La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU dijo el viernes que recibió la queja de abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en la que alega ser víctima de "persecución judicial".
El Instituto Lula, que dirige el exmandatario, informó el jueves que presentaron la demanda, encargada al abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos.
Robertson explicó que con esa queja quieren denunciar la supuesta "persecución judicial" que sufre el exmandatario.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, enfrenta graves acusaciones de corrupción por las que es objeto de diversos procesos. Está siendo investigado por los delitos de ocultación de patrimonio, falsificación de documentos y blanqueo de dinero, cargos que ha negado una y otra vez.
Fuentes del Alto Comisionado explicaron que el personal de la Oficina examinará la petición, hará un resumen legal de la misma y la enviarán a los miembros del Comité de Derechos Humanos para que la examinen.
Los miembros decidirán si puede ser registrada o no en función de varios criterios, como si se han agotado todos las opciones legales en el país del supuesto damnificado o no, entre otras.
Si el Comité decide registrarla, entonces se convierte en un caso pendiente.
Proceso confidencial
El proceso, que es confidencial, podría durar hasta dos años, dado que el Comité tiene 500 casos pendientes.
Una vez registrada, los miembros analizan primero si la queja se puede admitir a trámite o no.
Si es admitida, entonces los miembros analizan si ha habido alguna violación de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Brasil forma parte.
El Comité no es un órgano permanente, sino que se reúne de forma regular tres veces al año, en las que analiza de media 40 casos por sesión.
Los miembros son los que deciden el orden y pueden decidir avanzar un caso concreto, por ejemplo cuando una persona esté condenada a la pena de muerte o esté a punto de ser expulsada de un país.
En algunas ocasiones, incluso, el Comité puede pedir al Estado que de forma interina suspenda una decisión hasta que el caso pueda ser examinado, para proteger al supuesto damnificado.
