El rostro de la cubana Ana María cambia súbitamente de una seriedad total a una sonrisa de oreja a oreja cuando suena el móvil y comprueba que del otro lado está Brenda.
Es su hija trans —opción que la legislación cubana no contempla— que se encuentra encarcelada en la sección de hombres de una prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
“¡Hola, mi vida!”, grita por lo alto la madre en una parada de guagua (autobús) en La Habana, vestida con una camiseta blanca con la imagen de la joven de 28 años estampada con la palabra “libertad”.
Brenda Díaz cumple una pena de 14 años en la cárcel del municipio Güines (en la provincia occidental de Mayabeque). Se trata de un centro penitenciario especial —con una sección de hombres y otra de mujeres— para personas con el virus del VIH, como ella.
Si bien en prisión nunca le han faltado sus retrovirales —fundamentales en el tratamiento de las personas seropositivas— Ana María debe llevarle medicamentos para otras enfermedades que padece, como gastritis crónica y cálculos en los riñones, y que no están disponibles en la cárcel, según contó esta madre en una entrevista con Efe.
“Antes la veía cada 15 días, pero ahora cambiaron la directiva (de la prisión) y no podré visitarla hasta finales de mes”, se queja amargamente Ana María. La última vez que la vio fue el 5 de julio.
Desórdenes públicos y sabotaje
Un tribunal municipal condenó a Brenda el pasado marzo por los delitos de desórdenes públicos y sabotaje, según se desprende de su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.
Díaz fue arrestada junto con su hermano de 16 años, Luis Manuel, quien intentó impedir la detención. El menor fue puesto en libertad 17 días después, con una multa de 1.000 pesos cubanos (41,6 dólares al cambio oficial).
La sentencia asegura que Brenda tiró piedras contra una de las controvertidas tiendas en divisas de su municipio Güira de Melena (40 kilómetros al suroeste de la capital), entró en el establecimiento con un grupo de manifestantes y robó un “ventilador de pared, una olla de presión y una caja de confituras”.
De acuerdo con el escrito de acusación de la fiscalía, a Brenda—quien fue juzgada como varón y bajo su nombre legal, Freddy Luis— se le decomisó el vestido de flores que tenía puesto al momento de participar en la marcha. Una vez en prisión, fue rapada e internada en la sección de hombres. Su cabello, al que cuidaba con devoción, se esfumó en cuestión de minutos y eso provocó que cayera en un fuerte estado de depresión, según relató su madre.
Ana María repasa los detalles del caso con un estoicismo que se interrumpe cuando comienza a relatar que su hija ya ha sufrido una agresión sexual dentro de la prisión.
Su voz se entrecorta con un tono que mezcla la rabia con la tristeza: “A veces no puedo ni hablar de eso... ella es mi vida. Por sus enfermedades, por todo. Todavía no supero que esté encerrada”.
La sentencia de su hija no es firme y el pasado 17 de junio se realizó el juicio de casación, con el que Ana María espera que se pueda rebajar la pena o bien que Brenda pueda cumplir su sanción en libertad.
Hasta el momento, la familia no ha recibido ninguna notificación del tribunal.
El Ministerio Público cubano había informado hasta el 22 de junio de sentencias en firme contra 488 manifestantes del 11J, con penas máximas de 25 años por delitos como sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato.
Acusaciones estigmatizantes
En la acusación contra Brenda, la Fiscalía recoge datos que, para la periodista y activista trans Mel Herrera, son “revictimizantes” y “estigmatizantes”.
Por ejemplo, en el escrito se destaca que Díaz utilizaba un vestido, que es seropositiva y se confunde su identidad de género con una “orientación sexual”.
“La vestimenta nada tenía que ver con lo que se estaba juzgando.
No era un arma, no era una prueba contundente. Ese vestido, al señalarlo, es simplemente revelar un prejuicio porque el Estado está queriendo decir que esa persona está disfrazada”, se queja Herrera en entrevista telefónica.
Además, en un párrafo el tribunal destaca que antes de las protestas del 11J era rechazada por sus vecinos por “involucrarse en alteraciones del orden público”, sin especificar a qué se refiere con eso.
Herrera recuerda que en Cuba es posible cambiar el nombre legal de una persona trans en su carné de identidad y también la foto, mas no el género registrado al momento de nacer.
Este vacío legal permite que otras personas trans arrestadas como Brenda terminen en prisiones que no se corresponden con su identidad de género.
La Constitución cubana de 2019 reconoce el principio de “no discriminación por orientación e identidad de género”. Además, el país someterá en septiembre a referendo el Código de las Familias, un paquete legislativo que busca legalizar el matrimonio igualitario, entre otros asuntos. Sin embargo, éste no incluirá cambios en la legislación para facilitar el cambio de género.
“(El caso de Brenda) demuestra que aunque haya voluntad política y una apertura del Gobierno, es muy difícil que esto se refleje en la práctica”, remata Herrera.
(Artículo de la agencia de prensa Efe)
