los tres responden que nada. “Ninguno de mis tres hijos ha comido nada a esta hora del día y es la 1:38 de la tarde. ¿Eso es gracias a quién? Al presidente que tenemos, que no les da comida a los niños”, dijo Keila.
La Constitución de la República de Cuba, en sus artículos 77 y 78 declara que todas las personas “tienen derecho a la alimentación sana y adecuada”, a consumir “bienes y servicios de calidad y que no atenten contra su salud” y que el Estado debe crear “las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población”. Además, en 2022, entró en vigor la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se supone que materialice la voluntad constitucional y dinamice la producción nacional.
Actualmente, de acuerdo con cifras del Programa Mundial de Alimentos (WFP) de Naciones Unidas, Cuba importa entre el 70 y el 80 por ciento de los alimentos que requiere para sus más de 11 millones de habitantes; lo cual equivale a más de 2 mil millones de dólares. Gran parte de esos alimentos, especialmente el pollo congelado, provienen de Estados Unidos. Pero eso no ha sido suficiente.
El informe de 2022 sobre Cuba del WFP, difundido a finales de marzo, advirtió que “la alta dependencia del país de las importaciones y el acceso limitado a divisas redujeron significativamente la disponibilidad de productos alimenticios nacionales e importados” y que la reforma monetaria iniciada en 2021, la denominada Tarea Ordenamiento, elevó la inflación por encima de lo previsto, profundizó la brecha de desigualdad, elevó los precios de bienes y servicios básicos e impactó en los hogares más vulnerables.
“Aunque el programa mensual de canasta de alimentos del Gobierno proporcionó un suministro básico de alimentos racionados para toda la población a precios modestos, no subsidiados, la diversidad dietética es limitada y las recomendaciones nutricionales para todos los grupos de edad no se cumplen. Por ejemplo, el suministro de alimentos racionados para el grupo de población cuya edad oscila entre los 14 y 60 solo cubre el 36 por ciento de la ingesta de energía, el 24 por ciento de la proteína y el 18 por ciento de la grasa diaria recomendada”, reveló el documento.
Asimismo, consideró que la dieta del hogar cubano promedio es “pobre en micronutrientes y no suficientemente saludable o diversa debido a la disponibilidad limitada e inestable de alimentos nutritivos, factores socioeconómicos y los malos hábitos alimenticios”. Y, como consecuencia, persiste la doble carga de la malnutrición (deficiencia de micronutrientes y sobrepeso u obesidad).
Mientras, grandes extensiones de tierra permanecen sin producir y toneladas de alimentos se pierden cada año debido a la burocracia y la ineficiencia de la controlada cadena de distribución. Según datos oficiales, en 2017, de los seis millones de hectáreas dedicadas a cultivos varios y ganadería, 917 mil 299 estaban ociosas. No obstante, el economista cubano Pedro Monreal alertaba en 2020 que la narrativa sobre este tema en Cuba es imprecisa.
“No es un problema general del agro cubano. Es, principalmente, un problema de gestión estatal. La superficie ociosa estatal es 1,7 veces mayor que la suma de las tierras ociosas de las demás formas de gestión”, dijo en su cuenta en Twitter.
Monreal destacó que los índices de ociosidad en las formas de gestión no estatales eran notablemente inferiores a los de la estatal y exhortó a que se pensara no sólo en la necesidad de invertir recursos en la agricultura para producir sino también en “la eficiencia de la gestión de tierras”.
Paralelamente, muchos campesinos sufren la pérdida de sus cosechas debido a la morosidad con que funciona el grupo empresarial Acopio. En 2021, Esteban Ajete Abascal, agricultor de Pinar del Río, contó a Radio Televisión Martí que en los campos se estaban perdiendo tomates, cebollas, col y otras verduras debido a que el Estado no pasaba a recoger los alimentos, por falta de combustible, y a que no podían venderlos por su cuenta.
“Ante esta situación, uno de los campesinos, en días recientes, salió con un camión de cebollas para intentar comercializarlas, y lo detuvieron en el Punto de Control, a la salida de San Diego de Baños, y el jefe del sector le decomisó todo el camión de cebollas. Cada vez que intentan salir, los interceptan y le quitan la mercancía”, dijo entonces Ajete Abascal.
Más recientemente, en marzo de este año, el campesino Raúl Morales, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Manuel Fajardo, en Villa Clara, denunció en una serie de posts y videos en Facebook que su cosecha de tomates se pudrió debido a las “irresponsabilidades de los directivos que se hacen llamar representantes del pueblo, que no les preocupa el pueblo para nada”.
“En mi Cooperativa existen 11 puntos de ventas, no es lógico que mi producción de tomate se esté pudriendo en la finca, a pesar de que yo como campesino tengo creadas las condiciones para llevarla al punto, y ninguno me acepta el tomate, teniendo que regresar con las cajas”, dijo Morales.
A 64 años de la Ley de Reforma Agraria, la situación de la agricultura, la ganadería y la alimentación en Cuba dista mucho de parecerse al futuro que prometiera Fidel Castro en los primeros años de su llegada al poder. Si bien hay experiencias aisladas en la isla de productores con cierto éxito, el sistema productivo imperante mantiene al pueblo en medio de una crisis de la cual cuesta encontrar una salida.
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