Después de amenazar a los presos políticos excarcelados recientemente con la suspensión de la medida si no cumplen estrictamente sus obligaciones, el régimen arremete contra otros participantes de las protestas del 11 de julio que ya han cumplido sus condenas.
La semana pasada, en la ciudad de Camagüey, delegados de circunscripciones, coordinadores de los CDR (Comités de Defensa de la Revolución) y efectivos de las Brigadas de Respuesta Rápida, acordaron en una reunión intensificar la vigilancia contra los que protestaron el 11J.
“Aquí somos dos los manifestantes que sufrimos prisión, hubo más pero solo nosotros fuimos encarcelados. Yo vivo en el reparto Micro Distrito Ignacio Agramonte, Planta Mecánica. Es una localidad de trabajadores civiles de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias)”, indicó a Martí Noticias, Norges Galindo Buelga, que cumplió dos años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y atentado, luego de asistir a las multitudinarias manifestaciones en la capital camagüeyana.
La escalada de represión ocurre cuando concluye oficialmente el proceso de excarcelaciones de 553 personas entre las que solo alrededor de 200 son presos políticos, según organizaciones relatoras.
A la reunión acudieron dos vecinos del lugar, “conocidos por sus servicios abiertos al gobierno y al MININT (Ministerio del Interior) así como a la Seguridad del Estado que “se brindaron para estar al tanto de los movimientos” de los dos manifestantes y mantenerlos "bajo control".
“Una amistad de mi mamá se le acercó y le hizo el comentario de que habían hecho una reunión en la escuela Alfredo Martínez, de Camagüey, y uno de los temas que se habló fue el de incrementar la vigilancia sobre los manifestantes de 11 de julio, e incluso una de las vecinas de aquí del reparto se ofreció para formar parte de esta persecución”, señaló Galindo Buelga.
“No soy un delincuente, no he cometido ningún delito y llevo mi vida normal sin hacer nada malo, nada en contra de la ley, solamente ejercer mis derechos que como abogados los conozco muy bien”, recalcó.
Las fuerzas represivas del régimen no han descuidado la observación sobre personas que consideran podrían desencadenar protestas sociales, y objetivos de su vigilancia serían quienes han mostrado su inconformidad con el sistema.
También ha denunciado el hostigamiento de la Seguridad del Estado, el ex preso político Samuel Pupo Martínez, al que agentes del cuerpo represivo han acusado de ser "proclive" a cometer un delito de 'propaganda contra el orden constitucional.
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