El esperado informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhorta al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar medidas urgentes para detener y remediar las graves vulneraciones de los derechos básicos del pueblo.
El informe, divulgado este jueves en Ginebra, advierte que si la situación no mejora continuará el éxodo sin precedentes y empeorarán las condiciones de vida del pueblo.
En el informe se afirma que en el último decenio se ha puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política".
Dice que "un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo".
En el documento se destaca que la profunda crisis económica ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos en materia de alimentación y salud.
El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo entre enero de 2018 y mayo de 2019.
"El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia", explicó Bachelet.
El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. "Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno".
El informe también se refiere a los colectivos, los grupos armados civiles progubernamentales. Se ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a los colectivos.
La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), "ha sido sorprendentemente elevada", según señala el informe.
En 2018 el Gobierno registró 5,287 muertes, supuestamente por "resistencia a la autoridad". Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, otras 1,569 personas fueron asesinadas, según el Gobierno. "Las cifras podrían ser muy superiores", indica el documento de la ONU.
El informe confirma que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 presos políticos, y que este año 22 diputados han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Si bien la Alta Comisionada aplaudió la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas por ejercer sus derechos.
El informe recalca que la mayoría de las víctimas "no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada".
"Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", expresa el informe.
"Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes", precisa el informe.
En cuanto a la libertad de expresión, señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido. "En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional".
"Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones", en el informe se afirma que "las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando la crisis".
Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en "elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres".
Aunque el Gobierno "ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales", personas entrevistadas "acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno", subrayó Bachelet.
La situación sanitaria es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad. De noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo en los hospitales 1,557 fallecimientos por falta de suministros.
El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.
Acerca de la reacción del gobierno, Bachelet espera que "las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones".
"Un sacerdote católico me dijo en Caracas: 'No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente'. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho", dijo Bachelet.
También instó a todas las personas con poder e influencia a que colaboren para solucionar esta crisis "que está arrasándolo todo".
"Mi Oficina está lista para seguir apoyando", afirmó Bachelet.
