El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alcanza este miércoles los 100 días bajo arresto domiciliario, en medio de la incertidumbre sobre dónde cumplirá los 27 años y tres meses de condena impuestos por el Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de liderar una trama golpista en 2022 contra su oponente político Luiz Inácio Lula da Silva.
La tensión crece ante la posibilidad de que el destino sea la Penitenciaría de Papuda, considerada una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas de América Latina.
La decisión final está en manos del juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el STF, quien analiza el último recurso presentado por la defensa, con el que busca que Bolsonaro permanezca en su domicilio y, en caso de rechazo, que cumpla la pena en instalaciones militares, amparándose en su condición de capitán retirado del Ejército.
Como alternativa, se baraja una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, similar a la que ocupó Lula da Silva durante su detención en Curitiba.
Durante su arresto, Bolsonaro ha vivido bajo estrictas restricciones: tobillera electrónica, prohibición de redes sociales y visitas solo con autorización judicial. También ha tenido ingresos hospitalarios. Sus aliados argumentan que su salud es incompatible con el régimen carcelario.
Paralelamente, sectores bolsonaristas han promovido manifestaciones y presionado al Congreso para aprobar una amnistía para los condenados por las protestas del 8 de enero, tras las elecciones, pero la propuesta sigue estancada por falta de consenso.
El STF ya rechazó por unanimidad los recursos de Bolsonaro y otros seis condenados del “núcleo crucial” de la trama golpista. Moraes consideró que las apelaciones eran “mero inconformismo” y no presentaban contradicciones ni omisiones en la sentencia.
De Moraes fue sancionado el 30 de julio de 2025 bajo la Orden Ejecutiva 14323, firmada por el presidente Donald Trump, que acusa al magistrado de utilizar su cargo en el Supremo Tribunal Federal para perseguir a opositores políticos y reprimir la disidencia.
Trump manifestó su respaldo a Bolsonaro en una carta dirigida al expresidente brasileño en julio de este año, en la que denuncia "el terrible trato que recibe a manos de un sistema injusto que se ha vuelto en su contra".
En septiembre pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso también sanciones contra el Lex Instituto de Estudos Jurídicos LTDA y contra Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado brasileño.
“Alexandre de Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados —incluidos los dirigidos contra el expresidente Jair Bolsonaro—. Hoy dejamos claro que el Tesoro seguirá apuntando a quienes lo respalden mientras abusa de los derechos humanos”, dijo entonces el Tesoro en un comunicado.
La ejecución de la pena contra Bolsonaro podría ordenarse en las próximas semanas, en régimen inicial cerrado, salvo que se conceda una excepción humanitaria para mantener el arresto domiciliario.
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