El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, director del grupo de defensa legal Inteligencia Ciudadana, denunció ante Naciones Unidas el hostigamiento de que es objeto por parte de las fuerzas represivas del régimen cubano.
En una carta enviada a Diego García-Sayán, Relator Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el jurista cubano afirma que es “víctima de un cuadro sistemático, selectivo, deliberado e impune de hostigamiento, a través de la violenta Sección 21 de la Dirección General de la Contrainteligencia”, y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
“A sólo tres días de comenzar el año 2022, ya la violenta sección 21 de la Contrainteligencia, en combinación con la Policía Nacional Revolucionaria, ha reiniciado el cuadro de hostigamiento contra mi actividad como abogado independiente, anticorrupción y derechos humanos”, explicó el letrado a Radio Televisión Martí.
El Subteniente Yonder Camejo Ramírez, Jefe de Sector de la PNR de la zona del Vedado donde reside el abogado independiente, le entregó una citación para que se presentara este martes, 4 de enero, en la unidad ubicada en Zapata y C.
“Su manuscrito incumple las formalidades legales establecidas en la Ley de Proceso Penal que entró en vigor este 1 de enero de 2022”, indicó Fernández Palacios.
La queja fue enviada también a las Relatoría Especiales para Defensores sobre Derechos Humanos de los Sistemas de la ONU y la OEA, así como a organizaciones mundiales de derechos humanos.
“No pararemos de enfrentar y denunciar a la dictadura hasta tanto desaparezca el totalitarismo como abominable forma de organización del Estado, fundido con un partido único, secuestrando la democracia y reprimiendo las libertades fundamentales del ser humano”.
Sergio Osmín Fernández Palacios ha documentado las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, y las detenciones arbitrarias contra decenas de presos de las protestas del 11 de julio, así como la persecución a sus familiares.
Para apoyar su queja, Fernández Palacios, describe como fue despedido en 2015 de su puesto laboral como Asesor Jurídico en LABIOFAM, S.A. tras denunciar una operación de “lavado de activos” de Europa hacia Cuba, entre los años 2012 y 2017, realizada, supuestamente, por Alejandro Castro Soto del Valle y José Antonio Fraga, ambos sobrinos del ex gobernante Raúl Castro.
En los procesos judiciales interpuestos por Fernández Palacios ante el Tribunal Provincial de La Habana “fueron robados y depredados” sus escritos como demandante.
Asimismo, continúa la misiva a la ONU del abogado independiente, el Tribunal Supremo Popular cometió “mala práctica judicial fraudulenta, que impidió la tramitación de la demanda por Responsabilidad Civil contra varios jueces del Tribunal Provincial Popular de La Habana”.
A partir de ese momento, se repitieron las acciones de acoso de la Seguridad del Estado, tanto en la vivienda del abogado como en la vía pública.
El 11 de julio de 2021, Fernández Palacios fue arrestado por varios días y acusado de un delito de Desórdenes Públicos. Luego fue puesto en libertad y no se le inició proceso penal.
