Ginebra- La denuncia de 53 países sobre los abusos y violaciones de los derechos fundamentales cometidos en Venezuela centraron hoy una discusión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al oponerse el país bolivariano a su debate.
Doce países americanos más todos los de la Unión Europea firmaron la declaración que denuncia la grave situación humanitaria que sufre el país andino y las profundas violaciones registradas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
El documento lo firmaron Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú; los 28 países miembros de la Unión Europea; 8 europeos no comunitarios; y 5 asiáticos u oceánicos.
"Estamos muy preocupados por lo expuesto en el informe de la Oficina del Alto Comisionado que detalla asesinatos extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la justicia, así como la erosión del equilibrio de poderes", reza la declaración.
"También estamos muy preocupados por el grave impacto de la crisis económica y social en los derechos a la alimentación y a la salud. El informe destaca un rápido incremento de la desnutrición, especialmente entre los niños", añade.
El texto fue leído por un representante peruano que fue dos veces interrumpido por su homólogo venezolano, quien pidió que la lectura
fuera suspendida arguyendo aspectos burocráticos de la pertinencia de sacar a relucir un país en un orden del día que no correspondía.
La posición venezolana fue apoyada por sendas intervenciones de Cuba, Bolivia y Egipto quienes denunciaron tanto aspectos de procedimiento como la politización del Consejo.
Perú respondió que el tema diez de la agenda -que era el marco en que se celebró la intervención- permite hablar de países donde se presuma que haya serias violaciones a los derechos humanos y que por lo tanto precisen de asistencia técnica del Consejo.
Precisamente la declaración pide a Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria y a cooperar con los mecanismos de la Oficina del Alto Comisionado.
Dicha posición fue apoyada públicamente por Reino Unido y México quien recordaron "la grave situación de violaciones a los derechos humanos" en Venezuela.
El presidente del Consejo, el esloveno Vojislav Suc, fue el encargado de dirimir en la cuestión y dio la razón a Perú argumentando que el tema diez permitía la posibilidad de hacer referencia a países específicos si se creía que en ellos se cometían abusos.
El representante peruano prosiguió pero fue de nuevo interrumpido por el diplomático venezolano quien esta vez denunció que se citara en la alocución al informe del Alto Comisionado, que definió como "ilegal, arbitrario, sin mandato y sin fundamento".
Tildó a los miembros del Consejo de tener "doble rasero" y de sentar "un precedente de enorme gravedad".
En su segundo informe a distancia -las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, el Alto Comisionado denunció cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad.
Ante los graves y sistemáticos abusos cometidos en Venezuela y la impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones el alto
comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió una implicación mayor de la Corte Penal Internacional (CPI).
