La reconocida artista cubana Tania Bruguera pidió este domingo que los detenidos durante las manifestaciones del 11 y 12 de julio en la isla sean liberados sin cargos, y alertó sobre una estrategia seguida por el gobierno para bajar la presión, dentro y fuera del país, de activistas, familiares, organizaciones, personalidades y estados que exigen poner fin a estos procesos.
En video publicado en su cuenta oficial de Facebook, Bruguera dijo que esta estrategia consiste en liberar a los manifestantes, “pero que todavía tengan sobre sus cabezas juicios pendientes o cargos por algo que, en realidad, es su derecho”. Añadió que el derecho a manifestarse está contemplado en la Constitución de la República de Cuba, en el Artículo 56.
Sobre la polémica en redes sociales de si se debe utilizar la palabra amnistía o libertad en las exigencias al régimen, la artista opinó que “todo lo que divida a los cubanos solamente beneficia al gobierno”.
Bruguera hizo referencia a las declaraciones el sábado de las máximas autoridades justicia, en la que negaron se esté procesando en juicios sumarios a detenidos por las protestas del 11 de julio. "No son procedimientos sumarísimos. La mayoría de los países tienen procedimientos abreviados para los delitos menores", dijo en una conferencia de prensa el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro.
La artista subraya el énfasis de los fiscales sobre la persecución a los supuestos organizadores, o quienes financiaron o promovieron las protestas. “Creo que sigue siendo esto una manifestación de la ceguera política en la que se encuentran, o en la que pretenden encontrarse, los órganos del gobierno, tratando de buscar, como siempre, a un líder, o a un grupo de personas, o a un supuesto financiamiento con respecto a algo que, en realidad, es el momento en que el pueblo ha dicho ¡basta! a todo un proceso acumulativo de presiones y demandas de sacrificio, cuando se ha visto que ninguno de estos sacrificios lleva a una mejoría en la vida de los cubanos”.
Bruguera cuestiona el proceder de los fiscales y les pregunta si ellos, en algún momento, han pensado también en “enjuiciar a los políticos, y a los policías que organizaron, promovieron y financiaron la respuesta a las manifestaciones” que iniciaron el 11 de julio.
“Políticos que llamaron a la violencia, policías que ejercieron esa violencia sobre los manifestantes pacíficos. Porque ningún proceso puede ser justo sino se enjuicia a todas las partes culpables. Ningún proceso puede ser justo si los que han incitado a la violencia, que en este caso han sido los políticos, no piden disculpas y exoneran a aquellos que han recibido esa violencia sobre sus cuerpos”, afirmó la artista.
Este sería, añadió, un buen momento para empezar a hablar en Cuba de una ley contra la violencia política. Pero esta ley, aclaró, no debe ser hecha para castigar al pueblo.
“Que no sea manipulada, como se ha hecho en otros países, para acallar al pueblo, sino que sea una ley que implique a todo aquel que llame a la violencia política, y ejerza sobre otros la violencia política”, concluyó.
Abogados de la Corriente Agramontista de Cuba, residentes en la isla, se han ofrecido a presentar escritos de hábeas corpus a favor de los detenidos en las manifestaciones populares que estallaron el 11 de julio en varias regiones de Cuba y han manifestado su disposición de prestar todo el asesoramiento legal a las familias afectadas.
En un comunicado, la agrupación de abogados criticó a la Fiscalía General de la República por intentar amedrentar a los televidentes con posibles sanciones penales con una duración de varios decenios para "aterrorizar a posibles protestantes futuros, y hacerlos renunciar a su legítimo derecho a expresarse pacíficamente contra una situación nacional con la que ni remotamente están de acuerdo".
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch y Cuban Prisoners Defenders, han denunciado que los juicios sumarios contra los manifestantes del 11J se están produciendo de forma masiva, sin la presencia de abogados defensores ni otra garantía del debido proceso.
